A cuatro años de la resolución del caso en la FIFA, otras tres futbolistas rompieron el silencio y elevaron a ocho las denuncias contra Diego Guacci; ex director técnico de las Selecciones juveniles Sub 15 y Sub 17. Mientras crecen los testimonios por acoso, abuso y hostigamiento, también avanzan las represalias judiciales y queda expuesto un entramado más profundo: el de un deporte atravesado por lógicas patriarcales, instituciones que miran para otro lado y una cultura que sigue castigando a quienes se animan a hablar.
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Ocho voces, una misma trama de violencia
El caso Diego Guacci dejó de ser hace rato una discusión aislada sobre la conducta de un entrenador. La aparición de tres nuevas denuncias públicas, que se suman a las cinco ya presentadas en 2021 ante la FIFA, vuelve a poner en escena algo más grave: la existencia de un patrón de violencia sostenido en el tiempo, con relatos que se repiten en diferentes momentos, espacios y equipos.
Las nuevas declaraciones no modifican solamente la dimensión numérica del caso. Lo que hacen es confirmar que el silencio no era ausencia de víctimas, sino miedo. Miedo a perder la carrera, a quedar expuestas, a ser señaladas, a enfrentar el costo que suele pagar quien se anima a denunciar en un ambiente donde el poder sigue concentrado en las mismas manos de siempre.
Aldana Videla Quintana, Mabel Velarde y Florencia Mercau sumaron sus testimonios en un encuentro realizado en el Senado de la Nación. Allí no solo relataron episodios de violencia; también dejaron al descubierto cómo operan las formas más clásicas de disciplinamiento en el fútbol femenino: humillación, control del cuerpo, amenazas, manipulación emocional y el uso del lugar de entrenador como una herramienta de sometimiento.
El castigo no terminó para las víctimas
Uno de los datos más alarmantes del caso es que la violencia no quedó encerrada en el ámbito deportivo. Según la abogada Andrea Lucangioli, el entorno de Guacci avanzó con demandas por daños y perjuicios contra futbolistas y periodistas que dieron a conocer los hechos. El mensaje es inequívoco: no alcanza con haber denunciado, también hay que prepararse para la represalia.
Ese mecanismo no es nuevo, se inscribe en una sociedad profundamente patriarcal que castiga a quienes denuncian, aún más en los deportes históricamente masculinizados. Las denuncias suelen convertirse en un nuevo campo de batalla. Quien habla no solo cuenta lo que sufrió: desafía una estructura que se protege a sí misma, pone en crisis un orden jerárquico y rompe la idea de que la autoridad técnica es intocable.
Por eso el problema no es solamente Guacci. El problema es que ese tipo de prácticas puedan sostenerse durante años, en espacios institucionales que deberían prevenirlas, detectarlas y sancionarlas.
Un deporte atravesado por la lógica patriarcal
El fútbol femenino creció, ganó visibilidad y conquistó espacios que antes le estaban directamente vedados. Pero ese avance convive con una realidad más dura: muchas de las relaciones de poder que organizaron históricamente el fútbol siguen intactas. La palabra del varón con autoridad técnica continúa valiendo más. La jugadora sigue siendo, demasiadas veces, evaluada no solo por su rendimiento sino por su obediencia, su apariencia, su sexualidad y su disposición a adaptarse.
Los testimonios contra Guacci muestran con crudeza ese molde. No se trata únicamente de frases violentas o comentarios degradantes. Se trata de una forma de ejercer el poder que busca quebrar subjetividades, instalar culpa, aislar a las futbolistas y convertir el cuerpo de las jugadoras en un territorio controlado por otros.
En un deporte moldeado durante décadas por la cultura machista, las violencias sexuales y simbólicas no aparecen como desvíos excepcionales. Funcionan como expresión extrema de una normalidad previa: la de los espacios donde la autoridad masculina se naturaliza y la voz de las mujeres se relativiza.
El manual de impunidad de la FIFA y una pelea que continúa
La decisión del organismo internacional de no sancionar al entrenador en 2021 no clausuró el caso. Apenas mostró los límites de un sistema de denuncia pensado desde arriba, con procedimientos que en los papeles prometen imparcialidad, pero que en la práctica dejan a las denunciantes en una situación de enorme desprotección.
Las jugadoras no pudieron apelar la decisión final porque, dentro de ese esquema administrativo, no eran consideradas parte del proceso. Esa sola condición ya dice mucho: las afectadas aparecen como fuente de prueba, pero no como sujetas plenas de derechos dentro del mecanismo que debería protegerlas.
Por eso hablar de “absolución” o “sobreseimiento” es incorrecto. Lo que hubo fue otra cosa: un fallo aberrante, un cierre administrativo que no resolvió el fondo del problema y que, además, dejó abierta la puerta para que el denunciado se presentará públicamente como víctima. El manual de la impunidad que solo busca proteger al abusador.
Es parte del mecanismo de disciplinamiento. Cuando la institución no sanciona, no solo falla en proteger: también habilita el contraataque.
La ofensiva de las “falsas denuncias”
La estrategia de defensa de Guacci y su esposa no se limitó a negar los hechos. Pasó a intentar instalar una narrativa más amplia: la de una supuesta red de mentiras armada para destruir la carrera de un “hombre honesto”. En ese marco, el caso se cruzó con el debate legislativo sobre las llamadas “falsas denuncias”, impulsado por sectores políticos ligados al gobierno nacional, negacionista del patriarcado y usado por el entorno del entrenador para reforzar la idea de que las víctimas exageran, mienten o actúan por interés. Como ya en varias oportunidades el observatorio de la Corte Suprema, los espacios feministas como Ni Una Menos y otras organizaciones hemos demostrado que las mujeres víctimas de abuso o violencia en su mayoría no llegan a denunciar, por las trabas judiciales. Y de las que denuncian menos del 1% son consideradas con pruebas insuficientes, lo que tampoco quiere decir que son falsas denuncias. El paradigma que pretenden instalar desde el negacionismo sobre las supuestas falsas denuncias solo intenta exculpar a los violentos y abusadores e invertir la carga de la prueba en materia de violencia de género.
Esa operación es especialmente peligrosa en el deporte, donde la dependencia profesional puede ser total. Una jugadora joven, una futbolista en formación o una deportista con necesidad de continuidad competitiva no solo enfrenta el trauma de la violencia; también enfrenta el riesgo de quedar afuera del sistema si se atreve a señalarla.
Hablar y denunciar sigue costando demasiado en esta sociedad. Una de las frases más contundentes del encuentro en el Senado fue, justamente, la que expuso ese costo: “después de denunciar, muchas veces una deja de ser vista como jugadora y pasa a ser tratada como víctima, como mentirosa o como problema”. Esa inversión de sentidos explica por qué tantas tardaron años en hablar.
El fútbol, como casi todas las instituciones deportivas, sigue organizándose sobre una red de complicidades activas y pasivas. Algunas son evidentes: dirigentes que no actúan, organismos que archivan, autoridades que prefieren evitar el escándalo. Otras son más silenciosas, pero igual de decisivas: compañeros, entrenadores, funcionarios y periodistas que se acomodan a la versión dominante para no quedar afuera del circuito del poder.
El caso Guacci volvió a demostrar que el problema no se agota en un nombre propio. El eje no es solamente qué hizo un entrenador, sino qué hace un sistema para sostener, minimizar o directamente naturalizar esas conductas..
Cuando no hay protocolos reales, cuando la carrera de una jugadora depende de la decisión de un técnico, cuando denunciar implica quedar expuesta al descrédito o al castigo, el sistema ya está actuando antes de cualquier resolución formal. La violencia no empieza con el escándalo: empieza mucho antes, en la desigualdad estructural que organiza esos vínculos.
En el fútbol femenino, además, esa desigualdad está atravesada por una matriz patriarcal que no desaparece por la sola existencia de más mujeres jugando. Persiste en la precarización, en la falta de garantías, en la desconfianza hacia la palabra de las víctimas y en la idea de que quien denuncia rompe algo que debería haberse callado.
Por eso este caso no termina en la denuncia ni en la respuesta institucional que la rodea. Lo que deja al descubierto es una pregunta política más incómoda: qué van a hacer ahora las instituciones con un sistema que ya no puede seguir presentándose como neutral. Porque mientras el costo de hablar siga recayendo sobre las víctimas, la violencia seguirá encontrando refugio en el silencio .La exigencia es concreta: investigación a fondo, fin de las represalias, reparación para las víctimas y justicia.
