A dos semanas del final de las sesiones ordinarias, el Gobierno apenas consiguió tres sanciones significativas durante el año, muy lejos de la promesa presidencial de aprobar 90 leyes. Presupuesto 2027, reforma electoral, cambios en el Banco Central, privatizaciones y nuevas desregulaciones siguen en discusión. La Casa Rosada busca apurar las negociaciones con sus aliados para avanzar antes del 30 de noviembre.
Las reformas que busca imponer el Gobierno
El contraste expone las dificultades del Gobierno para transformar sus anuncios en leyes, incluso después de haber ampliado su representación parlamentaria. El 30 de noviembre finalizará el período ordinario y, para avanzar con el resto de su programa, Milei deberá acelerar las negociaciones o convocar a sesiones extraordinarias.
Entre los proyectos pendientes aparecen iniciativas que pueden tener un impacto directo sobre las condiciones de vida de la población: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, los cambios a la Ley de Salud Mental, la reforma electoral y el Presupuesto 2027. También siguen en discusión modificaciones al régimen de biocombustibles y la creación de un mercado de carbono.
Uno de los principales objetivos de la Casa Rosada es avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Milei pretende limitar las posibilidades de financiamiento al Estado, reforzar la autonomía del organismo y concentrar sus funciones en la preservación del valor de la moneda. El proyecto forma parte de una orientación económica que busca institucionalizar las restricciones fiscales y monetarias del programa libertario.
También sigue pendiente el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, conocido como Súper RIGI, que busca ampliar los beneficios para grandes inversiones. La iniciativa generó cuestionamientos por el tipo de ventajas fiscales y regulatorias que se otorgarían a los capitales privados.
En paralelo, el oficialismo intenta avanzar con modificaciones a la Ley de Salud Mental y al régimen de biocombustibles. Son iniciativas que requieren un debate profundo por sus consecuencias sobre derechos, servicios públicos y actividades productivas, pero que el Gobierno busca incorporar a una agenda general de desregulación.
La reforma electoral también está entre las prioridades. La eliminación de las PASO es uno de los objetivos centrales de Milei, aunque todavía enfrenta dificultades para reunir los apoyos necesarios. El oficialismo necesita negociar con sus aliados y con los gobernadores, que no siempre están dispuestos a acompañar automáticamente las iniciativas de la Casa Rosada.
Presupuesto 2027: la negociación con gobernadores y aliados
El Presupuesto 2027 aparece como uno de los expedientes más urgentes. El Gobierno necesita conseguir dictamen en Diputados y luego reunir los votos en ambas cámaras para sancionarlo antes de fin de año. Sin embargo, las negociaciones se trabaron por los reclamos de los bloques aliados, especialmente en torno a los recursos para las provincias, el financiamiento universitario y las partidas destinadas a discapacidad.
Los gobernadores buscan hacer valer sus votos y reclaman fondos, obras y respuestas que Nación demora o directamente no garantiza. La relación con la Casa Rosada dejó de funcionar como un respaldo automático: cada proyecto abre una nueva negociación y obliga al oficialismo a ofrecer concesiones.
La situación también muestra los límites de la estrategia parlamentaria libertaria. Aunque Milei cuenta con una representación mayor que al comienzo de su mandato, sigue dependiendo de acuerdos con sectores del PRO, la UCR y fuerzas provinciales para conseguir mayorías.
La reactivación de las negociaciones entre los jefes de bloque busca ordenar esa agenda antes del cierre de noviembre. Pero el calendario es ajustado y varias iniciativas podrían terminar pasando al período extraordinario o quedar para 2027.
El gobierno cuenta a su favor con la complicidad de las fuerzas que han acompañado sus distintas iniciativas en desmedro de los derechos del pueblo.
Sturzenegger y una lista de reformas que no despegan
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, también llega al final del período con varias iniciativas que no consiguieron avanzar. Entre ellas aparecen la Ley Hojarasca, los cambios a la Ley de Sociedades, la Ley de Gemelos Digitales y distintos paquetes de desregulación que alcanzaban actividades como farmacias, librerías, inmobiliarias y sectores agropecuarios.
Uno de los casos más ilustrativos fue el proyecto de Competitividad Financiera, que el Gobierno retiró poco después de presentarlo, tras recibir cuestionamientos de inversores y especialistas. La Ley Hojarasca, que había obtenido aprobación en Diputados, tampoco consiguió avanzar en el Senado.
La dificultad para aprobar estas iniciativas expone las tensiones dentro del propio oficialismo y con sus aliados. También demuestra que los anuncios de desregulación no siempre encuentran consenso, incluso entre sectores que acompañan buena parte del programa económico de Milei.
Un Congreso al servicio del ajuste
El balance legislativo de 2026 deja una pregunta política de fondo: ¿qué agenda intenta construir el Gobierno y a quiénes beneficia? Mientras Milei insiste con reformas para facilitar inversiones privadas, limitar la intervención estatal y modificar marcos regulatorios, las demandas sociales por salarios, jubilaciones, educación, salud y discapacidad siguen sin respuestas suficientes.
La discusión presupuestaria es un ejemplo concreto. Los recursos destinados a las provincias, las universidades y las políticas de discapacidad aparecen como moneda de negociación, mientras el oficialismo busca garantizar los instrumentos para sostener su programa económico.
La promesa de un Congreso que aprobara 90 leyes por año terminó chocando con la realidad de las negociaciones políticas. Pero que varias reformas estén trabadas no significa que el Gobierno haya abandonado sus objetivos: buscará avanzar por vía parlamentaria, mediante acuerdos con gobernadores o a través de medidas administrativas y desregulaciones.
Por eso, la cuenta regresiva legislativa no debería medirse solamente por la cantidad de leyes que Milei consiga aprobar. Lo central es discutir el contenido de esas reformas, sus beneficiarios y sus consecuencias sobre las mayorías trabajadoras. El Gobierno puede llegar al 30 de noviembre con menos leyes de las prometidas, pero mantiene la intención de profundizar un programa que descarga sus costos sobre los sectores populares.
