Las asambleas del Curru Leufu denunciaron el silencio del gobierno provincial ante sus pedidos de información sobre los proyectos mineros. Tras recurrir a la Justicia, exigen respuestas sobre los controles ambientales y el uso del agua.
Por Jere Zalazar
El gobierno de Alberto Weretilneck insiste en presentar a Río Negro como una provincia minera, con grandes inversiones y proyectos que supuestamente traerán desarrollo y trabajo. Pero detrás de la propaganda oficial hay una pregunta cada vez más difícil de esquivar: ¿por qué el gobierno se niega a brindar información sobre esos emprendimientos?
Las asambleas del Curru Leufu vienen denunciando desde hace años la falta de transparencia en torno a distintos proyectos mineros. Organizaciones socioambientales de distintas localidades de la provincia solicitaron información sobre Calcatreu, Tamar Mining, las inspecciones ambientales, los estudios hidrológicos y el uso del agua, entre otros temas. La respuesta oficial, según denunciaron, fue el silencio.
Las asambleas cumplieron con los procedimientos administrativos, presentaron notas, esperaron los plazos legales e incluso solicitaron pronto despacho. Sin obtener respuestas, tuvieron que acudir a la Justicia. El 28 de octubre, un fallo intimó a la Provincia de Río Negro, a través de la Secretaría de Minería, a expedirse en un plazo de 15 días hábiles, bajo apercibimiento de imponer sanciones de $100.000 por cada día de retraso.
No estamos hablando de un trámite burocrático menor. Se trata del derecho de la población a conocer qué sucede con sus territorios y bienes comunes.
¿Qué hay detrás de la propaganda minera?
El caso Calcatreu es uno de los ejemplos más claros de esta política. El gobierno provincial impulsa el proyecto de oro y plata como parte de su estrategia de expansión minera, pero las organizaciones denuncian que todavía no pudieron acceder a información fundamental sobre su adjudicación, su impacto ambiental y el uso del agua.
Las preguntas son concretas: ¿por qué no se publicó en el Boletín Oficial la Declaración de Impacto Ambiental? ¿Qué controles se realizaron sobre el proyecto? ¿Cuáles son los estudios hidrológicos disponibles? ¿Se está utilizando el agua de la meseta en las condiciones que afirma la empresa?
También persisten interrogantes sobre Tamar Mining y el cateo Collin, ubicado en las nacientes del río Chubut. No alcanza con que el gobierno o las empresas aseguren que todo está en regla. La información debe ser pública, accesible, actualizada y comprensible. La transparencia no puede depender de la voluntad de los funcionarios ni de la capacidad económica de las organizaciones para sostener una disputa judicial.
Como señalan las asambleas del Curru Leufu, el acceso a la información pública y ambiental está respaldado por distintas normas nacionales y provinciales, además del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, en la práctica, quienes reclaman conocer lo que sucede en sus territorios se encuentran con obstáculos y respuestas que nunca llegan.
Un gobierno que concentra el poder y debilita los controles
La denuncia también apunta a la estructura institucional que sostiene la política minera provincial. Desde el inicio de la gestión de Weretilneck, las áreas de Minería y Ambiente quedaron bajo una misma órbita de conducción política, vinculada a la Secretaría de Energía, a cargo de Andrea Confini. Esto plantea interrogantes sobre la independencia de los organismos encargados de controlar los impactos ambientales de los proyectos extractivos.
La Secretaría de Ambiente tiene entre sus responsabilidades evaluar y controlar esos impactos. La Secretaría de Minería, por su parte, impulsa y administra la actividad. ¿Cómo se garantiza la independencia de los controles cuando ambas áreas quedan subordinadas a una misma estructura de poder?
En un contexto de expansión extractivista, esta concentración no es un detalle administrativo. Es una señal de alarma. Mientras tanto, las organizaciones socioambientales deben recurrir a la Justicia para obtener información que debería estar disponible públicamente. Las promesas de desarrollo y las declaraciones oficiales no pueden reemplazar los controles ni el acceso de la población a la documentación ambiental.
El derecho a decidir sobre nuestros territorios
La falta de transparencia no es un problema exclusivo de las asambleas. Afecta a toda la población rionegrina. El avance de la megaminería metalífera, el uso intensivo del agua y la expansión de los proyectos extractivos plantean interrogantes fundamentales sobre el futuro de nuestros territorios. En una provincia atravesada por conflictos socioambientales, conocer los impactos de estas actividades es una condición indispensable para cualquier debate democrático.
No puede haber participación ciudadana real si la información se oculta. Tampoco puede hablarse de minería responsable cuando las organizaciones que exigen controles deben gastar recursos propios y recurrir a la Justicia para conseguir respuestas.
Desde la Red Ecosocialista y el MST en el Frente de Izquierda Unidad sostenemos que no hay salida posible dentro de un modelo basado en el saqueo de los bienes comunes y la destrucción ambiental. Planteamos la prohibición de la megaminería, el fracking y todas las actividades extractivas contaminantes, junto con la expropiación sin indemnización de las corporaciones responsables, para poner sus instalaciones y recursos bajo control de los trabajadores y las comunidades.
Esto debe ir acompañado de un plan de reconversión productiva y laboral que garantice la continuidad de todos los puestos de trabajo, con iguales salarios y derechos, y que las empresas responsables reparen los daños ambientales ocasionados.
Defender el agua, los territorios y la vida exige enfrentar los intereses de las multinacionales y los gobiernos que garantizan sus negocios. También exige construir otra perspectiva de desarrollo, con planificación democrática de la producción, participación de las comunidades y una transición hacia una matriz energética sustentable.
No alcanza con exigir transparencia sobre un modelo de saqueo: necesitamos discutir y construir una alternativa que ponga los bienes comunes y las necesidades sociales por encima de las ganancias empresariales.
