En Paraná, vecinos y vecinas se organizan para cuestionar y discutir la obra de ensanche del Bv. Racedo. Se enfrentan a un gobierno municipal que pretende, solo con aval institucional, avanzar sobre un espacio verde central de nuestra ciudad. Bajo el lema de la modernización, la conectividad y la mejora de la urbanización se pretende imponer un modelo de ciudad recortado a las necesidades automovilísticas.
La privatización y entrega de espacios públicos es moneda corriente en nuestra ciudad, gobierne quien gobierne. Sin embargo, la resistencia ciudadana ha logrado hitos en la defensa de nuestros espacios comunes. Regularmente vemos cómo las ciudades son campo de negociados especulativos al servicio de los negocios inmobiliarios asociados corruptamente a los partidos tradicionales del gobierno y la oposición. Desde la Red Ecosocialista y el MST entendemos los espacios públicos como un bien común y creemos que, contrariamente a lo que se propone para el ensanche del Bv. Racedo, se deben reforzar los pulmones verdes y espacios de recreación-esparcimiento, desmercantilizándolos.
Actualmente son escasos y desactualizados los datos públicos sobre este tema. La última estimación determina que la superficie verde en Paraná sería en promedio de solo 4,5 m² por habitante, cuando la OMS establece que para vivir en un entorno saludable se requiere entre 10 y 15 m² de área verde por habitante.
Bahl esgrime que para este proyecto se llevaron adelante los pasos legales para su planeamiento y autorización de ejecución de obra, sin embargo nada de esto es público ni constantable, son solo declaraciones. Tenemos derecho a la información y también a saber los resultados de los estudios de impacto ambiental. Tenemos derecho a participar en las decisiones y sobre todo tenemos derecho a opinar sobre el ordenamiento territorial y para eso es urgente la discusión de la carta orgánica municipal que podría reglamentar la participación ciudadana en estos casos, donde una obra puede afectar la calidad de vida de toda una ciudad.
Como bien expresan los vecinos estamos frente a un debate central, discutimos qué ciudad y para quiénes se realizan las obras. Lo hacemos en un contexto de crisis climática mundial, agravado por la situación sanitaria producto de la pandemia, que también obliga a pensar y cuestionar cómo se toman las decisiones.
Es hora de discutir nuestro derecho a la ciudad, una ciudad social y ambientalmente saludable. Al servicio de las necesidades de las mayorías y no de los negociados de unos pocos.
Hay que debatir centralmente la necesidad de preservar espacios que cuidan la salud y el ambiente de nuestra ciudad y pensar medidas más integrales. El ensanche no resuelve el problema de movilidad de la ciudad y sí perjudica nuestra salud gravemente. Y no hablamos de necesidades en contradicción, a saber: movilidad vs salud; hablamos de decisiones y medidas integrales que entiendan y prioricen el derecho a la ciudad. En ese sentido es urgente la planificación democrática de las obras, con la participación real de vecinos y vecinas, la estatización del transporte público con control social para mejorar la movilidad y la recuperación de espacios públicos y de calidad para todos los barrios por igual, para contribuir a una ciudad que sea habitable y vivible.