Por medio del decreto 427/21, y con la firma de Alberto Fernández, se transfiere por 12 meses el control de las actividades de dragado, balizamiento y cobro de peaje a la Administración General de Puertos (AGP), pero en paralelo el Ministerio de Transporte avanza en la confección de los pliegos licitatorios para una nueva concesión internacional más prolongada de 15 a 20 años.
La pelea por la recuperación del Paraná, los roces geopolíticos entre China y EE.UU., más la debilidad del gobierno y el año electoral sin lugar a dudas condicionaron coyunturalmente la re-privatización del río Paraná. Sin embargo es solo una postergación para afirmar el modelo de entrega y saqueo a los designios internacionales.
El desarrollo de la infraestructura del Paraná coincidió en los ’90 con la implementación de la siembra directa, la re-primarización y la privatización de toda la economía argentina. Sin las facilidades en el transporte, este modelo de “mal desarrollo” agro/minero/exportador no podría haberse consolidado. Si bien lo impuso Menem en los ’90, no lo hizo solo, fueron cómplices todos los gobiernos tanto peronistas como radicales. La privatización del río más importante de la Argentina no fue un hecho aislado, forma parte de un plan integral de sometimiento para el país. Por ende la recuperación significa liquidar ese plan de entrega. Un modelo que arranca con el financiamiento externo, que se usa para la fuga de capitales y que se termina pagando con nuestro trabajo y nuestros bienes comunes.
Un país rico con el 50% de la población pobre recuperar la soberanía es de primer orden. Y hay un solo camino estatizando todos los puertos y el comercio exterior, con un fuerte control de los trabajadores, poniendo en pie al Astillero Rio Santiago de todos los ataques por desmantelarlo y privatizarlo, recobrando nuestra flota mercante y planificando democráticamente la economía bajo otro modelo de producción para las mayorías sociales.