lunes, 22 abril 2024 - 23:07

Municipalidad de La Plata. El escándalo “Chocolate” de Julio Garro y el PRO

En las últimas horas se conoció un informe de la auditoría impulsada por la nueva gestión al frente de la Municipalidad de La Plata. Los datos revelados dan cuenta de un desmanejo de los fondos públicos que salpica al ex intendente de Juntos por el Cambio (JxC) Julio Garro.

La auditoría registró una serie de irregularidades en el nombramiento de personal municipal, algo que podría definirse como la designación de contratados “fantasmas” a quienes se les liquidaba los sueldos sin que prestaran servicios. En la nómina figurarían 13 personas privadas de su libertad, 240 domiciliados en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, incluso en otras provincias, y hasta un fallecido. A las que se suman residentes en La Plata que figuraban en la planta sin saberlo y que fueron anoticiados al realizar trámites en otras dependencias.

Algunos de los nombramientos datan de septiembre de 2023, en el último tramo de la campaña electoral de Julio Garro.

Similitudes con el escándalo “Chocolate”

Recordemos que durante la campaña electoral del año pasado salió a la superficie, tras la detención policial de un importante funcionario provincial, el mecanismo de nombramiento de personal “fantasma” en la Legislatura bonaerense, la retención de tarjetas de débitos de estos contratados y un circuito de recaudación ilegal que involucró a altos funcionarios y ex candidatos de Unión por la Patria. Este caso fue conocido por el apodo de uno de los implicados, “Chocolate” Rigau.

La información revelada por la gestión del actual intendente platense Julio Alak (PJ) describe una maniobra fraudulenta construida a lo largo de la gestión de su predecesor Julio Garro, quien fuera intendente de la capital bonaerense durante ocho años.

Garro hizo de la “anticorrupción” y la “reducción del gasto público” banderas de gestión y slogans de sus campañas electorales. Sin embargo, en espejo al escándalo “Chocolate”, el referente local más importante de JxC y del PRO confirma la vigencia de la vieja frase que dice “siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio”.

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Campaña de “limpieza” y más precarización laboral

La publicación de este informe se encuadra en una campaña que impulsa la reducción de la planta municipal, el reemplazo de los despedidos por “tropa” propia y el aumento de presiones laborales sobre trabajadores municipales altamente precarizados.

Paralelamente a los cerca de dos mil despidos de municipales “fantasma” se imponen dispositivos de control biométrico, la aplicación de jornadas laborales de 8 y 9 horas diarias por salarios mensuales de $120 mil promedio y la proliferación de modalidades de contratación laboral fraudulenta como monotributos, o el reemplazo de trabajadores de planta por cooperativistas que trabajan a cambio del cobro del Potenciar Trabajo y una suma adicional, sin ninguna prestación de la seguridad social.

De esta manera, el discurso de “los que realmente laburan no deben preocuparse por los despidos” busca aumentar la regimentación laboral y postergar la discusión sobre el necesario aumento salarial y la mejora en las condiciones de trabajo.

Contra la corrupción: Comisión de la verdad, condena y confiscación de bienes

El descubrimiento de este mecanismo de aparente desvío de fondos públicos en el seno del estado municipal empareja, en un ámbito más, a las dos fuerzas políticas que durante años publicitariamente se mostraron como antagónicas. En el mismo sentido, el nombramiento de altos ejecutivos financieros y de otros rubros en el gobierno nacional de La Libertad Avanza confirma que la corrupción es endémica en el Estado capitalista y que la solución no vendrá de la mano de jueces y fiscales designados por el poder político. Como decimos desde el MST Frente de Izquierda, hace falta una CONADEP de la corrupción, una Comisión independiente integrada por personalidades intachables que investigue con plena libertad la corrupción de todos los gobiernos, que haga públicas sus conclusiones y que los culpables paguen con la confiscación de sus bienes.

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