La Libertad Avanza consiguió dictamen en Diputados para su nuevo proyecto de blanqueo, pero tuvo que aceptar modificaciones sustanciales. Ante la presión ejercida por Patricia Bullrich y los bloques colaboracionistas, el oficialismo excluyó a los funcionarios públicos de los beneficios del Régimen Simplificado de Ganancias. Un nuevo retroceso para una gestión que diseña amnistías a medida de los grandes evasores, mientras no ofrece ninguna solución para una clase trabajadora ahogada por la morosidad y el ajuste.
El gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo a su historial de retrocesos legislativos. En el plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal de la Cámara de Diputados, el oficialismo logró alzarse con el dictamen de mayoría para el proyecto Inocencia Fiscal II. Sin embargo, para conseguir las 44 firmas necesarias y habilitar su tratamiento en el recinto (previsto para la última semana de agosto), La Libertad Avanza tuvo que ceder y modificar una pieza clave de su iniciativa original. Al igual que ocurrió con la Ley de Inviolabilidad Privada, los libertarios debieron podar el contenido de su propia propuesta para poder negociar con los sectores aliados. Síntomas de un gobierno golpeado.
La modificación central que destrabó las firmas fue impuesta por la presión directa de Patricia Bullrich, presidenta de la bancada libertaria en el Senado, quien tomó el reclamo de los bloques del PRO, la UCR, el MID y los partidos provinciales. Esta nueva marcada de cancha de Bullrich al Ejecutivo evidencia su rol creciente como negociadora global dentro del Congreso, forzando a sus propios diputados afines a cambiar la letra chica de un proyecto que, en su esencia, sigue siendo un blanqueo encubierto para los evasores de siempre.
El límite a los funcionarios y el recuerdo de Adorni
El corazón del dictamen de Inocencia Fiscal II es la flexibilización del Régimen Simplificado de Ganancias (RGM). La nueva versión elimina los topes patrimoniales (antes fijados en $10.000 millones) y de ingresos (antes de $1000 millones), permitiendo que cualquier residente fiscal adhiera al sistema sin límites cuantitativos.
Pero el punto de quiebre en las comisiones fue la inclusión de los cargos públicos. En el proyecto original, el gobierno se negaba a excluir a sus propios funcionarios. Fue la intervención de Bullrich, ejecutada a través de la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado, la que torció el rumbo. Con la modificación aprobada, se prohíbe de forma “total e incondicional” que cualquier persona que ocupe o haya ocupado cargos de alta responsabilidad en los últimos cinco años pueda gozar de los beneficios del blanqueo.
Esto significa que ministros, legisladores, jueces y otros funcionarios podrán usar el sistema solo como un canal para pagar el impuesto, pero quedarán excluidos de la “presunción de inocencia fiscal“. Es decir, no estarán liberados de fiscalizaciones, se les podrán aplicar multas y perderán la protección de la llamada “discrepancia significativa” (el margen de error permitido entre lo declarado y lo real).
¿Por qué la oposición aliada exigió esta cláusula? Para despegarse del escándalo protagonizado por el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. Acorralado por la Justicia debido a un crecimiento patrimonial obsceno y cientos de miles de dólares en negro, Adorni (junto a su esposa y también una larga lista de jerarcas libertarios y macristas) intentó utilizar la primera versión de Inocencia Fiscal para blanquear su dinero. Para colmo, la nueva ley también fue utilizada por personajes como el exdiputado José Luis Espert, investigado por recibir financiamiento narco.
Además de la restricción a los funcionarios, el dictamen incluyó a último momento una reducción adicional permanente del 25% en las multas formales para las pymes, un guiño extra para asegurar los votos de los bloques provinciales.
Un apagón fiscal
El recorte a los funcionarios es apenas una cortina de humo que esconde el verdadero núcleo del proyecto: la destrucción sistemática de las herramientas de fiscalización del Estado. Si repasamos el resto de los puntos clave de Inocencia Fiscal II, queda en evidencia que Luis Caputo diseñó un verdadero paraíso fiscal interno para los grandes evasores.
Con la excusa de otorgar supuesta previsibilidad, el proyecto limita y hasta hace desaparecer algunos controles existentes en ARCA (los cuales ya pueden ser objeto de discusión sobre su efectividad). La norma consagra la “presunción de exactitud“, otorgándole a los infractores mayores garantías procesales frente a posibles fiscalizaciones del organismo recaudador. A esto se suma que el Estado tendrá exigencias mucho mayores para poder investigar: ARCA solamente podrá cuestionar una declaración jurada si demuestra, mediante información objetiva, la existencia de diferencias significativas. Y para blindar aún más a los evasores, el proyecto propone la eliminación de los topes vigentes vinculados con estas diferencias detectadas.
El menú de privilegios es total. La iniciativa permite que los contribuyentes rectifiquen sus declaraciones juradas para corregir inconsistencias sin quedar excluidos automáticamente del régimen simplificado, garantizando la conservación de todos sus beneficios. Además, decreta la exención de multas para quienes hayan regularizado ajustes en Ganancias o IVA previamente y adhieran al nuevo esquema, y establece un tratamiento especial para que los fondos blanqueados conserven estas jugosas condiciones hasta el 31 de diciembre de 2027.
Toda esta ingeniería a favor del capital concentrado se da en un contexto de caos administrativo y favores corporativos. La presentación de este proyecto llega escasos días después de que el Gobierno tuviera que prorrogar hasta el 27 de agosto el plazo para presentar las declaraciones juradas de Ganancias (reprogramando también el primer anticipo para septiembre). Esta decisión fue una concesión ante los reclamos de los consejos profesionales de ciencias económicas, que le exigieron a Caputo y a ARCA más tiempo y cambios estructurales por los enormes riesgos operativos del sistema. Una muestra más de cómo los equipos técnicos del oficialismo operan a demanda de los grandes estudios contables. Un proyecto diseñado para darle vía libre a la evasión.
Recaudar en modo Caputo
Detrás de la idea de la seguridad jurídica que esgrime el oficialismo, este nuevo proyecto esconde una urgencia puramente recaudatoria. Desde la lógica del Ministerio de Economía, el proyecto de Inocencia Fiscal II funciona como un blanqueo encubierto diseñado para captar dólares frescos y sostener la ficción del déficit cero. Al eliminar los topes de ingresos y patrimonio para ingresar al sistema, Luis Caputo abre una puerta sin restricciones para legalizar el dinero no declarado, apostando a replicar el ingreso de divisas que le garantizó la primera etapa de este régimen.
Con esta estrategia, el Estado renuncia a fiscalizar, a aplicar multas punitivas o a perseguir el delito financiero, y a cambio se conforma con cobrar un peaje o alícuota reducida. Le otorgan al ministro liquidez inmediata para mostrar números de equilibrio en el corto plazo, pero a costa de perdonar deudas millonarias que deberían haber ingresado a las arcas públicas. Esta maniobra expone la doble vara del gobierno. Porque mientras para el gran capital el aporte es voluntario y está colmado de amnistías y garantías de impunidad, para el pueblo trabajador la recaudación es implacable y coercitiva, apretando el bolsillo mediante impuestos regresivos como el IVA y tarifazos brutales.
Amnistía para los ricos, ajuste para el pueblo
Más allá de los retoques cosméticos y la exclusión de los funcionarios (que los diputados aliados exigen hoy con asombro, olvidando que fueron ellos mismos quienes votaron la primera ley que habilitó a la casta a blanquear sus fortunas), el proyecto Inocencia Fiscal II carece de cualquier elemento progresivo.
Es profundamente indignante la contradicción con la que opera la gestión libertaria. El Ministerio de Economía diseña regímenes a medida para facilitar los negocios y perdonar las evasiones estructurales de un sector ínfimo de la economía, eliminando topes y flexibilizando los controles antilavado. Sin embargo, para la inmensa mayoría de los trabajadores, el gobierno no ofrece ninguna solución.
En un país donde el ajuste brutal llevó a niveles históricos de morosidad, donde las familias se endeudan con las tarjetas de crédito para comprar comida o pagar los tarifazos de los servicios públicos, el Estado libertario es implacable con los de abajo. No hay alivios fiscales para quienes dependen de un salario o una jubilación. La modificación en comisiones de esta ley solo confirma una máxima del modelo: mientras el pueblo trabajador sufre las consecuencias del plan motosierra, el Congreso se esmera en garantizarle previsibilidad y perdón a los ladrones de guante blanco.
