Trabajadores y trabajadoras de la ciencia y la tecnología se movilizaron este miércoles en distintos puntos del país contra el desfinanciamiento del sector. Con una concentración central en el Obelisco y bajo la consigna “Ciencia y Tecnología en Lucha”, investigadores, becarios, docentes y trabajadores de organismos científicos denunciaron el desmantelamiento del sistema público y reclamaron presupuesto, salarios y continuidad para sus investigaciones.

La ciencia también se ajusta

La convocatoria de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología tuvo como punto central el Obelisco porteño, pero se replicó en universidades, centros de investigación y plazas de distintos puntos del país. Investigadores del CONICET, trabajadores del INTA, INTI, CNEA, CONAE y de otros organismos se sumaron al reclamo. 

La movilización coincidió con el paro de 24 horas de las universidades nacionales, profundizando una jornada de protesta que unificó a dos sectores directamente golpeados por la política de ajuste del Gobierno: la educación superior y el sistema científico. 

Detrás de la protesta hay números concretos. Según datos difundidos durante la convocatoria, entre 2023 y 2026 el presupuesto destinado a ciencia y tecnología sufrió una caída cercana al 50% en términos reales. Los salarios de investigadores y personal de apoyo del CONICET también acumulan una fuerte pérdida de poder adquisitivo. 

A esto se suma una decisión que golpeó particularmente al organismo: 374 becas posdoctorales del CONICET no fueron renovadas luego de que vencieran sus contratos el 31 de julio. La medida fue denunciada por trabajadores como parte de un proceso de desmantelamiento que afecta líneas de investigación completas. 

No se trata solamente de puestos de trabajo. Cada beca que se pierde, cada proyecto que deja de financiarse y cada investigador que abandona el país significa también la pérdida de años de formación y de conocimiento producido en Argentina.

La política oficial amenaza así con volver a instalar un viejo problema: la fuga de científicos. Investigadores que fueron formados en las universidades públicas y en los organismos estatales pueden terminar buscando en otros países las condiciones que su propio país deja de garantizar.

Un sistema que se construyó durante décadas

El ajuste no comienza desde cero. Argentina construyó durante décadas un sistema científico que permitió desarrollar investigaciones en áreas estratégicas, formar profesionales y generar conocimientos aplicados a problemas productivos y sociales.

El CONICET, las universidades, el INTA, el INTI, la CNEA y la CONAE son parte de una estructura que excede ampliamente a cualquier gobierno de turno.

Sin embargo, desde el comienzo de la gestión de Milei, el sector fue colocado entre los objetivos de la motosierra. El Ministerio de Ciencia fue reducido a una Secretaría y se recortaron programas, becas, salarios y proyectos de investigación. 

El Gobierno pretende presentar esta política como una cuestión de eficiencia y reducción del gasto. Pero detrás de la palabra “ajuste” hay una definición política: decidir qué áreas merecen financiamiento y cuáles pueden ser abandonadas.

¿Ciencia para quién?

Desde el discurso libertario se repite que el Estado no debería financiar investigaciones que no tengan una utilidad inmediata para el mercado. Pero la ciencia no funciona de esa manera.

Muchos de los avances que transformaron la vida cotidiana surgieron de investigaciones cuyos resultados no podían preverse cuando fueron iniciadas. La investigación básica, la formación de científicos y el desarrollo tecnológico requieren políticas sostenidas durante años.

Dejar esas áreas libradas exclusivamente a la rentabilidad privada implica que las empresas decidirán qué investigar en función de sus ganancias y no necesariamente de las necesidades de la sociedad.

Por eso, el debate no es simplemente cuánto dinero se destina a la ciencia. La discusión es qué modelo de país se quiere construir y quién decide qué conocimiento producir.

El ajuste también expulsa

Uno de los efectos más graves de esta política es la pérdida de investigadores formados. Argentina ya atravesó distintos períodos de fuga de cerebros. Cuando los salarios caen, las becas se reducen y los proyectos quedan paralizados, la alternativa para muchos científicos vuelve a ser emigrar.

El resultado es una paradoja: el Estado invierte durante años en formar investigadores y, cuando están en condiciones de desarrollar su trabajo, el ajuste los empuja hacia países que sí están dispuestos a financiarlos.

Así, mientras el Gobierno habla de “capital humano”, sus propias políticas pueden terminar regalando a otros países profesionales cuya formación fue sostenida por la educación pública argentina.

“Defender la Argentina”

La convocatoria tuvo además un componente simbólico: los científicos fueron llamados a movilizarse con la camiseta de la Selección bajo la consigna de defender a la Argentina.

La elección no es casual. El Gobierno utiliza permanentemente la idea de “defender la Argentina” para justificar sus políticas y confrontar con quienes cuestionan su programa. Sin embargo, resulta difícil sostener ese discurso mientras se desfinancian instituciones científicas, se pierden investigadores y se abandonan proyectos estratégicos.

Defender la Argentina también es defender su capacidad de producir conocimiento. Es sostener el desarrollo tecnológico, la investigación médica, la energía nuclear, la producción agropecuaria, la industria, el desarrollo satelital y todas las áreas en las que el trabajo científico puede aportar a la soberanía nacional.

Una pelea que recién comienza

La movilización de científicos y trabajadores de la ciencia no ocurre aislada. Forma parte de una resistencia más amplia que también tiene como protagonistas a las universidades, docentes, estudiantes y trabajadores de distintos sectores afectados por el ajuste.

La coincidencia de las protestas universitarias y científicas muestra que existe un conflicto de fondo: el Gobierno pretende descargar el costo de su política económica sobre áreas que son fundamentales para el desarrollo social y productivo del país. La experiencia de estas jornadas demuestra que la comunidad científica no está dispuesta a aceptar en silencio el desmantelamiento.

La salida no pasa por pedirle al Gobierno una pequeña corrección de sus políticas, sino por profundizar la organización y la movilización de trabajadores, estudiantes, investigadores y de toda la comunidad educativa.

Porque la ciencia no es un lujo ni un gasto innecesario. Es trabajo, conocimiento y soberanía. Y frente a un Gobierno que pretende dejarla a merced del mercado, la respuesta que volvió a escucharse en las calles fue clara: la ciencia argentina se defiende luchando.