El violento desalojo de familias de la Comunidad Indígena de Santa Rosa, en Humahuaca, expone el modus operandi del Estado para abordar los conflictos territoriales: extrema violencia con las comunidades y el pueblo trabajador pobre, y diligente para defender los intereses de la casta política y empresarial. El operativo ordenado por el juez Juan Pablo Calderón se ejecutó con una milicia de la policía provincial, que apaleó a balazos de goma y gases a niños y ancianos, dejando un saldo de numerosos heridos y varias detenciones. La comunidad denuncia que la medida se apoyó en un plano catastral con errores, como lo reconocieron distintos organismos provinciales.
Son alrededor de 120 familias las que forman parte de la comunidad. El conflicto que desembocó en el desalojo se originó a partir de una disputa por los límites de una propiedad y de un plano elaborado por la Dirección de Inmuebles que, según denuncian desde la comunidad, presenta errores y superposiciones con el territorio comunitario. Frente a esta controversia, el estado decidió avanzar con la expulsión antes que resolver las inconsistencias territoriales denunciadas. La comunidad intentó resistir el desalojo ilegítimo, pero se enfrentó a un operativo demencial: topadoras, caballería, cientos de efectivos policiales, agentes no identificados, balazos y gases.
Aunque la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, en la práctica la propiedad individual y sobre todo la ligada a intereses económicos -en jujuy el turismo de lujo, la minería, la vitivinícola y otras actividades- se termina imponiendo. Los desalojos, intimaciones y el hostigamiento contra comunidades indígenas son incesantes. Podemos mencionar a la Comunidad Kolla de Guerrero, la Comunidad Pukará de Tilcara, y solo este año el caso de las comunidades Cipaqui y Coquena, Cueva del Inca y Santa Rosa. Es una política de estado.
En Argentina, la discusión sobre la tierra está al rojo vivo. Aunque el gobierno fracasó en modificar La Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, que establece límites a la propiedad extranjera sobre tierras rurales, si logró darle media sanción a la parte del proyecto que agiliza los procesos judiciales de desalojo. Más claro échale agua: intentan montar la arquitectura legal para profundizar el modelo extractivista. Quieren vender nuestra tierra y bienes comunes a las corporaciones pero las comunidades estorban.
El gobierno radical de Sadir y el de Milei, con su justicia cómplice, son indistinguibles cuando se trata arbitrar entre los intereses entre los grupos de poder económico y las comunidades. Siempre deciden a favor del fuerte, criminalizan a los de abajo y reprimen con brutalidad, como se vio en las imágenes que recorrieron el país. Basta de desalojos y hostigamiento a las comunidades originarias.
