Informalidad. Más trabajo precario, menos derechos

Mientras el Gobierno celebra indicadores de actividad y asegura que la economía se recupera, un informe del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) muestra otra realidad: aumenta la cantidad de personas ocupadas, pero cada vez menos acceden a empleos registrados. La precarización laboral se consolida como uno de los pilares del modelo económico libertario.

Crece la ocupación, cae el empleo formal

El informe del CETyD advierte que el mercado laboral argentino atraviesa una transformación preocupante. Aunque la cantidad de personas ocupadas aumentó durante el último año, ese crecimiento estuvo impulsado casi exclusivamente por empleos informales, mientras continúa la destrucción de puestos registrados.

Los datos son contundentes: entre el primer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026 se perdieron 196.000 puestos asalariados formales y 46.000 ocupaciones independientes registradas. Al mismo tiempo, se incorporaron 274.000 asalariados informales y 360.000 trabajadores independientes no registrados, elevando la tasa de informalidad laboral hasta el 44,2%.

En otras palabras, el empleo no desaparece completamente: cambia de calidad. Cada vez más trabajadores sobreviven sin estabilidad, sin aportes jubilatorios, sin vacaciones pagas, sin cobertura frente a accidentes laborales y con salarios generalmente inferiores.

Los “empleos refugio”

Desde el CETyD explican que el crecimiento de la ocupación responde a la expansión de los denominados “empleos refugio”, formas de inserción laboral a las que recurren quienes no consiguen trabajo registrado y necesitan generar ingresos para subsistir. Sin embargo, el propio informe advierte que esos espacios comienzan a mostrar signos de saturación, dificultando incluso esa salida precaria.

La consecuencia es una presión creciente sobre el mercado laboral. Más personas buscan empleo o aceptan trabajos en condiciones cada vez peores para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

El verdadero rostro del ajuste

Desde el Gobierno insisten en que las reformas laborales y el ajuste permitirán crear empleo privado de calidad. La realidad muestra otra tendencia.

Desde que asumió Javier Milei, la industria, la construcción y el comercio —sectores históricamente generadores de empleo— vienen atravesando caídas de actividad, cierre de empresas y despidos. En ese contexto, miles de trabajadores terminan aceptando changas, trabajos por cuenta propia de baja productividad o empleos sin registrar como única alternativa para sostener sus ingresos.

Lejos de tratarse de un fenómeno transitorio, la informalidad comienza a consolidarse como una característica estructural del nuevo modelo económico.

Flexibilización por la vía de los hechos

La administración libertaria sostiene que busca “modernizar” el mercado laboral. Sin embargo, esa modernización parece traducirse en una creciente flexibilización.

Cuando aumenta el trabajo informal, disminuye la capacidad de negociación colectiva, se debilitan los convenios laborales y se reducen los costos para las empresas a costa de los derechos de quienes trabajan.

No se trata únicamente de salarios más bajos. También implica menor acceso a licencias, aguinaldo, indemnizaciones, cobertura médica, jubilación y protección frente a despidos.

En definitiva, el riesgo y el costo de la crisis se trasladan cada vez más hacia los trabajadores.

El ajuste también se expresa en el trabajo

La informalidad creciente no constituye un efecto secundario del programa económico: es una de sus consecuencias directas. El mismo Gobierno que impulsa reformas laborales, desregulaciones y reducción del rol estatal promueve un esquema donde el empleo registrado pierde terreno frente a formas de contratación cada vez más precarias.

Mientras el discurso oficial celebra una supuesta recuperación económica, para millones de personas esa recuperación significa trabajar más horas, en peores condiciones y con menos derechos.

El problema no pasa únicamente por crear puestos de trabajo, sino por garantizar empleo registrado, salarios que cubran la canasta familiar, estabilidad laboral y pleno acceso a los derechos conquistados por décadas de lucha obrera.

Porque una economía no mejora cuando aumenta la cantidad de trabajadores obligados a aceptar cualquier empleo para sobrevivir. Mejora cuando quienes producen la riqueza pueden vivir de su trabajo con dignidad, y hoy los datos muestran que el rumbo del gobierno de Milei avanza exactamente en la dirección contraria.

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