La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha consolidado en el último mes como el epicentro de un peligroso experimento de retroceso civil y vulneración de derechos humanos. Con la reciente sanción y publicación de la Ley N.° 6961, denominada coloquialmente como la ley “antitrapitos y antilimpiavidrios”, la gestión de Jorge Macri formalizó una política de Estado que no busca resolver las causas estructurales de la exclusión, sino penalizar la supervivencia en el espacio público.
Esta ofensiva de marcado carácter clasista no se da en el vacío. Se ejecuta en medio de una feroz crisis socioeconómica agravada por el programa económico del gobierno nacional de La Libertad Avanza (LLA), que ha empujado a nuevos sectores de la población a la informalidad extrema. En este escenario, la respuesta del Ejecutivo porteño ha sido el despliegue punitivo y la construcción de un enemigo interno: el trabajador de la economía popular.
La penalización de la subsistencia
Aprobada el pasado 18 de junio por la Legislatura y publicada al día siguiente en el Boletín Oficial, la reforma al Código Contravencional (Artículo 91) establece un piso de severidad inédito para actividades de cuidado de coches o limpieza de vidrios sin autorización legal:
-Penas de arresto: De 10 a 30 días de prisión efectiva.
-Sanciones económicas: Multas que van desde las 1.200 hasta las 7.000 unidades fijas (montos millonarios inalcanzables para quienes subsisten del día a día).
-Trabajo comunitario: De 20 a 45 días de tareas de utilidad pública.
-Exclusión territorial: Prohibición de concurrencia e interdicción de cercanía al lugar donde se cometió la supuesta contravención.
La normativa agrava las penas si la actividad se realiza en las inmediaciones de estadios de fútbol o espectáculos masivos, los focos donde tradicionalmente se concentran estas tareas de subsistencia.
“Artículo 92.- Prestar servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios sin autorización legal en grandes parques o en oportunidad de eventos masivos. Cuando las contravenciones del artículo 91 ocurran en los alrededores de los grandes parques o dentro de un radio de hasta cincuenta (50) cuadras del lugar donde esté programado un evento masivo de carácter deportivo, artístico o de cualquier otra índole, desde las seis (6) horas antes de su inicio y hasta tres (3) horas después de su finalización, la sanción para los/as contraventores/as y partícipes es de quince (15) a cincuenta (50) días de arresto, y para los jefes/as, coordinadores/as, organizadores/asy/o promotores/as, es de cuarenta y cinco (45) a sesenta (60) días de arresto.”
La aplicación de la norma ya muestra sus primeros ribetes dramáticos en las calles. Vecinos del barrio de Caballito en el límite con La Paternal denunciaron recientemente la detención de una pareja sumamente conocida en la zona, que habitualmente limpia vidrios en la intersección de Fragata Sarmiento y la Av. Juan B. Justo. Lo que para la comunidad era una estrategia de supervivencia de dos vecinos, para el esquema de seguridad porteño se transformó en un delito contravencional flagrante que requirió el uso de la fuerza pública.
Detención de una pareja sobre la Av. Juan B. Justo y Fragata Sarmiento.
Una interna política que se dirime en la calle
La urgencia y espectacularidad con la que el PRO impulsa estas medidas responde a una descarnada interna de supervivencia política. Ante el avance territorial e ideológico de La Libertad Avanza —fuerza que amenaza con fagocitarse al partido fundado por Mauricio Macri en su propio territorio histórico—, Jorge Macri ha optado por radicalizar su discurso y su gestión hacia el extremo derecho del arco político.
Para retener ese electorado, la Jefatura de Gobierno ha montado una narrativa donde el orden público se confunde deliberadamente con la persecución del eslabón más débil. Dispositivos de fuerte impacto mediático y nombres rimbombantes como el operativo “Tormenta Negra” (centrado en el desalojo y detención de personas en situación de calle y vulnerabilidad habitacional en los barrios populares), las razzias sistemáticas contra manteros en los centros comerciales de Once, Flores, Constitución, y el decomiso de mercadería a vendedores ambulantes—como los históricos vendedores de paltas— forman parte del mismo engranaje de marketing político.
En este contexto, se encienden luces rojas ante el avasallamiento de los derechos básicos en los procedimientos bajo esta normativa. Por ejemplo, no existe ninguna razón que justifique la toma de datos biométricos por parte de las fuerzas de seguridad, léase toma fotos de Frente y de perfil en la vía pública.
Toma de datos antropométricos en vía pública.
Este tipo de registro fotográfico formal -perfil y frente- solo debería realizarse en sedes policiales, específicas bajo estrictas órdenes judiciales, generalmente vinculadas a causas penales graves (delitos), y nunca como una atribución discrecional del policía en la calle para una contravención.
La discriminación geográfica y el sesgo del paradigma higienista.
El componente más alarmante de esta estrategia de segregación es la reinstalación de un discurso explícitamente discriminatorio y supremacista por parte de los funcionarios de la Ciudad. Desde las usinas gubernamentales se ha vuelto habitual señalar que los “indeseables” o los responsables de la “degradación del espacio público” provienen de otras jurisdicciones, apuntando de manera casi exclusiva hacia la provincia de Buenos Aires.
Esta retórica no solo quiebra el principio constitucional de libre circulación y el carácter integrador que históricamente tuvo la Capital Federal, sino que apela a un prejuicio xenófobo interno: cualquiera que provenga del conurbano es un invasor que “abusa” de los servicios y altera la fisonomía de la opulenta Ciudad de Buenos Aires.
Al catalogar a los trabajadores informales y a los habitantes de los barrios populares como agentes exógenos y peligrosos, el Gobierno de la Ciudad elude su responsabilidad política frente a la crisis socioeconómica actual.
El espacio público, en lugar de consolidarse como un ámbito de convivencia, integración y amortiguación de la desigualdad, es hoy gestionado como una vitrina privada donde los pobres, simplemente, no deben ser vistos.
Por Marcos Sierras
