La Máxima oficializó el convenio para llevar el Gran Premio de África a Ruanda por diez años tras una decisión que despierta cuestionamientos por el historial represivo del gobierno de Paul Kagame.
Por Gabriel Guiguez
La Fórmula 1 confirmó este martes un acuerdo por diez años para incorporar a Ruanda al calendario a comienzos de la década de 2030. La fecha se disputará en un circuito que se construirá en Bugesera, cerca de Kigali, la capital del país, y marcará el regreso de la categoría a África por primera vez desde 1993. Sin embargo, detrás de los anuncios de desarrollo, turismo y expansión internacional, la decisión pone en evidencia una pregunta incómoda: ¿hasta dónde está dispuesta a llegar la Máxima para ampliar su negocio?
El convenio fue celebrado por el presidente ruandés, Paul Kagame, y por los principales dirigentes de la F1 y la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Para el gobierno africano, el desembarco de la categoría representa una oportunidad para atraer inversiones y proyectar una imagen de modernización ante el mundo. Para la organización deportiva, en cambio, significa sumar un nuevo destino a un calendario cada vez más apretado y extender su presencia a un continente que llevaba más de tres décadas sin hospedar una carrera.
Bajo la conducción de Kagame, que gobierna desde el año 2000, se desarrolló una economía abierta a la inversión privada y a los negocios internacionales, una cuestión captada por Estados Unidos. En una parte, para competir con China y ampliar su presencia imperialista en África. Por la otra, asegurándose una cadena de suministro de minerales y recursos energéticos a cambio de chirolas. Este modelo económico, además, convive con un sistema político autoritario, marcado por las restricciones a la oposición, la persecución de voces críticas y las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Una vidriera internacional para un gobierno represivo
Las denuncias no son nuevas ni se limitan a cuestionamientos políticos abstractos. Organizaciones como Human Rights Watch documentaron detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones, además de muertes sospechosas de personas críticas del gobierno.
Uno de los casos más conocidos es el de Kizito Mihigo, un popular cantante y activista ruandés que había sido condenado a diez años de prisión en 2015 por delitos contra el Estado y fue posteriormente liberado mediante un indulto presidencial. En febrero de 2020 volvió a ser detenido y, cuatro días después, las autoridades informaron que había muerto en su celda, en una comisaría de Kigali a sus 38 años.
La versión oficial sostuvo que se había suicidado, pero Mihigo había denunciado amenazas y expresado temor por su seguridad. Human Rights Watch reclamó una investigación independiente y cuestionó que las autoridades no hayan esclarecido de manera creíble las circunstancias de su muerte.
Este hecho desnuda una realidad difícil de disimular detrás de las campañas publicitarias y las grandes inversiones: en Ruanda, cuestionar al poder puede tener consecuencias graves. A eso se suman los reclamos contra las fuerzas ruandesas por su presunto apoyo al grupo armado M23 en la República Democrática del Congo, donde se registraron abusos contra la población civil. También hay un caso claro de gentrificación, donde tribus locales fueron desplazadas para llevar a cabo obras como el circuito donde podría correr Franco Colapinto.
En este marco aparece el concepto de sportswashing, una práctica mediante la cual gobiernos o Estados utilizan grandes acontecimientos deportivos para mejorar su reputación internacional y desplazar la atención de sus manchados prontuarios políticos. La llegada de la Fórmula 1 puede convertirse en una nueva herramienta de ese tipo para Kagame, que ya impulsó acuerdos de patrocinio con clubes como Arsenal y Aston Villa.
No se trata de cuestionar que África tenga derecho a recibir una competencia de semejante magnitud. Por el contrario, la ausencia histórica de la Fórmula 1 en el continente es una deuda de la categoría con millones de fierreros. El problema es que esa expansión se concreta mediante pactos con gobiernos señalados por graves abusos, sin que el espectáculo venga acompañado de exigencias claras en materia de derechos humanos.
Amnistía Internacional cuestionó precisamente el convenio anunciado y advirtió sobre el riesgo de que la Máxima contribuya a mejorar la imagen internacional del gobierno ruandés sin abordar las denuncias existentes. Mientras los dirigentes deportivos hablan de desarrollo y oportunidades, las preguntas sobre las libertades políticas y la responsabilidad estatal quedaron relegadas a un segundo plano.
¿Se aleja el sueño de ver a la Fórmula 1 en Argentina?
La confirmación de Ruanda como sede también tiene consecuencias para nuestro país. El calendario de la Máxima cuenta con un número limitado de fechas y una demanda creciente de otros países dispuestos a pagar por recibir a la categoría. La incorporación del Gran Premio africano no implica, por sí sola, que Buenos Aires haya perdido una carrera que tuviera asegurada, pero sí suma un nuevo competidor en la pelea por uno de los lugares más pretendidos del automovilismo mundial.
Pero el proyecto porteño también merece una discusión política. El gobierno de Jorge Macri destinó recursos públicos a una remodelación a gran escala con el objetivo de atraer competencias internacionales y posicionar a la Ciudad como una atractiva para los grandes eventos. Claro, la apuesta puede generar actividad económica y beneficiar al automovilismo local, pero también abre un interrogante legítimo sobre las prioridades de la gestión.
En una zona atravesada por injusticias como la de los 4.482 desalojados (donde se incluyen 1.409 niños, niñas y adolescentes) entre 2024 y marzo del 2026 y el cierre de 80 salas de jardín de infantes solamente en 2025, cabe preguntarse qué lugar ocupan estas inversiones, que favorecen a unos pocos millonarios, frente a las demandas cotidianas de su comunidad.
La modernización del Autódromo Óscar y Juan Gálvez puede ser una buena noticia para los hinchas del chapa chapa, pero el entusiasmo por recuperar a la Fórmula 1 no debería impedir una discusión necesaria sobre el destino de los recursos públicos. Al fin y al cabo, una ciudad no se mide solamente por los grandes eventos que consigue albergar, sino también por las condiciones de vida que garantiza a quienes la habitan.
Fuentes:
Anuncio oficial del acuerdo por diez años y detalles del proyecto en Ruanda:
Las críticas de Amnistía Internacional al acuerdo:
https://es-us.noticias.yahoo.com/deportes/amnist%C3%ADa-acusa-f1-ofrecer-ruanda-155733045.html
Documentación sobre el caso de Kizito Mihigo:
https://www.hrw.org/news/2020/08/17/rwanda-6-months-no-justice-kizito-mihigo
Mapa del desmantelamiento de la educación pública en la Ciudad:
Números de desalojados según la Defensoría de la Ciudad:
https://defensoria.org.ar/noticias/desocupaciones-y-desalojos-en-ca
