El gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 695/2024, a través del que reglamentó más puntos de la Ley Bases. El capítulo IV del anexo introduce cambios significativos en el empleo público. Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, avanzan en varios puntos que hacen a las condiciones laborales. Dicen que quieren implementar un mecanismo “anti-ñoquis”, mejorar la calidad del empleo público y optimizar los recursos en el Estado. Lo que buscan, en realidad, es despedir a más trabajadores y como diría el propio presidente, “ser el topo para destruir el Estado desde adentro”. Según datos del INDEC el gobierno nacional redujo en 28.138 la cantidad de empleados públicos entre el 31 de diciembre de 2023 y el 30 de junio de 2024 en la APN (Administración pública) y las empresas y sociedades del Estado.
Puntos claves de la reglamentación
Entre esos cambios se encuentran:
- Descuento por paro y sanciones disciplinarias por incumplimiento. Le otorga a los funcionarios más poder. Aunque el decreto no habla de paro o huelga, sí obliga al empleado a justificar su inasistencia. Además del descuento por no asistir al trabajo, si la falta no se justifica en reiteradas oportunidades puede recaer en un apercibimiento y una suspensión de 2 a 30 días. Como viene sucediendo desde comienzo de la gestión van camino a no reconocer los días de paro y por esa vía atacar el derecho a la protesta. Además, buscan atacar el régimen de licencias, precarizando aún más las condiciones laborales de las mujeres que son las que se encargan del cuidado del hogar.
- La implementación de una evaluación obligatoria para el ingreso y promoción en la Administración Pública Nacional (APN). Esta evaluación será diseñada y reglamentada por la autoridad de aplicación y será anónima. Cabe aclarar que hoy en el Estado existen evaluaciones para concursar a la planta permanente del Estado donde los requisitos son muy exclusivos y exigen años de antigüedad, formación académica. Además, anualmente tienen una evaluación por sus superiores y deben completar horas de formación. Lo novedoso del cambio sería que pondrían a prueba a trabajadores de planta transitoria o Art. 9 que hoy están siendo recontratados cada 3 meses por decreto, y no queda claro cómo sería esa evaluación y cada cuanto. Estas evaluaciones, al no tener ningún veedor por parte de los trabajadores, generan más irregularidades, pudiendo permitir que haya encono de la patronal contra algún trabajador. Además, mientras insisten en evaluar a los trabajadores, nunca implementan un mecanismo por el cual los trabajadores podamos evaluar a quienes dirigen la administración.
- Se regulan las contrataciones temporales. El decreto regula el régimen de contrataciones por tiempo determinado y designaciones en plantas transitorias. Indica que estas contrataciones estarán destinadas exclusivamente a la realización de actividades de carácter transitorio o estacional y que el Estado empleador puede rescindir o cancelar la contratación en cualquier momento. Si bien es algo que se venía haciendo, de esta forma queda reglamentada la precarización laboral.
- Creación de un registro de personas en disponibilidad. El personal afectado por reestructuraciones o reducciones en una unidad que se elimina o que está sobredimensionada pasará a un registro de disponibilidad. Durante el periodo de disponibilidad cobrará el sueldo, dependiendo de su antigüedad, por un período de hasta 12 meses. Podrá durante ese periodo tomar cursos y ser contratado por el sector privado. Si no encuentra lugar en el empleo público el plazo de un año pasará a ser despedido. Pero en un contexto donde se despide a mansalva en el Estado y en el sector privado hay una recesión que hace que cierren empresas, esto que parece en realidad algo positivo, no resuelve el problema de los trabajadores.
- Apurar el proceso de jubilación. Un empleado en edad de jubilarse deberá ser intimado a hacerlo y desde ese momento cuenta con 60 días para tramitar la jubilación. Si en ese tiempo no se inició será dado de baja. Si comprueba que lo inició pero la demora no es su culpa podrán firmar una extensión por 60 días más, así hasta cumplir 180 días (6 meses) que es el máximo plazo y que cambia con relación al régimen anterior que era de 1 año de plazo.
Cómo enfrentar esta avanzada
Este avance va en paralelo con los ajustes salariales que se vienen dando mes a mes y con la gran cantidad de despidos que comenzaron en diciembre y siguen día a día. Es un paso más en el avance sobre las condiciones laborales y en cercenar el derecho legítimo a la protesta que tenemos. El plan de Milei está claro desde el comienzo de su gestión, quiere reventarnos. Nos odia y nos detesta. Y nosotros a él. Pero para enfrentarlo necesitamos más que el enojo y la organización incipiente que hoy existe en algunos sectores para enfrentar el ajuste. Hace falta una coordinación real por abajo de todos los estatales. Que de conjunto resolvamos acciones para torcerle el brazo al gobierno y también coordinar con otros sectores de trabajadores que también vienen siendo atacados y vienen saliendo a la calle.
Este miércoles hubo una acción en Plaza de Mayo, donde participamos con una columna independiente reclamando por nuestras reivindicaciones contra el gobierno. Fue una importante movilización, que demuestra que fuerza para enfrentar el ajuste hay. Pero son acciones que no deben quedar aisladas, y debe continuar. Por eso le exigimos a la CGT y a las CTA que se pongan a la cabeza de la lucha, dejen de titubear y llamen a un paro general para marcarle la cancha al gobierno. A la vez, necesitamos no esquivarle al debate de qué proyecto político tenemos que construir para cuando la tiranía de Milei se termine y poder poner un gobierno de las y de los trabajadores al servicio de nuestros intereses.