Mientras la crisis habitacional golpea con crudeza a millones de argentinos que ven cómo el acceso a la vivienda es un privilegio inalcanzable, el gobierno de Milei ratificó su hoja de ruta al servicio de los sectores más concentrados.
Mediante el Decreto 406/2026, el Poder Ejecutivo oficializó la eliminación del Impuesto a las Ganancias para los ingresos derivados de la locación de viviendas y para los resultados obtenidos por la venta o transferencia de inmuebles. Esta medida, implementada bajo el paraguas de la reciente reforma laboral, blinda las ganancias de los propietarios y consolida un modelo donde la especulación inmobiliaria se impone sobre cualquier necesidad social.
La normativa, firmada por Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo, exime del tributo a todas las ganancias provenientes de alquileres con destino a “casa-habitación“. El beneficio es absoluto, ya que alcanza tanto a los valores de alquiler como a los importes cobrados por muebles, accesorios y servicios, protegiendo así la rentabilidad de quienes poseen activos inmobiliarios. La medida precisa que la exención se aplica a todas las unidades que una persona humana o sucesión indivisa alquile con destino exclusivo a vivienda, sin importar si el contribuyente posee más de un inmueble en alquiler. Además, este beneficio cuenta con efecto retroactivo para los períodos fiscales iniciados desde el 1° de enero de 2026, lo que implica un alivio fiscal directo para los dueños de inmuebles en un mercado ya de por sí tensionado.
La exención también se extiende a los resultados obtenidos por la venta de inmuebles y por la transferencia de derechos sobre propiedades ubicadas en la Argentina. Según el texto oficial, la medida comprende tanto la venta directa como la cesión de boletos de compraventa u otros compromisos similares que impliquen la transferencia de derechos económicos. En paralelo, el decreto establece una exención sobre el denominado “valor locativo presunto” para inmuebles cedidos gratuitamente, siempre que el ocupante utilice la propiedad como vivienda permanente.
La desregulación como herramienta de desprotección
La apuesta del oficialismo por la desregulación no se detiene en los beneficios fiscales. Mientras otorga estas ventajas a los propietarios, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, impulsa un proyecto para desmantelar la actividad del corretaje inmobiliario.
Esta iniciativa apunta a modificar de manera profunda el funcionamiento del sector en el país. Entre los puntos principales del borrador se encuentra la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula y del título universitario para ejercer como corredor, además de la liberalización de honorarios y comisiones.
La propuesta también contempla habilitar de manera explícita el ejercicio del corretaje a través de plataformas digitales, aplicaciones móviles y entornos virtuales, bajo una lógica de mayor apertura comercial. Aunque desde los sectores ligados a la desregulación sostienen que el sistema actual limita la competencia y encarece los servicios, los colegios inmobiliarios advierten sobre los riesgos de esta política. Entidades como el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios han señalado que una apertura total podría incrementar la informalidad, los conflictos contractuales y los fraudes documentales, al permitir la aparición de operadores sin preparación técnica ni respaldo patrimonial.
Un modelo contra el derecho a la vivienda
La política habitacional del Gobierno se revela, una vez más, como un dispositivo diseñado para favorecer la rentabilidad de los grandes propietarios y los inversores. En un contexto donde la vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en un activo financiero, el Ejecutivo elige profundizar la desprotección de los inquilinos mientras reduce la carga impositiva sobre quienes lucran con la necesidad básica de tener un techo.
Mientras la desregulación se presenta bajo el argumento de la libertad de elección, la realidad indica que estas medidas solo fortalecen un sistema donde la competencia queda sujeta a la capacidad de especulación, dejando a las familias en una situación de mayor vulnerabilidad ante un mercado inmobiliario cada vez más hostil.
