Mientras el Senado debatía el proyecto oficialista de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, miles de personas se movilizaron frente al Congreso para rechazar una ley que consideran un nuevo avance sobre la soberanía nacional. La respuesta del gobierno de Javier Milei fue un operativo represivo con gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes y detenciones.
Defender la tierra, enfrentar la represión
La Plaza de los Dos Congresos volvió a convertirse en escenario de una violenta represión. Desde las primeras horas de la tarde, las fuerzas federales desplegadas por el Ministerio de Seguridad avanzaron contra organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, ambientales y políticas que se movilizaban. La protesta coincidió con el tratamiento en el Senado del proyecto impulsado por el oficialismo, que finalmente avanzó con modificaciones tras retirar el capítulo referido a la Ley de Tierras, aunque mantuvo otros puntos cuestionados, como la reforma de la Ley de Manejo del Fuego y disposiciones que facilitan desalojos.
El operativo incluyó el lanzamiento de gases lacrimógenos, disparos con postas de goma y el uso de camiones hidrantes contra los manifestantes. Como consecuencia hubo personas heridas, detenidas y también trabajadores de prensa alcanzados por la represión mientras realizaban la cobertura de la protesta.
Aunque el oficialismo decidió retirar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras para destrabar la votación, las organizaciones mantuvieron la convocatoria al considerar que el resto de la iniciativa continúa favoreciendo los intereses de grandes grupos económicos y limita herramientas de protección del territorio y de los bienes comunes.
El protocolo como respuesta permanente
La escena volvió a repetirse. Frente a cualquier manifestación que cuestione sus políticas, el Gobierno responde con un enorme despliegue policial. La administración de Javier Milei convirtió el llamado “protocolo antipiquetes” en una política permanente para desalentar la protesta social, criminalizando la movilización como forma de expresión democrática.
La represión no constituye un exceso aislado, sino una herramienta funcional al programa económico del oficialismo. Cada avance sobre derechos laborales, jubilaciones, empresas públicas o recursos naturales viene acompañado por un dispositivo de seguridad destinado a garantizar que el ajuste pueda imponerse incluso frente al rechazo de amplios sectores de la sociedad.
La otra cara del modelo
Mientras dentro del Senado se negociaban modificaciones para asegurar los votos necesarios, afuera se reprimía a quienes denunciaban que el verdadero objetivo del proyecto es profundizar un modelo de concentración de la riqueza y entrega de recursos estratégicos.
La contradicción es evidente: un Gobierno que afirma defender la libertad recurre sistemáticamente a la violencia estatal cuando trabajadores, jubilados, estudiantes y organizaciones populares ejercen el derecho constitucional a manifestarse.
La resistencia a las políticas de Milei no se limita al recinto parlamentario. También se expresa en las calles, donde miles de personas volvieron a movilizarse para defender la tierra, los bienes comunes y la soberanía nacional frente a un proyecto que busca ponerlos al servicio del gran capital.
Ahora, en distintos puntos del país se convocan cacerolazos y concentraciones para repudiar la brutal represión del gobierno y la libertad de todos los detenidos.
