Milei aprovechó la euforia mundialista para anunciar una ley importada de los Estados Unidos que busca paralizar los gastos del Estado.
Mientras se festejaba la victoria agónica de la Selección argentina frente a Egipto por el Mundial 2026, el gobierno de Javier Milei preparaba una nueva estocada. El presidente aprovechó la euforia del momento para anunciar un proyecto de ley que busca aplicar un mecanismo conocido como “shutdown” en nuestro país. Esta herramienta, importada directamente del corazón del imperialismo estadounidense, pretende apagar la administración pública de manera automática cuando se agoten las partidas presupuestarias anuales.
Presentado como un ordenamiento técnico, el presidente anunció un nuevo paso en el plan de ajuste que se impulsa desde La Rosada. Con este anuncio, la casta libertaria busca institucionalizar un ataque que puede ser peligrosísimo para todos los trabajadores del Estado bajo la excusa de proteger el bendito superávit fiscal.
Como lo presentó el presidente, de la mano de Luis Caputo y Federico Sturzenegger, ya se comienza a diseñar un andamiaje legal para que el Estado abandone por completo sus obligaciones elementales en materia de salud, educación y asistencia social.
La receta del imperialismo
Para comprender la magnitud de este ataque es importante observar el funcionamiento de este mecanismo en los Estados Unidos. En el país del norte, el cierre del gobierno se produce cuando el Parlamento no logra aprobar las leyes presupuestarias destinadas a financiar a las agencias federales. Ante la falta de recursos asignados, se suspenden de inmediato las operaciones gubernamentales y se corta el flujo de dinero hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. La historia política reciente marca que esta extorsión sistemática se utilizó en más de 20 oportunidades desde mediados de la década del ‘70.
El caso más extremo y prolongado ocurrió entre finales de 2025 y principios de 2026 bajo la administración reaccionaria de Donald Trump. Aquel apagón estatal se extendió por 43 días y dejó a casi 3 millones de empleados federales en una situación de extrema vulnerabilidad al no poder cobrar sus sueldos. Los trabajadores considerados esenciales fueron obligados a cumplir sus tareas sin recibir remuneración alguna. Los programas de asistencia alimentaria colapsaron, las áreas de inspección sanitaria dejaron de funcionar y los servicios públicos quedaron paralizados.
La intención explícita del gobierno libertario es replicar toda esta política de ajuste en el territorio nacional. En la Argentina, la actual Ley de Administración Financiera establece que los presupuestos se reconducen de manera automática si no se logra un nuevo acuerdo legislativo. Con lo anunciado, el Poder Ejecutivo busca destruir esta mínima garantía para imponer un bloqueo total de las erogaciones una vez que cada dependencia consuma los fondos previamente asignados.
Este mecanismo se complementa con una reforma profundamente regresiva de la Carta Orgánica del Banco Central. El oficialismo pretende prohibir explícitamente y con penas de cárcel cualquier tipo de emisión monetaria destinada a financiar al fisco. Una vez más, el presidente volvió a calificar la impresión de dinero como una estafa, un insulto al intelecto que debe ser erradicado y castigado por el Código Penal.
El ajuste siempre es a los mismos
Las consecuencias concretas de este modelo recaen de manera exclusiva sobre las espaldas de la clase trabajadora. Cuando el gobierno y sus voceros mediáticos hablan de limitar el gasto público, en la práctica preparan el terreno para la suspensión masiva de miles de empleados estatales sin goce de sueldo. Un gobierno como el de Milei, que convierte al gobierno de Trump en algo sagrado, no sorprendería que intente hacer alguna copia exacta de lo que representa el shutdown estadounidense.
Los defensores del libre mercado intentan convencer a la sociedad entera sobre los supuestos beneficios del esfuerzo fiscal y la necesidad de un sinceramiento de la economía. Estos términos jamás deben entenderse como algo positivo o esperanzador para las mayorías populares. Detrás de tecnicismos se esconde un programa sistemático de despidos, reducción salarial y precarización laboral extrema. La paralización del Estado no afectará en lo más mínimo a los grandes banqueros ni a los empresarios. Los únicos perjudicados de manera directa serán los asalariados que dependen de las políticas públicas para sobrevivir en medio de una asfixia económica insoportable.
