La promesa libertaria de una economía basada en el crédito y el consumo choca contra una realidad cada vez más dura. La morosidad en el sistema financiero alcanzó niveles récord: 5,8 millones de personas ya no pueden acceder a préstamos y los propios bancos advierten un aumento de los incumplimientos entre las pequeñas y medianas empresas. Detrás de las estadísticas aparece el verdadero saldo del ajuste: salarios que no alcanzan, familias endeudadas y un aparato productivo cada vez más asfixiado.
La otra cara del “orden económico”
Mientras el Gobierno insiste en exhibir una inflación desacelerada como principal logro de su gestión, los indicadores del sistema financiero muestran el deterioro creciente de la economía real.
La mora de las familias alcanzó el 12,7% del sistema financiero, el nivel más alto de los últimos años. Como consecuencia, más del 27% de quienes tomaron préstamos dejaron de ser sujetos de crédito, lo que equivale a aproximadamente 5,8 millones de personas que hoy tienen cerradas las puertas del financiamiento formal.
Al mismo tiempo, las entidades financieras comienzan a advertir un aumento sostenido en los incumplimientos de las pequeñas y medianas empresas, un dato que refleja las dificultades que atraviesa buena parte del entramado productivo.
La motosierra también llegó al bolsillo
El Gobierno suele presentar el crecimiento del crédito registrado durante 2024 y parte de 2025 como una muestra de recuperación económica. Sin embargo, ese proceso tuvo un límite evidente.
La caída del salario real, el aumento de las tasas de interés y el encarecimiento del costo de vida hicieron que miles de familias recurrieran a tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamiento para cubrir gastos cotidianos. Cuando los ingresos dejaron de alcanzar, comenzaron los atrasos y la morosidad.
Los propios bancos reconocen que el principal problema hoy se concentra en el arrastre de las deudas de tarjetas de crédito, especialmente en el Gran Buenos Aires, donde el impacto del ajuste golpea con mayor fuerza sobre los sectores asalariados.
No se trata de consumidores irresponsables. Se trata de trabajadores cuyos ingresos fueron perdiendo poder adquisitivo mientras aumentaban las tarifas, los alimentos, los alquileres y los servicios básicos.
Las pymes también entran en zona de riesgo
El deterioro no alcanza únicamente a las familias. Las entidades financieras comenzaron a expresar preocupación por el incremento de la deuda impaga entre las pequeñas y medianas empresas. Aunque los grandes grupos económicos continúan accediendo a financiamiento privilegiado e incluso reciben beneficios fiscales y desregulaciones, miles de pymes enfrentan ventas deprimidas, costos crecientes y mayores dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.
La situación completa un círculo vicioso: cae el consumo porque los salarios pierden poder de compra; al vender menos, las empresas reducen producción, suspenden inversiones y descargan ese ajuste sobre sus empleados; y ese deterioro termina impactando nuevamente sobre la capacidad de pago de hogares y comercios.
Un modelo para los bancos, no para quienes trabajan
Desde el oficialismo sostienen que el mercado terminará ordenando la economía. Pero los propios datos del sistema financiero muestran otra realidad.
Cada vez más personas quedan excluidas del crédito formal, mientras quienes aún conservan acceso enfrentan tasas de interés elevadas y mayores restricciones para refinanciar sus deudas.
Paradójicamente, el modelo que prometía libertad económica deja a millones atrapados entre salarios licuados, endeudamiento permanente y la imposibilidad de acceder a nuevas herramientas de financiamiento.
El costo social del ajuste
La morosidad creciente no constituye un problema exclusivamente bancario. Detrás de cada crédito impago hay familias que utilizan la tarjeta para comprar alimentos o jubilados que recurren a préstamos para pagar medicamentos.
El crecimiento de la mora expresa el fracaso de un programa económico que descargó el peso de la crisis sobre quienes viven de su trabajo, mientras continúa beneficiando a bancos, fondos de inversión y grandes grupos empresarios.
El Gobierno celebra variables financieras mientras millones de personas quedan fuera del sistema de crédito. Pero la verdadera discusión no pasa por cuántos préstamos otorgan los bancos, sino por qué cada vez más trabajadores necesitan endeudarse para llegar a fin de mes. Porque cuando el salario deja de alcanzar para vivir, el crédito deja de ser una herramienta de desarrollo y se convierte, simplemente, en una forma de sobrevivir.
