Este artículo fue extraído del sitio web de la Liga Internacional Socialista
El Salvador vive desde 2019 bajo un régimen de excepción decretado por Bukele que con la excusa de frenar a las pandillas, desarrolló una politica represiva que padece el conjunto del pueblo salvadoreño y que entre otras arbitrariedades, permite detenciones sin orden judicial, por lo que es duramente criticado por organismos de derechos humanos. Luego de años de imponer una politica represiva y económica que atacó fuertemente a sectores populares, nos parece importante hacer un análisis acerca del fenómeno de este dictador que aún no a enfrentado la movilización de sectores populares aunque debemos detallar un incipiente desarrollo de la resistencia civil.
«En estos últimos años hemos sido víctimas de este gobierno con políticas que son totalmente regresivas (…) que atentan contra la dignidad y la libertad del pueblo salvadoreño», dijo a periodistas la vocera del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, Marisela Ramírez.
La dirigente denunció el despido de miles de médicos y maestros en las «políticas de muerte» del mandatario conservador, en el poder desde 2019.
«Bukele enemigo de los pobres», se leía en una pancarta en la manifestación del último primero de mayo, que reunió a más de 10.000 personas en el centro de la ciudad de San Salvador que marcharon junto a fotografías de personas detenidas cuya inocencia reivindican sus familiares.
«Estamos desafiando el terror que ha generado este régimen de excepción», agregó Samuel Ramírez, líder del Movimiento de Víctimas del Régimen (Mover), que reúne a familias de presos que se consideran inocentes de la supuesta guerra antipandillas.
Recordemos que el régimen mantiene casi 100.000 detenidos en condiciones infrahumanas, lo que significa más del 3 % de la población adulta, lo que algunas organizaciones reconocen, como el más alto porcentaje del mundo.
Pero en los últimos meses, aunque de manera aislada, también se han registrado protesta de sectores campesinos por las políticas de proliferación de la explotación minera que el gobierno ha impulsado. Política que tomo más fuerza con la derogación de la ley contra la minería que ya existía en el país, y que había sido uno de los logros del movimiento ambientalista y contra la minería.
Un poco de historia
Nos parece importante, para comprender el “fenómeno Bukele”, tratar de explicarnos de donde surge y para eso tal vez haya que remitirse a la década del 90. Los acuerdos de Chapultepec, firmados el 16 de enero de 1992, fueron la culminación de un largo proceso de negociación auspiciada por el secretario general de las Naciones Unidades entre el gobierno de Alfredo Cristiani, que había resultado ganador de los comicios presidenciales de 1989, y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Cumplían con el objetivo de finalizar un conflicto militar que se extendía desde 1980 y, para lograrlo, expresaban el compromiso de las partes por una serie de reformas constitucionales y otros cambios institucionales para una refundación del estado salvadoreño, con el propósito de convertirlo en una democracia formal. La puesta en marcha de esos compromisos en un nuevo orden político que tenía como actores principales a los dos partidos más grandes, ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) y al propio FMLN, desarmado y transformado en partido legalmente constituido.
Estos acuerdos fueron la oportunidad para consolidar la restauración de la hegemonía oligárquica, a través de los gobiernos del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el cual tenía como agenda la puesta en marcha de un proyecto neoliberal que instauró un modelo económico que capitalizó las remesas de la considerable población migrante en el diseño de una economía orientada al consumo.
Este proyecto desarrolló el sector de la maquila con el atractivo de los bajos salarios. Ejemplo de estas últimas fueron la privatización de la banca, que devolvió a algunas de las grandes familias de la oligarquía el control del sistema financiero, y la privatización del sistema de pensiones, a través de las llamadas AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones). Esta última política permitió que la planilla de los trabajadores pasara a subsidiar las grandes fortunas, aun a costa de ensombrecer las perspectivas de retiro digno a los futuros jubilados.
El desempeño de la economía salvadoreña durante todos esos años ha sido demoledor para los sectores populares, con uno de los índices de crecimiento más bajos de América Latina, con la consecuente persistencia de condiciones de exclusión social para una proporción considerable de la población. La dolarización de la economía, puesta en práctica a partir de 2000, lejos de resolver este estancamiento crónico, lo agudizó.
Con frecuencia se habla de la alternabilidad en el gobierno como un logro de este período, pero ese camino estuvo empañado por una doble combinación de elementos. En primer lugar, por la competencia desleal de los gobiernos de ARENA, que sistemáticamente usaron recursos estatales a favor de sus candidatos; y, en segundo lugar, una especie de auto sabotaje del FMLN, que se enredó en estériles pugnas internas entre las facciones “reformistas” y “ortodoxas”.
Conviene dedicar algunas palabras al papel que jugó el FMLN en estos primeros años de la posguerra. Habría que destacar, en primer lugar, su compromiso por cumplir con un desarme completo y su transformación en un partido político dentro de la democracia burguesa. En pocos años, cosechó frutos importantes: se convirtió en la segunda fuerza política, con una participación decisiva en la Asamblea Legislativa; y ganó el control de gobiernos locales, entre ellos el de la capital, en distintos momentos, a partir de 1997. El nuevo partido fue acumulando así experiencia en la gestión pública y consolidando una base social fuerte, especialmente en zonas rurales, donde había tenido presencia durante los años del conflicto armado. Sin embargo, también hay que señalar las enormes dificultades que tuvo de consolidar su caudal político, más allá de esas bases tradicionales. Ello se hizo notar en los acercamientos a la clase media y sectores empresariales.
El FMLN cumplió con el compromiso de transformarse en un partido político respetuoso de las reglas de la democracia burguesa, permitió finalmente presentar una fórmula electoral que llevó al FMLN a la histórica victoria de 2009. El candidato, Mauricio Funes, un respetado periodista, convoco apoyos fuera de las bases tradicionales, atrayendo a sectores medios, electores jóvenes e, incluso, votantes conservadores descontentos con la corrupción y el elitismo de ARENA. El nuevo gobierno no logró cambiar la matriz económica de la sociedad ni logró asegurar el capital político de su apoyo electoral. Para complicar más el panorama, no tardó en verse enredado en escándalos de corrupción. Estos fueron en parte reales, motivados por la alianza que estableció Funes con oscuros sectores empresariales y con la facción disidente de ARENA, liderada por el expresidente Antonio Saca (20042009), que se transformó en un nuevo partido político: Gran Alianza Nacional (GANA).
Por esos años la Unidad Socialista de Trabajadores organización de origen Trotskista, proponía una caracterización acertada sobre la naturaleza de este primer gobierno del FMLN “Desde la llegada del gobierno actual en junio de 2009, y aun antes, hubo dificultad para la izquierda en general a la hora de caracterizar y dar una definición exacta de esa alianza política que llego al ejecutivo mediante el triunfo en las urnas. A muchos les parecía algo novedoso.
A la luz del principio de la “Independencia de Clase”, aun antes del triunfo electoral, advertíamos que dicho gobierno, sería un tipo de gobierno “distinto”, sui generis, si se quiere. El cual, tendría como elementos cualitativos, por un lado, una alianza entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, quien rompiendo con la mayoría de principios del marxismo revolucionario y en especial con el señalado arriba, haría alianza política con un sector burgués (de derecha) para participar en el gobierno y por el otro, llegaría con un objetivo central: prevenir un ascenso del movimiento popular.
El sector burgués o de derecha, en la alianza, estaría representado por Mauricio Funes y por el movimiento “Los Amigos de Mauricio”, Cambio Democrático, parte del PDC, el PSD de uno de los verdugos de Roque Dalton y otras “hierbas” y como decíamos, tendría el objetivo central de impedir el estallido de una crisis revolucionaria o “primera oleada” de luchas y en esa medida dar un respiro al decadente régimen basado en la Constitución de 1983.
Ya que, de haber continuado ARENA en el ejecutivo el régimen corría el peligro de llegar a una crisis revolucionaria, sobre todo después de casi una década de insipiente movilización popular, que tuvo su pico en 2002 con las “Marchas Blancas” contra la privatización de la salud.
Precisamente por estos dos elementos lo definíamos como: un gobierno de conciliación de clases o de frente popular de carácter preventivo, queriendo destacar las dos características: la composición de la alianza (un partido que se reclama y tiene influencia en la clase trabajadora y un sector burgués o de derecha) y su objetivo.
Numerosos problemas se fueron acumulando a partir de las promesas incumplidas de los Acuerdos de Paz, pero entre ellos se destacó el aumento exponencial de la inseguridad ciudadana. La escalada de violencia social, asociada principalmente con las maras, según algunos analistas, puso al país, al cerrar la primera década de los años 2000, en los bordes de un estado fallido. Quizá sea exagerado el recurso a una etiqueta que pondría a El Salvador al nivel de Somalia, Sudán o Yemen, pero tampoco podemos negar que las pandillas desafiaron el monopolio de la fuerza del estado salvadoreño en zonas considerables del territorio nacional y degradaron a niveles intolerables la vida cotidiana de amplios sectores de la población. El fenómeno de las maras es una de las consecuencias imprevistas del conflicto político militar y tiene una gran complejidad y larga data. Pero, en su agravamiento, han tenido un peso considerable una gestión de la economía incapaz de generar condiciones de inclusión a los sectores más urgidos de ella y la puesta en marcha de políticas incoherentes y contraproducentes de seguridad ciudadana. En esto último, los gobiernos del FMLN tienen una cuota de responsabilidad considerable. Mauricio Funes quiso sorprender al país y al mundo en 2012 con una propuesta de diálogo con las pandillas que no sólo terminó normalizando las extorsiones, legitimando a cabecillas criminales como líderes políticos, sino que inmediatamente después, cuando hubo de retractarse de este descabellado plan, propició la militarización de la seguridad pública y permitió el retorno de prácticas de violencia institucional como las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzosas, que se creía estaban superadas desde el final del conflicto armado.
De esta manera resumimos los antecedentes para entender la espiral descendente de la legitimidad del régimen que constituye el contexto inmediatamente anterior el meteórico ascenso de Nayib Bukele.
El fenómeno Bukele
¿Quién es Nayib Armando Bukele Ortez, ese pintoresco personaje que se hace “selfies” en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se define asimismo como el “presidente más guapo y más cool”? Su carrera política al contrario de lo que quieren hacernos creer, no es reciente. Tampoco es exacto tipificarlo de outsider. Bukele ingresó formalmente a la política nacional al ganar en el año 2012 la pequeña municipalidad de Nuevo Cuscatlán para el FMLN. Como alcalde, realizó algunas obras gracias a sus buenas relaciones con ciertos empresarios y, al parecer, al financiamiento de ALBA Petróleos, y la asociación de varias alcaldías del FMLN con PDVSA, la empresa estatal de petróleos de Venezuela.
Bukele es producto directo de las alianzas de la cúpula del FMLN con sectores de la creciente burguesía de origen árabe en El Salvador. De esta manera, Bukele se estrenó en la política como el joven empresario con perfil de centroizquierda, comprometido con mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable a través de clínicas, becas y la construcción de espacios culturales y recreativos. En realidad, su relación con la política era anterior. Venía al menos desde 2004, cuando gracias a los contactos de su padre, consiguió para su recién fundada empresa publicitaria, la cuenta de la candidatura presidencial de Schafick Handal, conocido como comandante Simón en el FMLN, y principal dirigente del Partido Comunista de El Salvador.
Bukele es hijo de un acaudalado empresario de origen palestino, Armando Bukele, amigo personal de Handal y considerado, hasta su fallecimiento en 2018, un empresario cercano al FMLN.
Esta sorprendente intimidad entre una familia acaudalada de origen palestino y el líder histórico del Partido Comunista Salvadoreño, también de esa procedencia étnica, se explican por el virulento racismo de la oligarquía salvadoreña, una alianza entre familias criollas, con reclamos de abolengo, e inmigrantes europeos y norteamericanos. Son las célebres catorce familias, que en realidad nunca fueron catorce sino entre cuarenta y cincuenta. Esta élite nunca aceptó en su seno a los inmigrantes árabes, por muy ricos y poderosos que fueran. Es importante tener en cuenta esta condición periférica de Bukele y su círculo familiar con respecto a la élite oligárquica para comprender su tensa relación con los grupos tradicionales de poder y parte de su atractivo popular, pese a su proveniencia de clase alta.
Si a esto añadimos, la hábil labor de difusión de su gestión de políticas sociales en Nuevo Cuscatlán, comprenderemos por qué no le costó a Bukele dar un paso trascendental en su avance dentro del partido de izquierdas: presentarse en 2015 como candidato a la alcaldía de San Salvador, un reconocido trampolín para la carrera presidencial. Por otra parte, la imagen de rebelde e iconoclasta del joven político servía a la dirigencia del FMLN, pues parecía desmentir las crecientes quejas entre sus bases por una falta de apertura en su partido y un anquilosamiento de una camarilla envejecida de comandantes guerrilleros.
Bukele ganó por estrecho margen la alcaldía de San Salvador, pero una vez sentado en la silla edilicia llevó a cabo una de serie de ambiciosos y atractivos proyectos de rescate y mejora de los espacios públicos, así como algunas iniciativas de inclusión social. Es de resaltar en este esfuerzo, la habilidad negociadora del equipo de Bukele, quien supo abordar el espinoso problema de los vendedores ambulantes sin enfrentar ninguna rebelión de un gremio singularmente aguerrido. El centro de San Salvador venía sufriendo un descuido y un deterioro palpables y las obras de Bukele revaloraron esta zona como espacio de reencuentro entre grupos sociales y generaciones. Por otra parte, a través de un sofisticado aparato de comunicación que aprovechaba el potencial inédito de resonancia de las redes sociales, fue capaz de publicitar su gestión y sortear así un poder mediático que lo atacaba con hostilidad.
Sin embargo, estos aparentes logros no deben hacer pasar por alto algunas primeras muestras del lado siniestro de Bukele. Cabe traer a cuentas el caso del mercado Cuscatlán, proyecto que pretendía alojar a los vendedores ambulantes desplazados por la remodelación del centro histórico. El proyecto no sólo no cumplió su objetivo, sino que puso a la luz pública los manejos turbios en la adquisición del edificio que habría de alojarlo en condiciones de promesa de venta en extremo onerosas para la comuna y ventajosas para su propietario, un empresario cercano al grupo familiar de Bukele. Otro caso se desató cuando un periódico de circulación nacional denunció la falsificación de su página web por técnicos que trabajaban para el equipo de comunicación de Bukele. La demanda no logró sustentarse judicialmente, pero fue un indicador de la amplitud de las tácticas sucias de difamación y acoso contra sus rivales políticos.
A las ambiciones de Bukele de ingresar en la fórmula presidencial de su partido en 2019, le esperaba un obstáculo que era más bien previsible: la resistencia de la cúpula de FMLN a considerarlo para su postulación.
Bukele demostró entonces su gran su capacidad de sortear las adversidades. La ley electoral salvadoreña estrenaba por entonces mecanismos para impedir el “transfuguismo”, que esperaba así disuadir la extendida práctica de venta de funcionarios electos al mejor postor y de traición a sus electores. Renunciar al partido no era una opción, tenía que ser expulsado. Súbitamente, Bukele inició una serie de ataques hacia dirigentes del FMLN, entre ellos el mismo presidente Sánchez Cerén. Sus enemigos mordieron el anzuelo y valiéndose de un absurdo incidente en que el alcalde habría lanzado una manzana a la síndica durante una sesión del Concejo Municipal, le iniciaron un proceso disciplinario. Una amonestación lo habría dejado inhabilitado para competir durante varios años; pero, en una mezcla incomprensible de ingenuidad, rigidez y torpeza, la comisión de ética del FMLN resolvió expulsarlo. Con ello, le permitió montar un drama mediático en que se presentaba como la víctima de una purga estalinista y allanarle el camino a la candidatura presidencial. Luego de una serie de dificultades interpuestas por las autoridades electorales y de saltar de más de dos partidos para garantizar su candidatura, Bukele logró finalmente inscribirse para los comicios presidenciales de 2019.
La odisea de la postulación de la candidatura presidencial fue a la vez una cruzada contra el FMLN. Valiéndose de los escándalos de corrupción de Funes, se las ingenió para plantear una ecuación entre los dos partidos principales como parte de una clase política corrompida e inescrupulosa, responsable de la postración que vivía el país. Los mismos de siempre fue el mantra de esta construcción del adversario. De esta manera, su primera construcción política del pueblo fue hacer la equivalencia de sus contrarios y encontraba su voz en un líder joven, irreverente y sin compromisos con el pasado. La fórmula que empleó para descalificar al FMLN, “el FMLN es ARENA 2.0”, muestra su habilidad tanto para identificar al adversario, como para idear un lenguaje adecuado para un electorado nuevo, con un mayor peso de la población juvenil, activa en el uso de redes sociales y familiarizada con la jerga informática.
Una vez el FMLN quedó desacreditado, Bukele enfiló sus ataques contra ARENA. Su candidato presidencial, Carlos Calleja, hijo del magnate dueño de Selectos, la mayor cadena de supermercados el país, tenía a su disposición el apoyo del poder mediático y el financiamiento de los patrocinadores del gran partido de derechas del régimen de la Posguerra, que acariciaban el inminente retorno a la silla presidencial de uno de los suyos. Pese a todo eso, Calleja era un candidato bastante débil. Se había educado en los Estados Unidos, tenía poca experiencia el mundo político de El Salvador y, para colmo de males, hablaba español con un ligero pero inconfundible acento norteamericano.
La campaña de Bukele entendió la enorme influencia que tenían los migrantes producto de la diáspora, sobre el comportamiento electoral de sus familiares si lograba aglutinarnos con una estrategia de movilización muy sofisticada manejada desde las redes sociales y medios de comunicación alternativos. Paradójicamente este esfuerzo desplegado en el ciberespacio, rindió resultados favorables a lo largo y ancho del territorio nacional.
Bukele en el poder
La clave del sentido de las desmesuradas promesas de campaña y del proyecto político de Bukele se puede extraer del desconcertante acto de toma de posesión que tuvo lugar el 1 de junio de 2019.
El presidente entrante durante su asunción tomó al público un juramento de fidelidad en que debían de aceptar los sacrificios que les exigiera para construir el nuevo país que había prometido. Fue un momento de “éxtasis”, de gran intensidad emotiva, donde se escenificaba una especie de epifanía de la investidura de la voluntad popular en la personalidad excepcional del presidente. O si se quiere, se podría ver aquí un gesto, por medio del cual el pueblo entregaba su soberanía a un gobernante investido de una misión trascendental.
Para entender el arranque del nuevo gobierno, es importante tener en cuenta dos datos importantes: el pacto con GANA, el ala disidente de ARENA, que no sólo le hizo posible competir en las elecciones luego de los distintos obstáculos que encontró Bukele para inscribir su candidatura, sino que marcó una inflexión en sus objetivos de gobierno. Esta alianza le abrió la puerta hacia nuevos apoyos, especialmente entre los sectores conservadores y el ejército, a cambio de asumir una agenda de seguridad agresiva en su nuevo plan de gobierno.
La real disminución de indicadores de criminalidad permitió apuntalar la popularidad del gobernante y presionar al poder legislativo para aprobar la primera parte de su plan de seguridad. Sin embargo, llegó el momento en que las siguientes etapas dicho plan no encontró los votos suficientes en el congreso. Fue así como se produjo el incidente del 9 de febrero de 2020, en el cual, como excusa de la inasistencia de la mayoría de los diputados a una plenaria de emergencia convocada por el consejo de ministros, el presidente convocó a sus simpatizantes al palacio legislativo para obtener el financiamiento del plan de seguridad o destituir a la mayoría opositora en el congreso invocando el derecho popular a la insurrección. El mismo presidente, acompañado de efectivos del ejército y de la Policía Nacional Civil ingresó, a la sala de sesiones. El presidente hubo de retirarse luego de realizar una oración la cual aseguró que Dios le había aconsejado que obrase con prudencia.
La pandemia del Covid-19 vino a ser providencial mostró nuevamente su habilidad para reinventarse frente a las adversidades. Esta crisis vino a ser la oportunidad para destruir políticamente a sus adversarios y la coartada perfecta para no cumplir sus desmesuradas promesas de campaña.
En una muestra de audacia y adelantándose a líderes de países poderosos, tomó medidas drásticas y controvertidas como el cierre de fronteras y el confinamiento de viajeros. Asimismo, logró convencer a ARENA para que decretara un estado de excepción amplio que le daba enormes poderes para imponer restricciones a la libertad de movilidad e incluso pasar por alto la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio. Fue así como a partir del 21 de marzo de 2021, Bukele impuso una de las cuarentenas más estrictas en el mundo. Se confinaba a la población a su domicilio, bajo la amenaza de encerrar a los desobedientes en centros de detención que, según organizaciones de derechos humanos, se convirtieron en verdaderos campos de concentración en los que las personas eran muchas veces hacinadas y expuestas a contagiarse. Las cuarentenas no fueron acompañadas de una estrategia sanitaria consistente que permitiera localizar y contener los contagios. Fueron más bien un despliegue del poder represivo del aparato policial y militar, para imponer el poder “soberano” del presidente sobre los gobernados.
A partir de entonces, el gobierno pasó por encima de muchas de sus obligaciones legales. En sus alocuciones, el presidente, cual empresario tramposo, se jacta de la astucia de su equipo legal para engañar a los poderes judiciales y legislativos, jugando con los plazos y ampliando así el margen de discrecionalidad en su mando.
Alcances de la deriva autoritaria
Nayib Bukele quien comenzó presentándose con los ropajes progresistas y la elocuencia justiciera de un Pablo Iglesias, al cabo de pocos meses, se ha ganado un merecido lugar en la familia abyecta de Donald Trump, Jair Sonaros, Rodrigo Duterte, Recep Tayyib Erdogan Viktor Orbán o Javier Milei.
Lo que parece claro es que el fenómeno Bukele no es la clásica restauración oligárquica luego de una década de gobierno del FMLN. Lejos de venir de la extrema derecha, el movimiento de Bukele ha sabido invocar a conveniencia vagas asociaciones con la izquierda o la derecha, a la vez que usa de forma consiste una retórica sumamente agresiva.
Sustenta así una nueva articulación de fuerzas aparentemente heterogéneas pero que parecen tener en común el desprecio de la democracia burguesa y el estado de derecho. Allí encontramos a sectores tales como nuevas élites económicas que no encontraban lugar en los esquemas de la derecha tradicional; que nunca desapareció del todo del espectro político nacional y que se ha mantenido a lo largo del tiempo en partidos como GANA y el PCN; a un poder militar, que abarca tanto al disminuido ejército nacional como a una Policía Nacional Civil cada vez más enredada en escándalos con el crimen organizado; y, finalmente, a una serie de hábiles operadores políticos salidos del mundo de la publicidad que manejan con destreza el nuevo ensamblaje de la comunicación social.
Esta nueva articulación y pese al pequeño tamaño de El Salvador y su escaso peso en la geopolítica, hizo que el experimento autoritario apareciera como exitoso en tiempos en que el desarrollo global del capitalismo parece no requerir más de la democracia tradicional.
Cerrando el círculo: las restricciones al acceso a la información pública
En septiembre de 2020, Bukele modificó por decreto el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública aumentando las potestades del presidente en detrimento de las decisiones colegiadas y designó a tres comisionados afines que meses después, votaron a favor de no grabar más las sesiones del cuerpo.
El cuadro se completa con un proyecto de ley presentado el 13 de julio del 2020 por el Ministerio de Gobernación que busca modificar aspectos sustanciales de la Ley de Acceso a la Información Pública. Entre ellos, incorpora como información confidencial la declaración patrimonial de las personas que ejercen una función pública, crea nuevos mecanismos que dificultan el acceso a la información y aumenta las facultades del presidente del IAIP, quien podrá tomar decisiones sin el aval del resto de los comisionados.
Lo que hay por delante: ¿resistencia civil?
En este punto, donde los límites de la democracia burguesa parecen ser difusos, que empezó a capilarizarse el impacto en el humor social. Durante los últimos meses hubo varias manifestaciones – inéditas hasta ahora – bajo la consigna “Por la democracia y el restablecimiento del Estado de Derecho”. La ciudadanía protestó contra los abusos de poder del gobierno, la remoción ilegal de jueces, la captura del órgano judicial y la consolidación del poder en torno a una sola figura.
Del otro lado, se encontraron con un presidente que criminalizó la protesta y trató a los/as manifestantes de terroristas, además de culpar en forma expresa a un miembro del comité ejecutivo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
De esta manera, nuevas movilizaciones comienzan a mostrar un retroceso incipiente del apoyo mayoritario que el oficialismo mantuvo desde el inicio de su gestión, recordándole que no posee un cheque en blanco, que muy por el contrario diferentes sectores sociales comienzan a organizarse y a debatir como enfrentar la dictadura. Los simpatizantes salvadoreños de la LIS comprometen su esfuerzo para desarrollar la resistencia y organizar a los sectores auténticamente anticapitalistas que superen la traición del FMLN, reagrupando a todas las expresiones de la izquierda revolucionaria, hoy dispersa entre diferentes organizaciones y militantes individuales que permita además la unidad de acción con todos los sindicatos y sectores en lucha que se han mantenido independientes del Bukelismo.
Por Corresponsal
