El Gobierno presentará este lunes el programa financiero con el que promete asegurar el pago de la deuda pública hasta el final del mandato. Lejos de anunciar un plan para resolver la crisis social o recuperar la producción, la prioridad vuelve a ser tranquilizar a los mercados y garantizar que los bonistas cobren en tiempo y forma. Una nueva muestra de un modelo económico subordinado al capital financiero internacional.
Gobernar para los acreedores
El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará la presentación del programa financiero para 2026-2027, una hoja de ruta que incluirá el cronograma de vencimientos en dólares y las fuentes de financiamiento con las que el Ejecutivo asegura poder afrontar todos los compromisos hasta diciembre de 2027. Según adelantó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, el objetivo es demostrar que el financiamiento “está completamente cerrado” y llevar tranquilidad a los mercados.
La prioridad del Gobierno queda expuesta con claridad. Mientras millones de trabajadores enfrentan salarios pulverizados, jubilaciones de miseria y el deterioro de la salud y la educación públicas, la principal preocupación de la Casa Rosada sigue siendo convencer a los acreedores de que la Argentina continuará pagando una deuda cuya legitimidad es fraudulenta.
En el corto plazo, el Tesoro deberá desembolsar alrededor de 4.300 millones de dólares a tenedores de bonos el próximo 9 de julio, un compromiso que el Gobierno asegura tener cubierto mediante nuevas colocaciones de deuda, operaciones financieras, préstamos de organismos multilaterales y acuerdos con bancos privados.
Más deuda para pagar deuda
El discurso oficial presenta la estrategia como un signo de responsabilidad fiscal. Sin embargo, el mecanismo vuelve a ser el mismo que atravesó sucesivos gobiernos: refinanciar vencimientos, tomar nuevos créditos y continuar alimentando un circuito permanente de endeudamiento.
Durante las últimas semanas, el Ministerio de Economía avanzó con canjes de títulos, emisiones de bonos y nuevas operaciones financieras para despejar vencimientos inmediatos y construir un “colchón” de liquidez de cara a 2027. Incluso debió recurrir a organismos como el Banco Mundial y el BID para reforzar su capacidad de financiamiento. Lejos de resolver el problema estructural, el esquema posterga obligaciones mientras aumenta la dependencia del crédito internacional.
La soberanía hipotecada
El problema no se limita al monto de la deuda sino a las consecuencias políticas que implica su pago permanente. Cada dólar destinado a satisfacer a los acreedores es un dólar menos para hospitales, escuelas, universidades, viviendas o infraestructura. Cada acuerdo con organismos internacionales supone nuevas exigencias de ajuste, reformas estructurales y condicionamientos sobre la política económica.
El Gobierno de Milei llegó al poder prometiendo terminar con la “casta”, pero en materia financiera mantiene una continuidad con décadas de subordinación al capital especulativo. La diferencia es que ahora esa orientación se reivindica abiertamente como una virtud.
La denominada “confianza de los mercados” no es otra cosa que la certeza de que el ajuste recaerá sobre la mayoría trabajadora para garantizar el cobro de los grandes fondos de inversión.
Una prioridad invertida
Mientras el Ejecutivo celebra la baja del riesgo país y busca convencer a Wall Street de la solidez de su programa, la economía real continúa mostrando otro panorama: cierre de empresas, caída del consumo, destrucción de empleo industrial y pérdida constante del poder adquisitivo.
La hoja de ruta presentada por Caputo no responde cómo se revertirá esa situación. Tampoco plantea un plan de desarrollo productivo, industrialización o fortalecimiento del mercado interno. Su objetivo central es otro: asegurar que los acreedores internacionales sigan cobrando.
Otra salida es posible
La historia argentina demuestra que la deuda externa ha sido uno de los principales mecanismos de subordinación económica y política. Desde la dictadura militar hasta la actualidad, distintos gobiernos administraron ese condicionamiento aceptando las reglas impuestas por los organismos financieros internacionales.
La discusión apunta en un sentido opuesto: investigar el origen y la legitimidad de la deuda, suspender los pagos sobre la parte fraudulenta, romper con las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y destinar esos recursos a un plan de inversión pública, generación de empleo, salud, educación y vivienda.
Porque la verdadera hoja de ruta que necesita el país no es la que garantiza la rentabilidad de los acreedores, sino la que permita recuperar la soberanía económica y poner la riqueza producida por las y los trabajadores al servicio de las necesidades populares.
