Para quienes nos identificamos con la izquierda, no existen dudas de que el proyecto económico de Javier Milei y Luis Caputo no puede ofrecer una salida favorable para las mayorías sociales. Incluso, si se lo analiza dentro de los propios parámetros del sistema capitalista, el programa libertario exhibe contradicciones profundas y límites cada vez más evidentes.
Durante la campaña presidencial de 2023, Milei prometió “terminar con la casta” y reconstruir la economía argentina a partir de un ajuste feroz sobre el Estado. La primera promesa quedó rápidamente desmentida: semana tras semana aparecen nuevos escándalos de corrupción, negociados y privilegios ligados al entorno gubernamental. La segunda —el supuesto “ordenamiento económico”— continúa siendo el principal sostén político del oficialismo, aunque cada vez encuentra más cuestionamientos en la vida cotidiana.
¿Con viento en popa?
Desde la asunción de Milei hasta la actualidad, se estima el cierre de más de 22.500 empresas. A eso se suman alrededor de 66.000 despidos en el sector estatal y más de 300.000 en el sector privado. Mientras tanto, el ajuste desfinancia universidades, hospitales y programas sociales, al mismo tiempo que las paritarias son pisadas con aumentos del 1% o 2% mensual en un contexto donde la inflación continúa oscilando entre el 2,5% y el 3,5% durante los primeros meses de 2026.
El resultado es evidente: salarios cada vez más atrasados, jubilaciones destruidas y millones de familias que no llegan a mitad de mes. El famoso “superávit fiscal” que celebra el gobierno se sostiene sobre el deterioro de las condiciones de vida de trabajadores, jubilados y sectores populares.
En paralelo, el oficialismo avanza en privatizaciones de áreas estratégicas, como AySA, y profundiza la subordinación económica frente al FMI. Todo esto acompañado por reformas estructurales centrales para el programa libertario: el RIGI, la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares, medidas diseñadas para facilitar el ingreso de capitales multinacionales y garantizar condiciones extraordinarias de rentabilidad para las grandes empresas.
El discurso oficial habla de “atraer inversiones”, pero en los hechos se consolida un esquema de entrega de recursos naturales, flexibilización laboral y reducción del rol estatal. Reformas que, además, fueron aprobadas con la complicidad de sectores del PJ y del radicalismo, mostrando que gran parte de la oposición tradicional comparte los pilares centrales del ajuste. Sin embargo, pese a que el país parece tener un enorme cartel de “Se vende”, la tan prometida lluvia de inversiones sigue sin aparecer.
La contradicción del cepo
Uno de los principales límites del proyecto económico de Milei-Caputo aparece en la cuestión cambiaria. Durante años, Milei prometió eliminar el cepo y permitir una libre flotación del dólar. Sin embargo, recién en abril de 2025 el gobierno anunció el supuesto “fin del cepo”, reemplazandolo por un sistema de bandas cambiarias que mantiene al dólar dentro de un rango controlado entre los 1.000 y 1.500 pesos.
En la práctica, el Estado continúa interviniendo directamente sobre el precio de la moneda estadounidense mediante el Banco Central: vende dólares cuando la cotización se acerca al techo de la banda y compra cuando se aproxima al piso. Es decir, el “mercado libre” prometido nunca terminó de existir.
Ahora bien, si Milei logró avanzar con reformas políticas y estructurales para consolidar su modelo económico sin enfrentar un desborde social generalizado ni un proceso masivo de lucha de clases, ¿por qué el programa económico no termina de repuntar? ¿Por qué ni siquiera logra eliminar completamente el cepo? ¿Por qué los defensores de la “libertad del capital” no habilitan plenamente la libre circulación de divisas? Porque el cepo cumple precisamente esa función: impedir —o limitar— que las empresas retiren libremente el capital que poseen en el país.
Esta contradicción no es menor. Si el gobierno liberará completamente el mercado cambiario, el dólar podría dispararse, generando una devaluación de enormes proporciones, más inflación y una recesión todavía más profunda. La endeble estructura económica argentina, basada fundamentalmente en la producción y exportación de materias primas y recursos naturales, sumada a la falta de acumulación de reservas producto de los niveles de endeudamiento, vuelve extremadamente frágil cualquier apertura total del mercado cambiario.
Dar plena libertad al capital significa dejar al país completamente expuesto a la inestabilidad del mercado internacional. Además, ni siquiera garantiza a los grandes empresarios previsibilidad sobre cuánto capital podrían efectivamente fugar. Pero, al mismo tiempo, mantener controles cambiarios también genera incertidumbre para sectores del capital financiero que no tienen asegurada la libre salida de divisas.
Son tres los motivos claros por los cuales el gobierno libertario no podría soportar una corrida cambiaria:
- Tiene apenas entre 2500 y 3000 millones de USD reales en reservas del BCRA. Si bien el gobierno cuenta con 150.000 millones de USD(en pesos), estos están puestos en bonos y tenencias varias con los cuales Milei disfrazó la “no emisión monetaria”
- Hay una gran desconfianza del sector empresarial que el plan del gobierno tenga éxito
- Hay desconfianza de los acreedores externos y las finanzas extranjeras, por eso el riesgo país no baja y no tiene acceso al crédito internacional. Por esto mismo tuvo que acudir al tesoro de EEUU previo a las elecciones del 2025, esto fue una medida excepcional que debido a la inestabilidad interna del gobierno de Trump sería difícil que se repita. Al no tener crédito internacional no tiene el buffer necesario para contener una corrida cambiaria.
La experiencia argentina reciente lo demuestra con claridad. Durante la corrida cambiaria de 2018, bajo el gobierno de Mauricio Macri, grandes fondos financieros lograron retirar miles de millones de dólares del país en cuestión de semanas. Particularmente, el JP Morgan llegó a fugar 15 mil millones de dólares en un solo día, el equivalente aproximado a tres YPF.
Ahí aparece una de las grandes contradicciones del modelo: el gobierno necesita atraer capitales extranjeros para sostenerse, pero sin habilitar una fuga masiva que haga estallar todo el esquema económico. Necesita generar confianza empresarial, aunque las propias condiciones estructurales del país le impiden garantizar plenamente esa estabilidad.
La situación política y los límites sociales
En términos políticos, el gobierno todavía conserva un elemento a favor: la ausencia de un desborde social generalizado. La fragmentación de la oposición tradicional y la complicidad de las conducciones sindicales burocráticas le permitieron avanzar con gran parte de su programa de ajuste sin enfrentar una respuesta masiva y sostenida.
Sin embargo, eso no significa estabilidad garantizada. El aumento del descontento social, la caída del poder adquisitivo, los conflictos salariales y el deterioro de la imagen pública del gobierno muestran que existen límites concretos al ajuste permanente. A esto se suma una creciente crisis interna atravesada por denuncias de corrupción y disputas políticas dentro del propio oficialismo.
¿Y la izquierda?
Frente a este escenario, resulta fundamental desenmascarar el verdadero carácter del proyecto libertario. El gobierno se presenta como defensor de la “libertad”, pero aplica un modelo profundamente intervencionista cuando se trata de disciplinar salarios, limitar paritarias y garantizar ganancias empresariales. Liberal para los grandes grupos económicos; autoritario frente a los trabajadores. Por eso, la discusión no puede reducirse únicamente a cuestionar las consecuencias del ajuste, sino también a plantear una alternativa política y económica de fondo.
Desde una perspectiva de izquierda, resulta necesario discutir medidas estructurales para evitar la fuga de capitales, defender la industria nacional y reorganizar la economía en función de las necesidades sociales y no de la rentabilidad privada. Entre ellas: la nacionalización de la banca y el comercio exterior, la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial, el reparto de las horas de trabajo para combatir la desocupación y el rechazo al pago de la deuda con el FMI. Los recursos que hoy se destinan al pago de deuda y beneficios para grandes empresarios podrían utilizarse para financiar un plan masivo de obra pública, salud, educación y vivienda, generando millones de puestos de trabajo genuino.
En un contexto donde la crisis de representación política se profundiza y amplios sectores empiezan a cuestionar el rumbo económico, la izquierda tiene el desafío de construir una alternativa independiente, capaz de poner en el centro las necesidades de trabajadores, jóvenes y sectores populares. Porque discutir la economía también es discutir quién gobierna y para qué intereses se organiza la sociedad.
Por Pablo Vicenti, estudiante de medicina e integrante de La Marea
Fuentes:
- Análisis económico “De mal en Peor” por Gerardo Uceda, AS Abril 2026
- Entrevista a Claudio Katz: “La clase dominante convalida la venta de Argentina por moneditas”, AS 9/11/2025
- “Medidas de emergencia para enfrentar la crisis” por PDI 1/9/2023
