El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca dio detalles de las políticas de financiación y la habilitación de uso de más de un millón de hectáreas que estaban excluidas para uso agrario.
La noticia se dio a conocer este miércoles a través del Boletín Oficial bajo el nombre de Iniciativa 200 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres, que apunta a profundizar la extensión de siembra y aumentar el ingreso de dólares en las arcas del Banco Central.
El comunicado dado a conocer propone mecanismos de financiación al sector agrario con el fin de alcanzar todos los objetivos en el año 2030. Agricultura señaló que «estas medidas podrían consistir en mecanismos de beneficios fiscales, acceso a financiamiento, reducción del costo de producción y de las tasas de créditos bancarios, amortización acelerada de bienes de capital, entre otras»
Asimismo, destacó que ve con buenos ojos dicha iniciativa y según sus estimaciones el plan «posee la potencialidad para ver incrementadas las exportaciones agroindustriales en al menos un 60% alcanzando los 57 mil millones de dólares en un plazo de entre cinco y diez años». La cartera que dirige Luis Basterra ha propuesto destinar alrededor de un millón de hectáreas en “zonas de exclusión/amortiguamiento”para lograr dicho objetivo.
Profundización del extractivismo sin grieta.
A pocas horas de la publicación, el repudio de referentes ambientales se hizo escuchar. Darío Aranda publicó en su cuenta de Twitter “Pandemia, crisis climática, el país se incendia y el gobierno profundiza el agronegocio. Planea avanzar sobre un millón de hectáreas y llegar a 200 millones de toneladas Más consecuencias ambientales, sociales y en la salud”, entre otros. La prioridad parece ser conseguir los dólares necesarios para pagarle a los fondos buitre y al FMI.
Atrás quedaron las promesas de campaña de Alberto sobre gobernar para todos. En plena crisis sanitaria, ambiental y de vivienda anuncia que otorgará a los empresarios del agronegocio más de un millón de hectáreas para extender la frontera sojera y el ahora tan defendido trigo transgénico HB4 que ni la cadena molinera, eterna aliada de los transgénicos, quiere comercializar por cuestiones meramente sanitarias. Además, se abre un interrogante clave ¿las miles de hectáreas quemadas de manera intencional serán utilizadas para albergar siembras o animales? No lo responden.
La política productiva del Frente de Todos no difiere en nada a la de Macri, ambos privilegian la matriz productiva extractivista y contaminante, no hay grietas a la hora de defender y otorgar beneficios a los empresarios que se enriquecen con los commodites.
El sector de los agroquímicos será otro de los beneficiarios de la política de Alberto Fernández, un sector que en nuestro país mueve más de cuatro mil millones de dólares y que envenena la vida de millones de personas que son sometidas a las fumigaciones recurrentes.
La realidad nos pone frente a un dilema claro: son ellos o nosotros. La enorme marea ambiental que viene extendiéndose en el país tiene el gran desafío de seguir impulsando las movilizaciones necesarias para frenar las quemas, el acuerdo porcino y el inicio del plan agroindustrial 2020-2030.
La transición productiva a la agroecología sin venenos, la eliminación de la práctica de minería a cielo abierto y el fracking, por solo mencionar algunas, requieren de políticas públicas orientadas a llevarlas a cabo. Hoy ninguno de los partidos tradicionales se propone ni siquiera intentarlas.
Por lo tanto, es hora de extender las redes del trabajo colectivo e interseccional para apuntalar las bases de un proyecto político que oriente la producción en su conjunto a una perspectiva eco-socialista que instale las prioridades de las mayorías y no de las corporaciones contaminantes y especulativas.
Fuente consultada
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236002/20201014