La explosión en Remedios de Escalada dejó un trabajador fallecido, 30 heridos y graves daños materiales. Una obra de renovación de la red de gas, ejecutada por la contratista Exgadet, terminó en tragedia tras la rotura de una cañería y más de una hora de demora hasta el estallido. Las nuevas pérdidas denunciadas en Lanús y la falta de respuestas de las empresas y los gobiernos profundizan la bronca vecinal. Detrás de la tragedia hay una cadena de responsabilidades que debe investigarse.
68 minutos entre la rotura y la explosión
La reconstrucción de Defensa Civil de Lanús señala que la cañería fue dañada alrededor de las 9:44, durante trabajos con una tuneladora, y que la explosión ocurrió a las 10:52. Pasó más de una hora entre la rotura y el estallido.
Los operarios informaron a Metrogas, que envió una cuadrilla al lugar. Según la reconstrucción municipal, personal de seguridad se acercó y recibió como respuesta que la situación estaba controlada,algo que es falso según los propios vecinos que días antes ya habían denunciado el olor a gas, como también lo que el informe de Defensa Civil determina. No se activó a tiempo el sistema local de emergencias.
Metrogas sostuvo que actuó de acuerdo con sus procedimientos. Esa versión deberá contrastarse con las pericias y las comunicaciones registradas. La Justicia debe determinar quiénes conocían el riesgo, qué decisiones tomaron y por qué no se evacuó la zona antes de la explosión. No alcanza con reconstruir cómo se rompió el caño: hay que establecer por qué no se evitó el estallido.
Metrogas no puede esconderse detrás de una tercerizada
La obra estaba a cargo de Exgadet S.A., contratada por Metrogas para realizar trabajos de renovación de redes. La tercerización no puede funcionar como un mecanismo para diluir responsabilidades. Metrogas es la concesionaria del servicio y debe responder por las condiciones en que se ejecutan las tareas sobre una infraestructura que está bajo su operación.
El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires cuestionó los controles sobre este tipo de obras y advirtió sobre la presunta ausencia de un ingeniero matriculado que asumiera la responsabilidad técnica de los trabajos. También informó que había intimado a Exgadet en diciembre de 2025 y cuestionó que la empresa no presentara el contrato profesional correspondiente.
No es la primera vez que una contratista vinculada a Metrogas queda bajo cuestionamiento por un hecho grave. En 2016, dos operarios murieron por intoxicación con gas durante trabajos en Barracas. La seguridad no puede depender de la rentabilidad de las empresas ni quedar subordinada a la reducción de costos.

Manzano y los negocios detrás del servicio
Mientras las condiciones de seguridad vuelven a estar en discusión, Metrogas forma parte de una operación empresarial millonaria. YPF acordó vender el 70% de la distribuidora a Edenor por 780 millones de dólares. La operación todavía requiere autorizaciones para concretarse e involucra a una empresa controlada por el grupo empresario integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.
A eso se suma el acuerdo para extender por 20 años la licencia de Metrogas, hasta 2047, con compromisos de inversión adicionales. El interrogante es inevitable: ¿quién controla que esas inversiones se traduzcan en infraestructura segura, mantenimiento y prevención? Los usuarios pagan tarifas cada vez más altas, pero siguen expuestos a las consecuencias de un servicio cuya prioridad no puede ser el negocio.
Los gobiernos también son responsables
La responsabilidad no termina en Metrogas y Exgadet. Los gobiernos municipal, provincial y nacional también son responsables.
Este lunes, ante el reclamo de los vecinos damnificados, el intendente de Lanús, Julián Álvarez, se acercó con algunas respuestas sobre la asistencia y la situación de las familias afectadas. Pero, cuando le exigieron explicaciones por la intervención municipal en la obra, respondió: «El Municipio no tiene ninguna responsabilidad en chequear o fiscalizar las obras en curso».
Una afirmación que busca desligar al gobierno local de una responsabilidad que no puede eludir. Es cierto que la supervisión técnica de las instalaciones de gas corresponde a la distribuidora y a los organismos reguladores. Pero el Municipio tiene competencias sobre las intervenciones en el espacio público, los permisos para abrir calles y veredas y el cumplimiento de las condiciones administrativas de las obras. Debe explicar qué documentación exigió, qué controles realizó sobre la contratista y cómo verificó que se cumplieran las condiciones para trabajar en la vía pública.
También debe aclarar por qué, cuando personal de seguridad municipal se acercó al lugar y recibió la respuesta empresarial de que la situación estaba controlada, no se activaron mecanismos de prevención más rigurosos. El Colegio de Ingenieros cuestionó, además, la Ordenanza municipal 1287, que exige matriculación profesional, pero no la presentación de los contratos que permitirían verificar quién asumió efectivamente la responsabilidad técnica de la obra.
La responsabilidad alcanza al gobierno provincial de Axel Kicillof. La Provincia debe explicar cómo fiscaliza el cumplimiento de las normas que regulan el ejercicio profesional de la ingeniería y qué controles corresponden sobre obras de esta naturaleza. El Colegio de Ingenieros también señaló falencias en los mecanismos de supervisión y advirtió que había intimado a Exgadet en 2025. ¿Qué hicieron los organismos provinciales frente a esas advertencias? ¿Por qué no evitaron que la empresa continuara trabajando sin que se esclarecieran esas irregularidades?
Y el gobierno nacional de Javier Milei es el mayor responsable. La distribución de gas es un servicio público bajo regulación nacional. La Ley Bases dispuso la reorganización de los organismos reguladores y el Decreto 452/2025 creó el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. En un contexto de ajuste y achicamiento de las capacidades estatales, el Gobierno debe demostrar que esa reorganización no debilitó la fiscalización. El ente regulador tiene que contar con capacidad efectiva para inspeccionar, auditar y sancionar a las concesionarias. No se pueden garantizar negocios y extensiones de licencias mientras la seguridad de la población queda en segundo plano.
Todos los gobiernos son responsables y deben abrir la información sobre sus intervenciones y controles. No alcanza con que cada jurisdicción señale al responsable de la otra. Es una cadena de responsabilidades

Nuevas pérdidas: el miedo sigue en los barrios
La preocupación no terminó con la explosión. En los días siguientes, vecinos denunciaron nuevos episodios de olor a gas y posibles pérdidas en distintos puntos de Lanús, entre ellos la zona de Garay y Rosales.
Este lunes, otro operativo de emergencia se desplegó en Hipólito Yrigoyen —la avenida Pavón— y 25 de Mayo, cerca de la estación Lanús, tras una denuncia vecinal por una pérdida en un caño de baja presión. Intervinieron cuadrillas de Metrogas, Bomberos, Defensa Civil y personal municipal, con cortes de tránsito y medidas preventivas. El jefe de Bomberos informó que trabajaron sobre tres pérdidas en la zona y que, al momento de sus declaraciones, una continuaba activa y debía ser reparada.
Aunque Metrogas señaló que esta situación no estaba relacionada con la rotura que provocó la explosión del viernes, la sucesión de alertas profundiza la preocupación. Después de una tragedia de esta magnitud, no alcanza con asegurar que cada episodio está controlado: hacen falta inspecciones exhaustivas, información pública y garantías verificables sobre el estado de las redes.
Vecinos en las calles: Metrogas cerrada y custodiada por la Policía
La respuesta de los vecinos fue organizarse y salir a reclamar. El domingo hubo una concentración en Garay e Hipólito Yrigoyen, en Remedios de Escalada, donde una asamblea resolvió profundizar el plan de lucha. Este lunes, vecinos y damnificados movilizaron a la sucursal de Metrogas en Banfield, en Larroque 199, para exigir explicaciones y respuestas concretas.
Pero se encontraron con las oficinas cerradas y un cordón policial. No hubo representantes de la empresa que recibieran a los vecinos ni respuestas sobre lo ocurrido. Las familias que perdieron sus viviendas y los comerciantes que vieron destruida su fuente de trabajo fueron a exigir explicaciones y encontraron una empresa protegida por la Policía, pero ausente frente a quienes padecieron las consecuencias de su servicio.

La jornada continuó con una nueva concentración en Garay e Yrigoyen, donde los vecinos se reunieron para compartir información y resolver cómo seguir. Reclaman justicia, reparación de los daños, asistencia para los damnificados y garantías de seguridad para todo el barrio. La bronca también apunta a que nadie quiere hacerse cargo: cada actor intenta trasladar la responsabilidad al siguiente.
Comisión investigadora independiente y control de los servicios
Sostenemos que hace falta una comisión investigadora independiente, con participación de vecinos, trabajadores y especialistas, que pueda acceder a la documentación de la obra, los permisos, los protocolos, las inspecciones y las comunicaciones entre las empresas y los organismos públicos. También reclamamos el castigo a todos los responsables y la reparación integral de las víctimas y las familias afectadas.
Pero el problema no termina en Metrogas. Hay que abrir los libros contables de las empresas que administran los servicios públicos, conocer sus ganancias, sus inversiones y el destino de los recursos que aportan los usuarios. Si las tarifas aumentan y las ganancias empresariales se multiplican mientras las redes y los servicios se deterioran, hace falta una auditoría pública e independiente.
La discusión alcanza también a otros servicios esenciales, como AySA y el acceso al agua, un bien común que no puede quedar subordinado al negocio privado. Frente a la crisis ambiental y los fenómenos climáticos extremos, la planificación, la inversión y el control público son indispensables. No podemos esperar a que otro servicio privatizado termine en un nuevo crimen social.
El gas, el agua y la energía deben estar bajo control estatal, de trabajadores y usuarios, con participación democrática, inversión y seguridad garantizadas.
Una vez más, los costos de los negocios y de la falta de controles los paga el pueblo trabajador. Los muertos, los heridos y quienes ponen el cuerpo en condiciones de riesgo son siempre trabajadores. No puede haber impunidad para las empresas ni para los gobiernos responsables. Cuando la rentabilidad está por encima de la vida, no estamos ante una fatalidad: estamos frente a un crimen social.


