La fiscal Alejandra Mángano solicitó archivar la denuncia contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por el viaje de su pareja en un vuelo oficial. El argumento: no hubo gasto extra para el Estado. El fallo reaviva el debate sobre privilegios, ajuste y doble vara judicial.
Un fallo que cierra la investigación
La fiscal Alejandra Mángano pidió archivar la denuncia que investigaba si hubo malversación de fondos en el viaje a Nueva York de la esposa de Manuel Adorni.
El argumento central fue contundente: la presencia de Bettina Angeletti en el avión oficial “no generó un costo adicional para el Estado”, por lo que no habría delito que investigar. Sin impulso fiscal, el expediente quedaría cerrado en manos del juez.
El argumento del “costo marginal”
La decisión retoma una justificación ya utilizada por el propio gobierno de Javier Milei: la idea de que, si había asientos disponibles, sumar a un acompañante no implica gasto.
Este razonamiento —tomado de la lógica económica del “costo marginal”— traslada criterios de eficiencia empresarial al uso de recursos públicos, dejando en segundo plano la discusión sobre la legalidad y la ética en la función pública.
Un viaje bajo sospecha
El caso se originó tras conocerse que la pareja de Adorni, sin cargo oficial, formó parte de la comitiva que viajó a Nueva York en un vuelo presidencial para el evento “Argentina Week”.
La denuncia apuntaba a determinar si esto constituía un uso indebido de bienes del Estado.
El episodio generó fuerte polémica, no solo por el viaje en sí, sino por el contraste con el discurso oficial contra los “privilegios de la casta”.
Entre el ajuste y los privilegios
El fallo se produce en un contexto donde el gobierno impulsa un fuerte ajuste sobre salarios, jubilaciones y gasto público.
Mientras se recortan recursos en áreas sensibles, el uso de bienes estatales para fines personales —aunque sea justificado como “sin costo adicional”— abre interrogantes sobre las prioridades del poder.
Justicia y doble vara
La decisión de archivar la causa también reaviva cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial.
El criterio adoptado —centrado exclusivamente en la existencia o no de gasto adicional— deja de lado otros aspectos clave, como el uso indebido de recursos públicos o los principios de igualdad y transparencia.
Este tipo de resoluciones consolidan una doble vara: rigor para las mayorías, flexibilidad para quienes ocupan el poder.
Un modelo que naturaliza privilegios
El caso de Adorni no es aislado. Se inscribe en una serie de episodios que ponen en evidencia la convivencia entre un discurso de austeridad extrema y prácticas que reproducen lógicas de privilegio.
La idea de que “si no cuesta más, está permitido” instala un criterio peligroso: convierte al Estado en un espacio disponible para usos personales, siempre que no se altere el presupuesto.
No se trata solo de cuánto cuesta, sino de para quién está el Estado. Mientras se exige sacrificio a las mayorías, los privilegios se reciclan bajo nuevas excusas. Y frente a eso, la pelea no es solo contra un fallo judicial, sino contra un modelo que naturaliza que el poder haga uso de lo público como si fuera propio.
Nuevamente, ante la inocuidad de la justicia adicta al poder político, se vuelve necesaria la conformación de una comisión independiente que lleve la investigación hasta el final.
