El conflicto docente en Córdoba atraviesa un momento decisivo. Luego de dos meses de lucha con cuatro propuestas rechazadas, el gobierno de Martín Llaryora avanzó con una quinta oferta salarial exprés en medio de un operativo represivo que buscó torcer la voluntad de las bases en la Asamblea Provincial de UEPC.
Represión para imponer una salida
En el marco de la asamblea provincial de este lunes, el gobierno provincial desplegó un operativo con gases, balas de goma y detenciones para impedir el ingreso de delegados que llevaban el mandato de rechazo votado por el 70% de la docencia.
Sin embargo, la primera maniobra fue derrotada: la determinación de la docencia —expresada en UEPC Capital y en distintas delegaciones con un amplio activismo provincial— permitió que finalmente pudieran ingresar y sesionar.
Este hecho marca un punto de inflexión: el ajuste no pasa solo por la política salarial, sino también por la represión y la articulación del Gobierno con la burocracia sindical celeste para intentar imponerlo.
La quinta propuesta: concesiones parciales sin resolver el fondo
Es clave entender que ya no se trata de la cuarta, sino de una quinta propuesta que el gobierno presentó a último momento, mientras se desarrollaba la Asamblea Provincial, para intentar destrabar el conflicto y lograr que algunos departamentales celestes —y así fue— cambiaran su voto por aceptación. Negándose a la propuesta de la oposición de que se activen nuevamente los mecanismos de consulta para que las escuelas definan su aceptación o rechazo.
Esta nueva oferta incluye algunas modificaciones: al aumento inicial de la cuarta propuesta (que incluía un 18,8% para docentes con 30 horas cátedra y un 23.3% para el cargo de maestra de grado) se le incorpora la devolución de un descuento más por día de paro—a condición de que los docentes recuperemos los aprendizajes de ese día en las aulas— una suma adicional de 20 mil pesos más en dos tramos para jubilados. Además, retoma el esquema de actualización por IPC (Índice de Precios al Consumidor) hasta Enero 2027, reemplazando el 2% fijo hasta Octubre muy cuestionado de la 4ta propuesta. Es decir, que los salarios se ajustarán según la inflación mensual. Sin embargo, aunque este mecanismo es ultra necesario no recompone lo perdido previamente, sino que solo acompaña la inflación hacia adelante. Por eso, aunque hemos conquistado nuevas modificaciones respecto de ofertas anteriores, la propuesta sigue siendo insuficiente en términos de recomposición salarial real, pero demuestra que en estos dos meses logramos que el gobierno tenga que soltar más plata después de cada rechazo, pudiendo aprobar la quinta propuesta sólo mediante la traición de delegados departamentales celestes.
Sanciones y persecución: disciplinar a quienes luchan
En este marco, la Asamblea Provincial avanzó en una medida profundamente antidemocrática: votar sanciones contra el secretario general, Franco Boczkowski, y la secretaria adjunta de UEPC Capital, Graciela Güell, en un claro intento de aleccionar a quienes vienen impulsando la lucha junto a un conjunto de departamentos y activistas de la provincia. La justificación fue que estos dirigentes “incitan a la violencia y el odio” contra Cristalli. Sin embargo, esta acusación busca encubrir una realidad evidente: el repudio hacia su figura es generalizado en la docencia cordobesa. De hecho, en múltiples mandatos de base se incluye el pedido de renuncia del secretario general provincial.
No estamos frente a un hecho de “violencia”, sino ante la expresión legítima de rechazo hacia una conducción que, desde una posición de poder, intenta imponer propuestas salariales de miseria. Estas sanciones forman parte de una política más amplia de disciplinamiento, que combina represión estatal con persecución sindical.
Crisis de la burocracia y maniobras para cerrar el conflicto
La conducción celeste, encabezada por Cristalli, atraviesa una crisis profunda. En esta paritaria ha quedado cada vez más alejada de las bases, intentando hacer pasar propuestas que luego son rechazadas masivamente.
Su rol en los últimos acontecimientos fue particularmente grave: no solo avaló el operativo represivo, solicitando incluso policías de civil dentro de la asamblea, sino que también se negó a suspender la misma ante la detención del delegado departamental por Capital, Pablo Perón, evidenciando su alineamiento con el gobierno. Gracias a la lucha aguerrida de todos los manifestantes afuera de la Asamblea Provincial y luego en la comisaría donde se encontraba detenido, logramos su liberación.
Un escenario nacional de lucha
El conflicto en Córdoba no es un hecho aislado. Forma parte de un escenario nacional atravesado por el ajuste del gobierno de Javier Milei, que eliminó el FONID (incentivo docente) y avanza con políticas de recorte y disciplinamiento.
En distintas provincias hay conflictos abiertos por salario y condiciones laborales. Sin embargo, la falta de coordinación —sostenida por las burocracias sindicales— impide transformar esa dispersión en una fuerza unificada capaz de torcer el rumbo del ajuste. La posibilidad de articular estas luchas aparece como una perspectiva clave: unificar los reclamos podría no solo fortalecer a la docencia, sino también golpear el conjunto de la política de ajuste.
Perspectivas: profundizar la organización y la lucha
Lejos de cerrar el conflicto, las maniobras del gobierno y la burocracia han profundizado la bronca. En las escuelas ya se discuten nuevas acciones: se convocó a una marcha el Martes 21, asamblea abierta a contraturno para el miércoles 22 y formas de sostener la organización después del fraude celeste.
El desafío es claro: fortalecer y profundizar la lucha provincial, articulando a todas las delegaciones que vienen enfrentando las maniobras de la burocracia y ganando protagonismo en cada departamento. Lo que está en juego no es solo una paritaria. Es la posibilidad de construir una salida favorable para la docencia a partir de la unidad, la organización desde las bases y la coordinación con el conjunto de las luchas en curso.
