Los datos oficiales de agosto muestran que se perdieron otros 7.600 puestos asalariados privados y que la caída ya acumula 168.400 empleos desde junio de 2025. En paralelo, el monotributo registró su mayor crecimiento en dos años. La tendencia expone un mercado laboral cada vez más precarizado, con trabajadores que pierden estabilidad, derechos y capacidad de compra.
El deterioro del mercado laboral argentino continúa profundizándose. Según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), publicados por la Secretaría de Trabajo, el empleo asalariado privado acumuló en agosto su decimoquinto mes consecutivo de caída. Durante ese mes se perdieron 13.600 puestos de trabajo registrados: 7.600 correspondieron al sector privado, 5.400 al público y otros 600 al personal de casas particulares.
La tendencia es contundente. Desde junio de 2025 desaparecieron 168.400 puestos asalariados privados. Si se consideran también el empleo público y el trabajo en casas particulares, la pérdida llega a 183.400 puestos durante ese período. Y desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, la reducción total del empleo asalariado registrado alcanza los 386.200 puestos.
Mientras el Gobierno insiste en presentar los indicadores macroeconómicos como señales de recuperación, el mundo del trabajo muestra otra realidad: menos empleo estable, mayor precarización y salarios que siguen sin alcanzar para cubrir las necesidades básicas.
Crece el monotributo mientras retrocede el empleo con derechos
Uno de los datos más reveladores del informe es el crecimiento del monotributo. En agosto se incorporaron 19.000 nuevos aportantes, el mayor aumento mensual desde agosto de 2024. Desde el comienzo de la gestión libertaria, el régimen sumó 201.189 inscriptos.
El contraste es significativo: mientras se destruyen puestos asalariados privados, crecen las modalidades de trabajo independiente y por cuenta propia. No se trata de una recuperación equivalente del empleo, porque el monotributo no ofrece las mismas condiciones que una relación de dependencia: estabilidad, vacaciones pagas, aguinaldo, licencias, indemnización y protección laboral.
Tampoco puede afirmarse que cada nuevo monotributista sea una persona que perdió un empleo formal. Las estadísticas no permiten establecer esa relación individual. Pero la evolución simultánea de ambos indicadores muestra un cambio preocupante en la composición del mercado laboral.
La precarización también aparece en los datos del INDEC. Durante el segundo trimestre de 2026, la cantidad de personas ocupadas creció en términos interanuales, pero ese incremento estuvo impulsado principalmente por el trabajo informal. Según las cifras difundidas, la informalidad pasó del 43% al 45% de la población ocupada. Es decir, se expanden las formas de trabajo sin las garantías y protecciones que debería asegurar un empleo digno.
Industria y comercio, entre los sectores más golpeados
La destrucción de puestos de trabajo no afecta por igual a todas las actividades. La industria manufacturera y el comercio continúan encabezando las pérdidas. De acuerdo con el investigador Luis Campos, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, la industria acumula 22 meses consecutivos de deterioro del empleo formal. En los últimos tres años perdió cerca de 100.000 puestos de trabajo, una caída superior al 8%.
El retroceso industrial expresa las consecuencias de un modelo que combina apertura de importaciones, caída del consumo interno y retracción de la actividad productiva. Las empresas reducen personal o directamente cierran, mientras las pequeñas y medianas industrias enfrentan dificultades para sostener sus niveles de producción.
El comercio también sufre el impacto de la pérdida de poder adquisitivo. Con salarios que no acompañan el costo de vida y familias que restringen sus consumos, la caída de las ventas termina repercutiendo sobre los puestos de trabajo.
No es una cuestión de estadísticas abstractas: detrás de cada puesto perdido hay una familia que pierde ingresos, cobertura social y previsibilidad. Y cuando el empleo formal desaparece, la alternativa para muchos trabajadores no es conseguir otro trabajo en mejores condiciones, sino aceptar changas, facturar como monotributistas o ingresar a la informalidad.
Un pequeño repunte salarial que no alcanza
El informe del SIPA también registró una mejora real del 1,6% en los salarios privados durante agosto. Fue el avance más importante en 14 meses, pero no alcanza para revertir el deterioro acumulado ni para hablar de una recuperación sostenida.
Según los datos citados por Campos, la mitad de los asalariados registrados del sector privado cobró menos de $1.445.482 en mano. En ese mismo mes, la Canasta Básica Total para una familia tipo alcanzó los $1.605.497, valor que marca la línea de pobreza. Así, incluso entre trabajadores registrados, los ingresos pueden quedar por debajo de lo necesario para cubrir los gastos básicos de un hogar.
La situación muestra los límites de un discurso oficial que presenta la estabilización macroeconómica como sinónimo de bienestar. La baja de la inflación respecto de los picos anteriores no recompone automáticamente los salarios ni recupera los empleos destruidos. Mucho menos resuelve el problema de quienes trabajan en condiciones precarias y sin protección social.
El costo social del modelo
Los números del empleo vuelven a poner en discusión el rumbo económico del Gobierno. La promesa de que el ajuste y la desregulación generarían una expansión de la actividad y nuevas oportunidades laborales contrasta con 15 meses de caída del empleo asalariado privado y con el crecimiento de modalidades más precarias de inserción laboral.
La reforma laboral que impulsa el oficialismo tampoco puede analizarse separada de este escenario. En lugar de discutir cómo generar puestos de trabajo genuinos, con salarios suficientes y derechos, el Gobierno insiste en flexibilizar las condiciones laborales y reducir las protecciones conquistadas por generaciones de trabajadores.
La pregunta es quién se beneficia con esta transformación. Mientras las patronales reclaman menores costos y mayor flexibilidad, los trabajadores enfrentan despidos, pérdida de ingresos y la necesidad de multiplicar actividades para llegar a fin de mes.
La recuperación económica no puede medirse solamente por indicadores financieros o por el resultado de las cuentas públicas. Si la actividad no se traduce en empleo estable, salarios dignos y mejores condiciones de vida, la supuesta recuperación deja afuera a las mayorías. Los datos de agosto confirman que, bajo el gobierno de Milei, el ajuste sigue teniendo una factura laboral y social que pagan quienes viven de su trabajo.
