Por Mariana Bruno y Lucila Amaría Juari
La investigadora del INTA y el CONICET enfrenta un sumario administrativo que podría terminar en su exoneración por haber coordinado en Argentina el proyecto internacional SPRINT, que reveló la presencia de plaguicidas en cuerpos, ambiente, agua y territorios. En este marco, mientras el gobierno de Milei profundiza el ajuste y el desguace de la ciencia pública, defender a Virginia se vuelve una trinchera fundamental para defender una ciencia al servicio de los pueblos y no del agronegocio.
Virginia Aparicio lleva más de veinte años en la Estación Experimental Balcarce del INTA. Es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora independiente del CONICET. Buena parte de su trayectoria está dedicada al estudio y medición de la presencia y el comportamiento de plaguicidas en suelos, agua, alimentos y organismos.
Ahora enfrenta un sumario que busca expulsarla de la Administración Pública Nacional. Como ella misma expresó a Tiempo Argentino: “Con la exoneración me quitan mi identidad”. Lo que está en juego es más que un puesto de trabajo. Se busca disciplinar por “destierro” de la praxis científica argentina a una profesional de reconocimiento internacional que estudia los agrotóxicos desde 2013. ¿Por qué? Por desviarse del discurso negacionista que busca imponer el establishment del agronegocio.
El costo de las prácticas antiéticas de las instituciones estatales siempre lo pagamos los de abajo, con la degradación de nuestras condiciones de existencia y las vidas sacrificadas para acrecentar las ganancias de los terricidas.
La investigación que quieren censurar
El sumario está directamente relacionado con su rol como coordinadora argentina de “Transición Sostenible de la Protección Vegetal: un Enfoque de Salud Global” (SPRINT), un proyecto financiado por la Unión Europea para evaluar los impactos de los plaguicidas de forma integral. Argentina fue el único país sudamericano en participar y su incorporación contó con la aprobación del propio INTA. La investigación comenzó en septiembre de 2020 y finalizó en 2026. Sin embargo, el INTA se retiró de manera informal en diciembre de 2023, aún en la gestión de Mariano Garmendia, durante el Gobierno de Alberto Fernández.
La investigación contó con dos fases. La diagnóstica analizó a 73 participantes de distintas localidades productivas, evaluando muestras de sangre, orina y materia fecal, además de alimentos, suelos, agua, granos, animales y polvo de hogares. A su vez, los participantes utilizaron pulseras para registrar la exposición ambiental.
Cuando aparecieron los primeros resultados, comenzó la censura.
Veneno en los cuerpos, en el agua y en el aire
Los datos arrojados son escalofriantes:
- En el 100% de los participantes se encontraron residuos de plaguicidas: entre 2 y 10 sustancias en sangre, entre 6 y 13 en orina y hasta 18 en materia fecal.
- El glifosato (el pesticida más usado en la agricultura a gran escala en nuestro país) apareció en el 86,1% de las muestras de orina de los participantes locales y en el 100% de la materia fecal en la provincia de Buenos Aires.
- Se detectó clorpirifós en el 37,7% de las personas estudiadas, una sustancia cuyo uso y comercialización fueron prohibidos en Argentina por SENASA entre 2021 y 2023.
- En el ambiente se detectaron entre 6 y 22 plaguicidas en alimentos, entre 43 y 86 en polvo de hogares y entre 10 y 28 en agua superficial.
Hablamos de una exposición extendida que atraviesa los territorios y los cuerpos.
El abandono del Estado se evidencia más aún en zonas como el sureste de la provincia de Buenos Aires, donde se realizaron los muestreos. V. Aparicio enfatizó ante Enrique Tenembaum: “La comunidad que brindó altruistamente muestras de sus matrices (nos dió las muestras de heces, de orina, de sangre) a la investigación, se quedó con el sinsabor de participar de algo que después no se le explicó. Y ellos son parte de una comunidad que nos representa a todos”.
Un gobierno que disciplina a sus investigadoras y privilegia a las grandes empresas extractivas antes que brindar garantías de seguridad ambiental a su pueblo, es responsable por omisión y por acción. Virginia lo dice con sus propias palabras en entrevistas radiales: “Si uno no puede estudiar las cosas y entenderlas, no puede corregirlas (…). Sin información científica no se pueden tomar buenas decisiones, ni siquiera sabemos qué riesgos corremos.”
El impacto de los agrotóxicos utilizados en la producción de granos para exportación y alimentación animal no se limita al ambiente: la exposición a determinados plaguicidas se ha asociado con cáncer, alteraciones neurológicas, reproductivas y del desarrollo. Algunos están prohibidos o restringidos en otros países. Es el caso de la atrazina, prohibida en Uruguay desde 2016, pero aún utilizada en Argentina, especialmente en cultivos como el maíz.
Invisibilizar estos impactos y negar información sobre sus riesgos impide que la población pueda conocer, prevenir y decidir sobre aquello que afecta su salud y su ambiente, vulnerando el derecho de acceso a la información ambiental reconocido por el Acuerdo de Escazú, vigente en Argentina desde 2021.
Persecución, censura y disciplinamiento
La persecución contra Virginia no comenzó con Milei. En 2023, bajo el gobierno de Alberto Fernández, la conducción del INTA (Mariano Garmendia, Nacira Muñoz y Carlos Parera) frenó la difusión de SPRINT y retiró al país del proyecto. Con Milei, la agresión escaló al sumario y la amenaza de exoneración. Dos gobiernos, una misma política de disciplinamiento.
No es casualidad que el Consejo Directivo del INTA esté integrado por representantes de la Secretaría de Agricultura junto a las patronales del campo como AACREA, CONINAGRO y la Federación Agraria. Quienes se enriquecen con el modelo conducen el organismo que debería fiscalizarlos. Esto se combina hoy con la política de la motosierra de Milei, que vacía organismos estatales, desfinancia al CONICET y universidades, precariza investigadores y destruye la ciencia pública.
Tampoco es un hecho aislado, los ejemplos de persecución y censura alrededor del agronegocio abundan. Un caso emblemático es el de Andrés Carrasco, fallecido biólogo celular y embriólogo, quien fue presidente de CONICET y ex director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA. Carrasco no esperó la validación burocrática de los papers ni las revistas científicas internacionales para responder al reclamo de las comunidades. Y al comprobar que el glifosato producía malformaciones embrionarias, hizo públicos sus resultados en los medios de comunicación junto a las denuncias y las luchas territoriales como las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo. Demostró así lo que significa la ciencia digna: una investigación al servicio de las comunidades fumigadas y no de la carrera académica ni de las corporaciones. Su decisión le valió el hostigamiento del poder político y el agronegocio, pero sentó un antecedente imborrable.
¿Por qué importa desligar los resultados del SPRINT y quienes encabezan este trabajo en Argentina?
Los datos arrojados por la fase diagnóstica ya fueron citados en fallos donde se fijan límites a las fumigaciones, como sucedió sobre los campos de Eurnekian en Chaco. Por otra parte, no se descarta la posibilidad de ser utilizados en querellas como es el caso de Pablo Piovano en Entre Ríos.
A este historial de persecución se suma la reciente y escandalosa censura en Mendoza por el proyecto megaminero San Jorge. La cúpula del CONICET borró de su sitio web el informe de sus propios investigadores donde se advertía que el proyecto pretendía instalarse sobre ambiente periglacial, violando la Ley de Glaciares y amenazando la cuenca del Río Mendoza. La eliminación del documento no fue un descuido, sino un acto de subordinación política directa al gobierno provincial de Cornejo para allanar el camino al lobby minero en la Legislatura y ocultarle a la población el impacto real de la megaminería sobre el agua.
Lo que sufre Virginia en el INTA, la persecución a Carrasco y la censura en Mendoza responden a una misma lógica: cuando la investigación independiente demuestra cómo el extractivismo pone en riesgo el agua, la tierra y nuestros cuerpos, las autoridades de los organismos de ciencia actúan como guardianes del negocio corporativo para silenciar la verdad.
Ciencia para los pueblos, no para el negocio
Todos los gobiernos consolidaron en el país una matriz extractivista, de economía reprimarizada y dependiente, orientada a la exportación de commodities: monocultivo, deforestación, transgénicos y agrotóxicos intensivos destinados en gran medida a la producción de alimento para ganado. Un engranaje ensamblado para juntar dólares, pagar deuda externa y garantizar la rentabilidad corporativa.
Las grandes empresas no solo controlan el modelo productivo, sino que orientan la agenda científica pública.
La discusión sobre la ciencia es una discusión de clase. Las ciencias se desarrollan dentro de un sistema económico concreto y bajo relaciones de dominación. En el capitalismo, los laboratorios, la infraestructura, los presupuestos y el conocimiento no se gestionan para el bienestar general de la humanidad, sino subordinados a las necesidades de acumulación y ganancia de la clase dominante.
Por eso no cuestionamos el conocimiento, sino un modelo que lo usa al servicio de las corporaciones.
Desde la Red Ecosocialista defendemos la ciencia pública con presupuesto, autonomía de investigación y bajo control democrático de los trabajadores. Una ciencia que no mida su éxito en patentes ni ganancias, sino en su capacidad para investigar al poder sin pedir permiso y construirse codo a codo con los pueblos en lucha.
Poner el conocimiento al servicio de mejorar la calidad de la vida y las necesidades sociales exige transformar de raíz el modelo productivo. Esto es posible prohibiendo los agrotóxicos y transgénicos, con una transición agroecológica acompañada de la reforma agraria y sobre la base de una planificación social de la producción de alimentos.
¡Si tocan a Virginia, nos tocan a todxs!
Defender a Virginia Aparicio es levantar un escudo en defensa del derecho a investigar, de la ciencia pública y de la salud de nuestros pueblos. No es ella quien tiene que dar explicaciones por investigar los agrotóxicos: las explicaciones tienen que darlas quienes nos envenenan, quienes censuraron las investigaciones, y quienes hoy impulsan su exoneración para garantizar la impunidad del agronegocio.
No vamos a permitir que avancen. Salir a defender a Virginia es pararle la mano a la impunidad persecutoria del gobierno, romper el cerco del apriete corporativo y defender el derecho inalienable de nuestros pueblos a saber qué respiran, qué comen y qué pasa en sus territorios.
¡Basta de persecución! ¡Anulación inmediata del sumario a Virginia Aparicio!
¡La ciencia no se censura!
