A sus 70 años y con más de 52 como librero, entrevistamos a Carlos Alberto Morón, tal vez una de las voces mas autorizadas en el país, para comprender los alcances del nuevo ataque a la cultura que proyecta el gobierno de Javier Milei.
Entrevistó: Adalberto González
Carlos Alberto, quién también es médico, eligió dedicar su vida al oficio de librero convencido de que los libros y las librerías cumplen un papel irreemplazable en la construcción de una sociedad más crítica, más libre y con mayor acceso a la cultura. Desde hace más de 40 años participo de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA), donde formó parte de numerosas luchas gremiales en defensa de los libreros.
Integra el Consejo de la Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Desde hace dos años es además, secretario de la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA), entidad que representa a las librerías de todo país porque entendemos que defender una librería no es solamente defender un comercio: es defender un espacio de encuentro, de circulación de ideas, de acceso democrático al libro y de construcción de comunidad.
¿Contanos entonces, cuales son los alcances de la ley del libro que el gobierno pretende derogar?
Estamos hablando de la Ley 25.542, conocida como Ley de Defensa de la Actividad Librera o ley de precio uniforme del libro. Es una norma muy sencilla: el editor o el importador fija el precio de venta al público de cada libro y ese mismo título debe venderse al mismo precio en cualquier punto del país, tanto en una librería de barrio como en una gran cadena, un supermercado o una plataforma digital.
La ley no fija los precios, no dice cuánto debe valer un libro y tampoco impide la competencia. Las editoriales siguen compitiendo por autores, catálogos, calidad y precio; y las librerías compiten por la atención, el servicio, la cercanía, la recomendación y las actividades culturales. Lo que la ley evita es que una empresa con una enorme capacidad financiera venda los libros más buscados por debajo de su valor para desplazar a quienes no pueden sostener esos descuentos.
Hay otro punto que debe quedar claro: esta ley no tiene costo fiscal. No es un subsidio ni una protección que pague el Estado. Es una regla de mercado que permite que un libro tenga el mismo precio en la Ciudad de Buenos Aires, en La Quiaca, en Tierra del Fuego o en cualquier otra localidad del país.
¿Qué busca el Gobierno con la derogación?
El Gobierno sostiene que busca eliminar regulaciones, ampliar la libertad económica y dejar que la competencia determine los precios. Ese es el argumento con el que presenta la propuesta.
Nosotros creemos que se parte de un diagnóstico equivocado. Se supone que, si se permiten descuentos sin límites, los libros van a bajar de precio. Pero el mercado del libro no funciona como el de cualquier producto. Cada título es distinto y la competencia por precio se concentra casi siempre en un grupo muy reducido de libros de mayor venta.
Una plataforma, un supermercado o una gran cadena pueden ofrecer esos veinte o treinta títulos con descuentos muy grandes, incluso perdiendo dinero, porque usan el libro para atraer consumidores hacia otros negocios. Una librería independiente, cuyo ingreso depende de la venta de libros, no tiene esa posibilidad.
No estamos, entonces, ante una competencia entre iguales. La desregulación puede generar descuentos iniciales en los libros más vendidos, pero al mismo tiempo debilita la red de librerías, concentra el mercado y deja al resto del catálogo —los autores nuevos, los libros de baja rotación, la poesía, el ensayo y las ediciones independientes— con menos espacios de exhibición y recomendación.
¿Qué antecedentes nacionales o internacionales podemos tomar como referencia?
La experiencia internacional es bastante clara. Francia, Alemania, España y Portugal mantienen sistemas de precio fijo o uniforme. Son países con mercados editoriales desarrollados, grandes grupos empresariales, plataformas y cadenas, pero también con una red importante de librerías independientes. El precio fijo no impidió la competencia; permitió que esa competencia no quedara limitada a quien tiene más espalda financiera para sostener descuentos.
En el otro extremo está el Reino Unido. Después de la eliminación del Net Book Agreement, el número de librerías independientes disminuyó de manera muy significativa. Los descuentos se concentraron en los libros de mayor venta, mientras que el precio general de los libros terminó creciendo por encima de la inflación y el mercado quedó concentrado en menos operadores (Francis Fishwick, “Book Prices in the UK Since the End of Resale Price Maintenance”, 2008; James Dearnley y John Feather, “The UK Bookselling Trade Without Resale Price Maintenance: An Overview of Change 1995–2001”, 2002).
Brasil, que no cuenta con una ley efectiva de precio uniforme, muestra también un mercado muy concentrado. Amazon alcanzó rápidamente una participación decisiva en la venta de libros impresos, mientras que las dos cadenas más grandes atravesaron procesos de quiebra que terminaron afectando también a editoriales y distribuidoras.
El Gobierno suele mencionar el caso de Grecia porque allí hubo una baja relativa de precios después de una desregulación parcial. Pero Grecia es un caso excepcional y no puede tomarse fuera de contexto. La reforma se hizo en 2014, en medio del rescate financiero impuesto por la Troika, una recesión muy profunda, una fuerte caída del consumo, aumentos del IVA y varios años de deflación. Además, el precio de los libros ya venía bajando desde 2012, dos años antes del cambio legal. Tampoco existen datos censales continuos que permitan medir con precisión qué ocurrió con las librerías. Por eso no se puede separar el efecto de la reforma de todo lo demás ni usar ese caso como una prueba concluyente (Kontolaimou, Prodromídis y Konstantakopoulou, “The Issue of Fixed Book Pricing: Evidence Based on the Greek Experience”, 2019).
En la Argentina hay, además, un dato muy concreto. A pesar de todas las dificultades económicas, el país mantiene una de las redes de librerías más extensas de América Latina. Tenemos muchas más librerías por habitante que Brasil, Colombia y otros mercados de la región que no cuentan con una ley efectiva de precio único.
En caso de derogarse la Ley del Libro ¿Qué consecuencias debería afrontar el sector?
La primera consecuencia sería, probablemente, una guerra de descuentos sobre los libros más vendidos. Al comienzo podría mostrarse como un beneficio para el consumidor, pero no sería una baja general de precios. Serían descuentos selectivos sobre unos pocos títulos usados como productos de atracción.
Las librerías independientes tendrían que competir con empresas capaces de vender esos libros al costo o incluso por debajo del costo. Muchas no podrían sostener esa situación. El proceso no sería inmediato ni se daría de la misma manera en todas partes, pero empezaríamos a ver cierres, especialmente en localidades pequeñas y medianas, donde una librería no tiene el volumen de ventas de las grandes ciudades.
Después vendría la concentración. Al reducirse el número de librerías, las editoriales tendrían menos compradores, los autores menos canales y los libros que no cuentan con grandes campañas publicitarias tendrían muchas menos posibilidades de ser exhibidos, recomendados y vendidos.
También habría una pérdida territorial muy importante. En muchas ciudades del interior, la librería no es solamente un comercio: es un lugar de encuentro, recomienda lecturas, trabaja con escuelas, organiza presentaciones, recibe a autores y sostiene actividades culturales. Cuando una librería desaparece, una plataforma no la reemplaza. Puede entregar un paquete, pero no cumple esa función cultural.
La derogación, además, generaría una desigualdad muy concreta. El lector de una gran ciudad podría acceder a promociones que nunca llegarían en las mismas condiciones a una localidad pequeña. La ley actual garantiza algo muy simple y muy federal: que el mismo libro tenga el mismo precio en todo el país.
La pretensión de derogar la Ley del Libro se suma a otros ataques a la cultura en su conjunto ¿Qué acciones tienen previstas para defenderla?
Nosotros no queremos presentar esta discusión solamente como la defensa de un sector comercial. Lo que estamos defendiendo es una parte de la estructura cultural del país.
La actividad editorial ya atraviesa una situación muy difícil: caída de ventas, reducción de tiradas, disminución de las compras públicas y cierre de empresas históricas. Derogar una ley que no tiene costo fiscal y que ayuda a sostener la red de librerías sería sumar un problema más a un sector que ya está muy golpeado.
Desde FALPA estamos trabajando con autores, editoriales, distribuidores, librerías, bibliotecas y las demás instituciones del libro. Y hay algo que vale la pena remarcar: dentro de toda la cadena existe una coincidencia prácticamente total. Incluso las grandes cadenas, que podrían obtener una ventaja inmediata con la desregulación, entienden que la derogación terminaría perjudicando al conjunto de la actividad.
Estamos hablando con legisladores y funcionarios, presentar evidencia nacional e internacional, participar en las comisiones donde se trate el proyecto y explicar públicamente qué es realmente esta ley. También estamos convocando a las librerías de todo el país para que conversen con sus comunidades, con sus clientes y con los representantes de cada provincia.
No queremos llevar esto a una discusión partidaria. Queremos que cada legislador, cualquiera sea su pertenencia política, entienda las consecuencias de su voto. Derogar esta ley es muy sencillo; reconstruir una red de librerías después de que desaparezca puede llevar décadas o, directamente, resultar imposible.
¿Quisieras agregar algo más?
Sí. Quisiera dejar algo muy claro: no estamos pidiendo un privilegio.
No pedimos subsidios, no pedimos fondos públicos y no pedimos que se impida la competencia. Pedimos conservar una regla que funciona en algunos de los mercados editoriales más importantes del mundo y que permite que empresas de distinto tamaño puedan convivir.
Un libro no es solamente una mercadería. Todos recordamos algún libro de nuestra infancia, alguno que nos acompañó en un momento difícil, que nos hizo pensar o que nos ayudó a comprender algo de nosotros mismos. Incluso quien no lee habitualmente sabe lo importante que es que sus hijos puedan hacerlo.
Detrás de cada libro hay un autor, un traductor, un corrector, un diseñador, una editorial, una imprenta, un distribuidor y, finalmente, una librería que lo acerca al lector. La Ley 25.542 protege todo ese recorrido sin costarle un solo peso al Estado.
Por eso esta discusión no puede reducirse a la promesa de un descuento ocasional. La pregunta de fondo es otra: ¿queremos un país con librerías en sus barrios y en sus ciudades, con diversidad de autores y editoriales, o queremos una actividad concentrada en dos o tres grandes operadores que decidan qué libros se ven, cuáles se venden y cuánto cuestan?
Después de un rato largo, algunos cafés, obviamente no perdimos la oportunidad para también hablar de libros y de comprometer a Periodismo de Izquierda y el MST en el FITU en las actividades que se propongan para evitar un nuevo ataque a la cultura. Defender la ley del libro aunque pudiera mejorarse, es un nuevo ataque del gobierno que dificultará aún más, a que los sectores populares accedan a la lectura, el conocimiento y por esa vía, pueda cuestionarse el statu quo de un sistema que cada día nos condena a no acceder a “una vida que merezca ser vivida”.
