El gobierno busca cambiar la ley de la autoridad monetaria para prohibir que el Estado intervenga en la economía. Una medida dictada por el FMI que garantiza el pago de la deuda a costa del hambre del pueblo trabajador.
El presidente Javier Milei blanqueó, en una entrevista radial, los detalles de la última reunión de gabinete del 9 de julio. El tema central fue avanzar con un plan para cambiar las reglas de juego del Banco Central. Bajo la mentira de buscar una supuesta “independencia institucional”, el mandatario pretende instalar un cerrojo legal que le quite al Estado cualquier herramienta para enfrentar crisis económicas. Una iniciativa que busca consagrar un modelo en donde se prioricen los intereses de los mercados financieros por sobre la vida de millones de trabajadores.
El corset legal contra el pueblo
El corazón de esta propuesta libertaria es prohibir de manera total que el Banco Central financie al Tesoro nacional. Milei pretende que el único trabajo de la entidad sea cuidar el valor de la moneda, descartando por completo objetivos como proteger el empleo o fomentar el desarrollo económico. Esta asfixia financiera sobre las cuentas públicas no viene sola, ya que se complementa con otra medida extrema para blindar el ajuste que también forma parte del debate oficial.
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Se trata de la legalización del llamado cierre estatal o shutdown. Este mecanismo implica que, si el gobierno se queda sin plata (que se sobrepasen las estimaciones presupuestales), automáticamente se apagan y desfinancian servicios básicos que dependen del Estado.
La conexión entre ambas políticas es más que clara. Al cortarle el financiamiento del Banco Central al Estado y obligarlo a mantener un presupuesto rígido, se aseguran de que la variable de ajuste sea siempre el pueblo. Atan de manos al sector público para garantizar rentabilidad a los grandes capitales, sin importar si los hospitales se quedan sin insumos o los docentes sin sueldos.
La agenda del FMI como norte
No es casualidad que el Fondo Monetario Internacional haya salido rápidamente a festejar esta iniciativa. El apoyo de este organismo de crédito confirma que estamos ante una de sus principales exigencias. Al sacarle al Banco Central la responsabilidad de atender las necesidades sociales, el FMI se garantiza cobrar primero. Quieren asegurar que cualquier moneda excedente vaya directo al pago de una deuda externa ilegítima en lugar de volcarse a la economía real para reactivar el consumo popular. La burocracia internacional aplaude esta medida porque deja a las familias trabajadoras totalmente expuestas ante cualquier salto inflacionario.
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Para intentar legitimar este feroz ataque, el gobierno insiste en denostar a las gestiones anteriores del Banco Central. Utilizan los fracasos de las administraciones pasadas como la excusa perfecta para justificar y profundizar un modelo aún más regresivo en el presente. A la par de estas críticas, durante la reunión de gabinete también se dedicó tiempo a otro tema que funciona como el sustento ideológico para justificar este saqueo económico.
El presidente y sus ministros discutieron un ensayo teórico escrito por el propio Milei junto a Demian Reidel. El mandatario prefiere jactarse de estos textos “académicos”, totalmente desconectados de la realidad que sufre la población, para disfrazar con supuesta ciencia lo que en verdad es una brutal transferencia de ingresos hacia los sectores más ricos. De esta manera, combinando críticas al pasado y teorías abstractas, avanzan con su plan de transformar al Banco Central en una isla separada de las urgencias populares. Terminan entregando la soberanía económica al control directo del capital financiero internacional.
Hacia una salida de clase
La reforma que impulsa el Ejecutivo de ninguna manera tiene como fin resolver la inflación. El objetivo central es subordinar definitivamente la política económica a las necesidades del gran capital. El oficialismo prepara el terreno junto a una oposición parlamentaria cómplice para que el sacrificio de los trabajadores se convierta en una norma inamovible. Esta supuesta independencia del Banco Central es, en definitiva, un escudo para proteger a la casta financiera frente a cualquier intento de soberanía popular.
Tanto la vieja carta orgánica utilizada para financiar la deuda con emisión ni este nuevo blindaje libertario resuelven los problemas de nuestro pueblo. La verdadera salida requiere nacionalizar el sistema financiero y el Banco Central para ponerlos bajo el control y la gestión directa de los trabajadores. Solo con una banca estatal única al servicio de las necesidades sociales y no de la usura, podremos terminar con este ciclo de crisis.
