La FIFA insiste en presentar al Mundial 2026 como una fiesta de la diversidad y la unión entre los pueblos. Pero la realidad muestra otra cara. Bajo la organización compartida con el gobierno de Donald Trump, el torneo quedó atravesado por políticas migratorias selectivas y discriminatorias que afectan especialmente a delegaciones de países del Sur Global. La contradicción de la organización del Mundial queda nuevamente expuesta con el caso del mediocampista de Ghana, Thomas Partey.
Las puertas se cierran para unos y se abren para otros
Los casos se acumulan. El futbolista iraquí Aymen Hussein fue retenido e interrogado durante horas al ingresar a Estados Unidos. Al fotógrafo iraquí Talal Salah directamente le negaron la entrada al país. El árbitro somalí Omar Artan, pese a contar con una visa válida, fue excluido del torneo. La selección de Uzbekistán denunció requisas y controles migratorios extraordinarios, mientras que Irán debió disputar el Mundial bajo restricciones especiales impuestas por las autoridades estadounidenses. Lejos de tratarse de hechos aislados, conforman un patrón que expone el racismo y la xenofobia que atraviesan la organización del evento.
Sin embargo, esa dureza desaparece cuando se trata de determinadas figuras del negocio del fútbol.
El caso más evidente es el de Thomas Partey. El vicecapitán de Ghana enfrenta ocho cargos por presuntas violaciones y agresión sexual en el Reino Unido, denunciados por cuatro mujeres. Aunque Canadá le negó el ingreso por el proceso judicial abierto en su contra, la FIFA lo habilitó para disputar el Mundial y Estados Unidos no le impidió ingresar para disputar los encuentros programados en su territorio.
La contradicción es evidente: mientras futbolistas, árbitros, periodistas y delegaciones enteras son retenidos, interrogados o excluidos únicamente por su nacionalidad, un jugador procesado por graves delitos sexuales puede cruzar las fronteras sin mayores inconvenientes para participar del espectáculo.
Un negocio también sostenido por una lógica patriarcal
El de Partey no es un caso aislado. El Mundial 2026 reúne a varios futbolistas con denuncias o antecedentes vinculados a la violencia de género.
El argentino Facundo Medina fue detenido en Francia en 2021 tras una denuncia de su expareja, reconoció parcialmente los hechos y aceptó un juicio abreviado. El marroquí Achraf Hakimi enfrentará un juicio en Francia por una denuncia de presunto abuso sexual, acusaciones que él niega. El japonés Kaishu Sano fue detenido por una presunta agresión sexual en Tokio y posteriormente alcanzó un acuerdo extrajudicial. Incluso fuera del Mundial, el arquero nigeriano Maduka Okoye fue denunciado públicamente por su pareja por presuntos abusos y agresiones.
Cada caso tiene características judiciales diferentes y siempre rige el principio de presunción de inocencia. Pero, en conjunto, muestran una constante: para la FIFA, las denuncias por violencia machista rara vez representan un obstáculo cuando están en juego los intereses deportivos y económicos del torneo. El organismo no toma ninguna acción, seguimiento o protocolo especifico ante ninguno de los casos.
No se trata únicamente de una doble vara institucional, sino también del carácter profundamente patriarcal que atraviesa al fútbol profesional. Mientras el organismo despliega campañas publicitarias contra la violencia y a favor de la igualdad, niega, minimiza o relativiza denuncias de violencia de género cuando involucran a figuras del espectáculo, enviando un mensaje de impunidad que choca de frente con el discurso oficial.
El negocio por encima de los derechos
La organización del Mundial 2026 demuestra que el deporte nunca está separado de la política.
Las restricciones impuestas a selecciones y trabajadores de países árabes, africanos y asiáticos responden a la lógica xenófoba impulsada por la administración Trump. La FIFA, lejos de enfrentar esas políticas, decidió adaptarse a ellas. Al mismo tiempo, tampoco establece límites cuando se trata de futbolistas denunciados o procesados por graves hechos de violencia de género.
El resultado es un Mundial con una doble vara evidente: sospechas, interrogatorios y exclusiones para quienes provienen de determinados países; flexibilidad y privilegios para futbolistas acusados de violencia machista cuando están en juego los intereses del negocio.
La otra cara del Mundial es la de un modelo del deporte que apasiona a millones en todo el mundo manejado por gobiernos y dirigentes que lo convierten en un gran negocio al servicio de intereses políticos y económicos. Un Mundial donde las fronteras se cierran para unos, se abren para otros y donde las denuncias por violencia machista parecen importar menos que el espectáculo. Porque cuando manda el negocio, los derechos humanos quedan relegados a un simple slogan publicitario.
