La agonía de Adorni sumó un nuevo capítulo gracias a las gestiones de última hora en los pasillos del Congreso. Como resultado de estos movimientos, durante la tarde del miércoles se terminó cayendo la sesión del Senado que estaba prevista para el día de hoy, una jornada clave donde se iba a debatir el pedido de interpelación y la consecuente moción de censura contra el cuestionado Jefe de Gabinete.
Para lograr esta postergación, las negociaciones encabezadas por la presidenta de la bancada libertaria Patricia Bullrich y el ministro del Interior Diego Santilli lograron convencer a los senadores más cercanos al gobierno libertario, regalándole así un par de días más de oxígeno al ex vocero presidencial. De esta manera, el próximo jueves 25 de junio será finalmente la fecha en que la Cámara Alta abra sus puertas para definir el destino del funcionario acorralado.
Por el momento, Javier Milei decide mantener su apoyo incondicional y lo sostiene en el cargo a pesar del inmenso descontento que cruje dentro del propio Poder Ejecutivo. Es más, se prevé que el Jefe de Gabinete aparezca junto al presidente en al acto por el Día de la Bandera.
La mecánica en el Senado para que Adorni se vaya
El 25 de junio se podría poner en marcha una mecánica nueva. Si se llega a conseguir el quórum, el Senado activaría el artículo 101 de la Constitución. Las autoridades de todos los bloques acordaron en la reunión de Labor Parlamentaria una interpretación netamente operativa de este artículo, un detalle técnico que resulta decisivo al establecer que el proyecto para interpelar al funcionario no requiere pasar previamente por las comisiones ni conseguir un dictamen formal. A su vez, esta lectura del reglamento tampoco exige alcanzar una mayoría especial de dos tercios de los presentes, permitiendo que el pedido se vote directamente en el recinto y se apruebe con una mayoría absoluta de 37 votos afirmativos.
Una vez superada esa primera instancia de votación, el ministro coordinador quedará inmediatamente obligado a presentarse ante los senadores para rendir cuentas sobre las gravísimas inconsistencias de su patrimonio.
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Si las respuestas brindadas durante esa interpelación no logran satisfacer a los legisladores, el cuerpo quedará habilitado para votar en ese mismo momento la moción de censura. En caso de que la moción de censura consiga luz verde, sería la primera vez que esta herramienta, para remover funcionarios, se utilice por primera vez desde su creación en la reforma de 1994.
En caso de reunir nuevamente los 37 votos necesarios en la Cámara Alta, el expediente pasará a la Cámara de Diputados, donde se requerirá el respaldo de 129 voluntades para efectivizar la destitución definitiva del Jefe de Gabinete de todas sus funciones estatales.
El oportunismo de la vieja política y el pase de facturas del PRO
Frente a este escenario de definiciones inminentes existen demasiadas especulaciones sobre los actores que verdaderamente impulsan la salida del ministro y las razones ocultas detrás de esos movimientos. Es obvio que los duros señalamientos contra Adorni por parte de los sectores tradicionales de la política están inundados de un profundo oportunismo, demostrando que en el accionar de los bloques dialoguistas no hay ninguna lucha real contra la corrupción estructural del Estado. Toda esta avanzada legislativa es apenas una simple pelea por la supervivencia para evitar quedar pegados a un escándalo de corrupción sumamente burdo. Todos los actores de la vieja política entienden a la perfección la oportunidad del momento y aprovechan la torpeza del oficialismo para cobrarse viejos vueltos.
Dentro de esta dinámica de especulaciones, el papel del PRO resulta un factor determinante para entender el futuro acorralado del funcionario libertario. El partido del ex presidente, Mauricio Macri, viene calculando meticulosamente cada golpe que le da al gobierno nacional, exponiendo una larga historia de desencuentros entre amarillos y violetas que hoy afloran con toda su furia en el recinto del Senado. Meses atrás el ingeniero ya le había marcado la cancha a Milei advirtiendo sobre las nulas capacidades de gestión del entonces vocero. Cuando el presidente decidió correr a Guillermo Francos de la jefatura de Gabinete, el líder del PRO sentenció que a Adorni no le daba el piné para ocupar semejante puesto de poder y propuso en su lugar al actual titular de YPF, Horacio Marín. Como los libertarios decidieron desoír esos códigos tradicionales de la casta, el ex mandatario aprovecha este momento de extrema debilidad para pasar la factura correspondiente por aquella desobediencia.
La parálisis del Congreso y el ahogo de la agenda económica
El empeño oficial por mantener a un dirigente manchado por el enriquecimiento ilícito le juega totalmente en contra al gobierno y paraliza por completo la gestión diaria. La obstinada decisión de sostener al ex vocero mantiene frenadas leyes que resultan vitales para el programa de La Libertad Avanza, impidiendo que el oficialismo logre avanzar con la aprobación de los pliegos de los magistrados o pueda darle tratamiento a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsada por Federico Sturzenegger. Como consecuencia directa de esta protección política, todo el aparato legislativo se encuentra rehén de las maniobras de encubrimiento diseñadas exclusivamente para salvar la cabeza de un solo hombre.
Al mismo tiempo, esta parálisis institucional nubla de manera directa cualquier anuncio que intente realizar el ministro de Economía, Luis Caputo. El titular del palacio de Hacienda se encuentra imposibilitado de capitalizar frente al mercado la reciente caída del riesgo país o exhibir los pocos indicadores macroeconómicos que le resultan favorables para continuar con su práctica de tomar cada vez más deuda destinada a pagar vencimientos anteriores. Por supuesto que estas supuestas buenas noticias celebradas por el mundo de las finanzas no traen absolutamente nada positivo para la clase trabajadora que sufre el ajuste y la recesión brutal. El enorme escándalo patrimonial eclipsa por completo la agenda del Ejecutivo y arruina los planes de un ministro que necesita mostrar fortaleza frente al mundo para renegociar los millonarios compromisos externos.
Indagatorias familiares y un funcionario que debe terminar preso
El escollo generado por el ministro coordinador sigue agravándose con el paso de las horas al sumar nuevos ribetes judiciales escandalosos que complican a todo su entorno. El fiscal federal, Guillermo Marijuan, acaba de solicitar la indagatoria del hermano del Jefe de Gabinete por los delitos de enriquecimiento ilícito y omisiones maliciosas en sus presentaciones juradas. Toda esta investigación se disparó porque Francisco Adorni no supo justificar su crecimiento económico desde que desembarcó como auditor en el Ministerio de Defensa y tuvo que rectificar sus números de manera desesperada inventando deudas millonarias inexistentes. Sumado a esto, como un verdadero dato de color que expone el grado de impunidad con la que se manejan estos personajes, apareció en el expediente el registro de gastos totalmente irracionales por parte del entorno familiar, llegando a encuadrar cifras exorbitantes bajo el ridículo concepto de la compra de sábanas de hilo refinado en su afán de justificar la salida de fondos.
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Todo este oscuro panorama desemboca en el inminente tratamiento de la moción de censura pautado para la semana entrante, un proceso legislativo que expone la fragilidad de un gobierno dispuesto a proteger los negociados turbios de sus alfiles antes que rendir cuentas ante la sociedad.
Es evidente que Manuel Adorni ya debería llevar varios meses fuera de su cargo por la obscena manipulación de sus declaraciones juradas y por la falta total de transparencia en sus manejos financieros. La posible destitución parlamentaria representa apenas un paso burocrático inicial dentro de un entramado de complicidades mucho más grave y profundo. Este personaje nefasto que se burló del hambre de todo el pueblo argentino inventando historias sobre un pendrive con millones en cripto en la televisión tiene que terminar efectivamente preso para pagar por cada uno de sus comprobados actos de corrupción.
