Foto. Maia Pauro
Este sábado 1 de agosto se llevó a cabo el “Banderazo de los pueblos que resisten” en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Esta acción se desarrolló de cara a un momento donde el gobierno se juega a sancionar una ley que resulta fundamental para su proyecto de entrega. Con una movilización que arrancó en Corrientes y Callao, confluyendo masivamente en el Obelisco (replicándose además en distintos puntos neurálgicos del país), quedó demostrado que el descontento sigue activo. La jornada funcionó directamente como el puntapié inicial y el indispensable calentamiento de motores hacia una fecha clave, programada para el próximo jueves 6 de agosto.
Ese día, tras el receso invernal del Congreso, el Senado de la Nación intentará retomar el tratamiento del proyecto de ley redactado por el ministro Federico Sturzenegger, titulado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada“. Detrás de ese nombre, por lo menos llamativo, se esconde el plan más ambicioso de entrega territorial de las últimas décadas. Con esta iniciativa, el oficialismo busca instalar una ingeniería legal a medida para extranjerizar nuestras tierras, nuestros recursos hídricos y nuestras zonas de frontera sin ningún tipo de límite.
Sin embargo, este intento de rematar el país a puertas cerradas se puede encontrar con un elemento de la realidad, el cual marca un límite innegable: el pueblo no está dispuesto a regalar su territorio. Ese profundo instinto de defensa de la soberanía quedó cristalizado hace unas semanas durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina. Mientras el gobierno libertario y sus funcionarios se escandalizaban y pedían disculpas a las potencias europeas por los cánticos de los jugadores, la bandera de “Las Malvinas son Argentinas” se coló en el corazón de la gente. Esa irrupción del sentimiento antiimperialista asustó a los senadores aliados (esos cómplices necesarios del PJ, la UCR y el PRO) y obligó a Patricia Bullrich a pedir un cuarto intermedio, suspendiendo la primera sesión donde intentaron colar esta ley. El oficialismo quiso avanzar a escondidas, de espaldas al pueblo y en medio del mundial, pero el pueblo tiene memoria y no está dispuesto a regalar su territorio.
Por eso, el Banderazo tiene un peso estratégico. Nos marca que las leyes de entrega no se frenan con discursos en los recintos ni con la rosca parlamentaria, sino con la pelea en la calle. Y nos convoca a ganar las puertas del Congreso el próximo 6 de agosto para enterrar definitivamente este saqueo.
La letra chica del saqueo: ¿Qué esconde el proyecto de Sturzenegger?
Bajo el cuento de la desregulación, el proyecto del ministro Sturzenegger es un ataque directo contra los bienes comunes para favorecer a corporaciones internacionales, latifundistas y especuladores inmobiliarios. El corazón de la ley avanza sobre cuatro ejes nefastos:
- Extranjerización total y absoluta de la tierra: El proyecto busca destruir la Ley de Tierras Rurales actual (Ley 26.737). Suprime el tope máximo del 15% que limitaba la adquisición de hectáreas por parte de extranjeros a nivel nacional, provincial y municipal. Si esta normativa se aprueba, una sola nación extranjera, un fondo de inversión o un magnate individual podría comprar todo el territorio que desee. Además, levanta las restricciones para comprar latifundios en la zona núcleo agropecuaria y elimina la prohibición estratégica de adquirir tierras ribereñas (cuerpos de agua permanentes) y zonas limítrofes, entregando nuestras fronteras a la voracidad corporativa.
- Premio a los incendiarios (Reforma a la Ley de Manejo del Fuego): En un guiño perverso al agronegocio, el gobierno busca eliminar las normativas de protección ambiental que impedían cambiar el destino de las superficies incendiadas por 30 años (en zonas agropecuarias) y por 60 años (en bosques nativos). Esto funciona como un incentivo explícito y legal para que la especulación inmobiliaria y los pulpos sojeros prendan fuego nuestros ecosistemas, arrasen con la biodiversidad y utilicen las tierras quemadas de forma inmediata para sus negocios.
- Desalojos exprés y crueldad habitacional: Con una insensibilidad brutal frente a la crisis de vivienda y los alquileres impagables, el texto incorpora la figura del “desalojo exprés“. Con solo 10 días de intimación por un supuesto incumplimiento, el propietario queda habilitado para iniciar un procedimiento sumarísimo de expulsión. Esta maquinaria legal facilita dejar a familias enteras en la calle en un abrir y cerrar de ojos.
- Freno y encarecimiento a las expropiaciones estatales: Se restringen severamente las expropiaciones por “utilidad pública“. El Estado quedará atado de pies y manos, exigiéndosele justificaciones casi imposibles para recuperar tierras, mientras se le garantiza al sector privado el cobro de tasas de interés comerciales preferenciales y hasta un 30% de indemnización por un supuesto “lucro cesante“.
El mapa del saqueo: ¿Qué vienen a buscar las corporaciones?
El peligro no es una hipótesis a futuro; el saqueo ocurre hace tiempo. Hoy, de los 266 millones de hectáreas aptas para explotación en Argentina, 13 millones ya están en manos extranjeras. Esto representa un 5% del territorio nacional, una superficie equivalente a toda Inglaterra o a la provincia de Santa Fe. Y la ley vigente ya se viola. Por ejemplo, ya hay 36 municipios en el país que superan holgadamente el límite de extranjerización, con departamentos en Neuquén, La Rioja y Salta donde más del 50% de la tierra es extranjera.
Estados Unidos lidera este ranking de ocupación con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. Magnates y corporaciones operan desde paraísos fiscales con total opacidad. Conocemos los casos escandalosos del Grupo Benetton (900.000 ha) y del magnate británico Joe Lewis, que usurpa 38.000 hectáreas bloqueando el acceso público al Lago Escondido. A esto se suma el grupo estatal chino Heilongjiang State en Río Negro y el grupo Walbrook británico en Mendoza.
Sumado a todos estos males, hoy en día asistimos a una nueva y silenciosa invasión: la “Patagonia árabe“. Dinastías del Golfo Pérsico, como el Emir de Qatar (con centros de esquí VIP blindados en Río Negro) o los magnates de los Emiratos Árabes Unidos, están comprando inmensas extensiones a lo largo de la cordillera.
No compran cualquier porción de tierra. Apuntan a las nacientes de agua dulce, reservas de minerales críticos, valles fértiles y corredores logísticos. A esto se le acopla el multimillonario negocio global de los “créditos de carbono” (los famosos bonos verdes). Empresas multinacionales altamente contaminantes compran o arriendan nuestras selvas y bosques nativos para compensar su contaminación y limpiar su imagen en los balances internacionales. Mercantilizan nuestros ecosistemas sin dejar un solo peso en las comunidades locales, y para colmo, pretenden modificar la Ley del Fuego para adecuar el territorio a estas estafas financieras.
La defensa de la soberanía no se hace por televisión
Toda esta agenda parlamentaria desnuda la hipocresía de la casta política y el carácter profundamente entreguista del gobierno nacional. Es una contradicción obscena rasgarse las vestiduras por la soberanía en discursos vacíos mientras, en la práctica, se promueven privatizaciones, se entrega Vaca Muerta, se impulsa el RIGI para saquear nuestros minerales sin dejar divisas, y ahora se busca rematar las tierras continentales. Esa misma impostura se vio reflejada de cuerpo entero durante la reciente visita de Kristalina Georgieva. Mientras el Ejecutivo actúa como un sumiso administrador colonial (habilitando a la directora gerente del FMI a reunirse con los dueños del país, dictarles la agenda a los ministros y auditar en persona los recursos de Vaca Muerta), el oficialismo intenta disimular el ajuste subordinado apelando a un falso nacionalismo de aparato.
Una muestra de esta maniobra es el DNU publicado por el gobierno para endurecer la política migratoria, importando el peor libreto xenófobo al estilo Donald Trump bajo la excusa de una supuesta “campaña antiargentina“. Mientras abren las puertas de par en par a las corporaciones extranjeras para rifar los recursos nacionales y someter la economía a los designios de Washington, el poder político inventa chivos expiatorios para criminalizar al migrante y desviar la atención del sufrimiento social.
Por eso, la defensa del ambiente y del territorio no es, como intenta caricaturizar el poder, una demanda romántica. Acá hablamos de un problema profundamente económico sobre qué modelo de país queremos. La concentración de la tierra condiciona materialmente la vida de la clase trabajadora: define la matriz productiva, determina el precio de los alimentos que comemos (o que no podemos comer), y nos niega el acceso a la vivienda. No podemos discutir el hambre de millones de pibes en un territorio inmenso y biodiverso sin discutir el latifundio, la megaminería y la extranjerización.
El 6 de agosto: Todos al Congreso
Frente a los gobiernos que históricamente desregularon todo y frente a la oposición cómplice que negocia los votos a cambio de prebendas y nombramientos judiciales, la única salida posible exige una política socialista, democrática e independiente. No alcanza con rogar que no voten esta ley; hay que exigir la prohibición total de la venta de grandes extensiones a capitales extranjeros y avanzar hacia la nacionalización de las tierras ya entregadas, poniéndolas bajo una planificación democrática de las comunidades y los trabajadores.
El Banderazo del 1 de agosto marcó el pulso de lo que se viene. Este jueves 6 de agosto, cuando los senadores intenten levantar la mano para regalar nuestro país, no podemos quedarnos mirando por televisión. Desde el MST en el Frente de Izquierda convocamos a todos los partidos políticos, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, estudiantiles y socioambientales a movilizarse masivamente para sitiar el Congreso.
De cara a esta gran jornada de lucha, las actividades ya tienen sus primeras definiciones confirmadas: la convocatoria arrancará desde el mediodía con un verdurazo federal frente al Congreso, a las 17 horas se llevará a cabo una ronda y marcha alrededor de la plaza, y a las 18 horas dará inicio un festival cultural y político. Mientras el cronograma completo con el resto de las acciones de las asambleas organizadoras se terminará de pulir y actualizar en las próximas horas.
La soberanía no se sostiene con palabras en los recintos del Congreso ni se negocia a espaldas del pueblo; se conquista y se defiende poniendo el cuerpo en las calles, construyendo desde abajo una alternativa política que ponga los recursos del país al servicio de las mayorías trabajadoras. Frenar la extranjerización de las tierras, este 6 de agosto, es un paso indispensable para derrotar el plan de Milei. Porque las tierras, los bosques, el agua y nuestros bienes comunes no son ninguna mercancía para el enriquecimiento de los magnates extranjeros
