Mientras millones de trabajadores enfrentan salarios pulverizados, alquileres imposibles y crecientes dificultades para acceder a una vivienda, nuevos datos revelan que el Banco Nación otorgó 1.120 créditos hipotecarios a personas políticamente expuestas durante el gobierno de Javier Milei. El dato vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el oficialismo y el acceso privilegiado a recursos estatales, en medio de denuncias por posibles irregularidades y cuestionamientos sobre quiénes terminan beneficiándose realmente del Estado que dicen combatir.
El Estado para unos pocos
Según información difundida recientemente, el Banco Nación otorgó 1.120 créditos hipotecarios a personas políticamente expuestas (PEP) durante la gestión de Milei. Los datos amplían considerablemente el universo conocido hasta ahora y vuelven a abrir interrogantes sobre las condiciones en que fueron aprobados esos préstamos.
La categoría de personas políticamente expuestas incluye funcionarios, legisladores, autoridades estatales y personas con vínculos directos con cargos de relevancia pública. El dato adquiere particular sensibilidad porque el propio gobierno construyó gran parte de su discurso alrededor de la denuncia contra los supuestos privilegios de la “casta política”.
Sin embargo, mientras el ajuste golpea sobre salarios, jubilaciones y empleo público, siguen apareciendo mecanismos que beneficiaron a sectores cercanos al poder.
De los casos individuales a un esquema más amplio
La polémica había comenzado meses atrás cuando registros públicos del sistema financiero revelaron que funcionarios y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza accedieron a créditos hipotecarios por cientos de millones de pesos otorgados por el Banco Nación. Entre los nombres señalados aparecieron funcionarios del área económica, asesores, directivos de organismos estatales y legisladores oficialistas.
Las primeras denuncias apuntaban a posibles condiciones preferenciales, excepciones normativas o evaluaciones de riesgo más flexibles que las aplicadas al resto de la población. Aunque el gobierno negó irregularidades y sostuvo que los créditos se otorgaron bajo las mismas condiciones que cualquier otra línea hipotecaria, el escándalo derivó en pedidos de informes, denuncias judiciales y cuestionamientos públicos.
Ahora, la cifra de 1.120 préstamos a personas políticamente expuestas muestra que el fenómeno podría ser mucho más amplio que los casos inicialmente conocidos.
La contradicción libertaria
El caso vuelve a exponer una contradicción central del discurso oficial. Mientras Milei y sus funcionarios repiten que el Estado debe reducirse al mínimo, que los subsidios son inmorales y que los privilegios deben eliminarse, numerosos integrantes del aparato estatal accedieron a beneficios financieros otorgados por una banca pública que el propio oficialismo cuestiona permanentemente.
La discusión no pasa únicamente por la legalidad formal de los préstamos. También gira alrededor de una pregunta política evidente: ¿quién tiene realmente acceso a determinadas oportunidades financieras en una Argentina donde la mayoría de los trabajadores ni siquiera logra cumplir los requisitos básicos para acceder a un crédito hipotecario?
Mientras millones quedan excluidos del mercado inmobiliario por salarios insuficientes, precarización laboral o tasas prohibitivas, aparecen funcionarios que acceden a financiamientos millonarios respaldados por el mismo Estado que dicen querer destruir.
Vivienda imposible para las mayorías
La situación adquiere aún más relevancia en un contexto donde el acceso a la vivienda se volvió cada vez más restrictivo.
Los alquileres continúan absorbiendo una porción creciente de los ingresos familiares, el precio de las propiedades permanece dolarizado y los salarios reales siguen deteriorados. Para gran parte de la juventud trabajadora, la posibilidad de comprar una vivienda aparece directamente fuera de alcance.
Sin embargo, mientras la mayoría enfrenta endeudamiento, pluriempleo o dependencia familiar para sostenerse, sectores vinculados al poder político aparecen dentro de los principales beneficiarios de líneas hipotecarias millonarias.
La verdadera “casta”
El gobierno suele presentar cada ajuste como una batalla contra privilegios. Pero los distintos escándalos que rodearon a la gestión —desde el caso de los créditos hasta denuncias vinculadas a negocios estatales, contrataciones o beneficios para funcionarios— muestran una dinámica bastante distinta.
La motosierra cayó sobre universidades, jubilaciones, salud pública, salarios estatales y programas sociales. Pero cuando se observan los beneficios concretos que circulan dentro de sectores del oficialismo, la frontera entre el discurso anticasta y las prácticas tradicionales de privilegio empieza a volverse cada vez más difusa.
Por eso el debate no es solamente cuántos créditos se otorgaron ni quiénes los recibieron. La discusión de fondo es quién accede a los recursos públicos y para qué.
Porque mientras millones escuchan que “no hay plata”, siguen apareciendo evidencias de que los beneficios del sistema no desaparecieron: simplemente parecen seguir concentrándose en sectores cada vez más cercanos al poder político y económico.
