Jorge Macri ya desalojó a casi 4.500 personas sin orden judicial en la Ciudad
Bajo el lema de “Ley y Orden” —una copia burda de la retórica represiva de La Libertad Avanza, en particular el ABC de Patricia Bullrich—, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, viene consolidando un plan sistemático de expulsión social de los sectores más vulnerables. En lo que va de su gestión, 4.482 personas fueron arrojadas a la calle, entre ellas 1.409 niños, niñas y adolescentes.
La gravedad no radica solo en la frialdad de las cifras, sino en la metodología ilegal implementada: el uso masivo de “desalojos administrativos”, operativos exprés ejecutados por la Guardia de Auxilio y la Policía de la Ciudad que esquivan por completo el control del Poder Judicial, dejando a las familias sin derecho a la legítima defensa ni a un informe técnico independiente.
La trampa del “riesgo estructural”: Desalojar sin pasar por los jueces
Los datos oficiales, revelados recientemente en un informe conjunto del Ministerio Público de la Defensa (MPD CABA) Informe completo desocupaciones y desalojos en CABA – Mayo 2026
y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, exponen que en 2026 el 58% de los desalojos se realizaron por vía administrativa (sin orden de un juez).
La herramienta predilecta del macrismo para saltearse las garantías constitucionales es la declaración de “peligro de derrumbe” o “riesgo estructural”. Mediante este mecanismo de carácter excepcional, la Guardia de Auxilio clausura de forma total e inmediata conventillos, hoteles familiares e inquilinatos históricos en barrios como San Telmo, La Boca, Constitución y San Cristóbal.
El salto de la crueldad: De acuerdo al reporte del MPD, las clausuras totales (aquellas que fuerzan la evacuación completa e inmediata del inmueble) constituían apenas el 2% de los casos en 2024. Hoy, en 2026, representan un brutal 58% del total de los operativos edilicios.
Sin defensa: El Ejecutivo porteño actúa sin previo aviso y con violencia, bloqueando la posibilidad de que los inquilinos presenten peritajes propios o accedan a una instancia de mediación.
“nos dijeron que la policía no se iba a meter, que se iban a quedar en un costado de la puerta …y se metieron y por eso fue la represión de los pibes, y a dos pibes los recagaron a palos (…) tiraron gas pimienta a menores, a las mujeres les tiraron gas pimienta en el ojo” Narra una joven vecina desalojada de La Paternal, tras el vallado policial.
Persecución a la pobreza y limpieza social para la especulación
Este modus operandi no tiene fines preventivos ni busca proteger vidas humanas. Es el brazo ejecutor de un modelo de “limpieza social” diseñado para liberar suelo urbano en beneficio de las grandes desarrolladoras inmobiliarias. Mientras Jorge Macri paraliza y suspende la urbanización y la construcción de viviendas sociales en las villas, las infancias desalojadas son empujadas a situación de calle —un universo que ya aumentó un 30% en la Ciudad—.
La respuesta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) ante el desamparo que ellos mismos generan se limita al otorgamiento de subsidios habitacionales de miseria. Montos fijos totalmente desactualizados frente a la inflación reinante y el esquema de alquileres dolarizados, con los que resulta imposible costear siquiera una habitación de hotel familiar. Desde el MPD denunciaron firmemente que el GCBA:
“Afecta no sólo sus condiciones habitacionales sino también el ejercicio de sus derechos a la educación, a la continuidad de sus vínculos sociales y a su salud integral.”
Al desalojo, lucha y resistencia en los barrios
Frente al atropello sistemático de la Guardia de Auxilio y las topadoras de Macri, la organización popular es la única barrera. Organizaciones vecinales, asambleas barriales y la Coordinadora contra los Desalojos y por la Vivienda Digna se plantan diariamente en las puertas de los inmuebles para mediar, frenar la violencia policial y exigir respuestas reales.
Casos recientes en La Paternal, en la calle Estados Unidos al 850 (San Telmo) o los intentos de desalojo en Av. Tilcara (Nueva Pompeya) demuestran que la comunidad resiste de pie frente a un jefe de Gobierno que se jacta en los medios y en las redes de “devolver el orden” y haber restituido “800 propiedades” valuadas en millones de dólares.
Este escenario expone con crudeza la raíz del conflicto: para la lógica del capitalismo de plataformas y los negocios que promueve el oficialismo porteño manejado por el macrismo, la vivienda es un bien suntuario y un activo financiero. Esta concepción convierte el suelo de la Ciudad de Buenos Aires en un territorio de expulsión para la clase trabajadora y las miles de familias obligadas al hacinamiento. El desalojo, por tanto, no es un hecho aislado, sino el mecanismo necesario para garantizar la rentabilidad de unos pocos. Frente a un modelo que mercantiliza la vida, la organización popular y la resistencia en las calles dejan de ser una opción para convertirse en la única garantía de defensa de un derecho humano elemental.
Por Marcos Sierras
