La reciente incursión de los mandatarios patagónicos en los centros financieros de Nueva York no es un hecho aislado ni una simple misión comercial. Se produce como el “pago de servicios” políticos tras un proceso de claudicación legislativa sin precedentes: estos mismos gobernadores fueron quienes, a través de sus legisladores nacionales, garantizaron los votos para aprobar la reforma laboral esclavista y el esquema de entrega del RIGI.
En la denominada Argentina Week, organizada por el Council of the Americas, Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) se presentaron ante fondos de inversión no como representantes de sus pueblos, sino como martilleros de un modelo de explotación intensiva. Al mismo tiempo, también dieron el presente el resto de gobernadores que le han votado todo a Mieli, como es el caso de: Gustavo Sáenz (Salta),, Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco).
La entrega legislativa como moneda de cambio
La participación en estos foros es la culminación de un pacto de gobernabilidad que comenzó con sucesivas traiciones en el Congreso. Al facilitar la reforma laboral, estos mandatarios allanaron el camino para que las transnacionales operen con niveles de precarización que retrotraen los derechos obreros a principios del siglo pasado. La eliminación de indemnizaciones y la flexibilización total son los “atractivos” que llevaron en su maleta a Estados Unidos. Este alineamiento con el gobierno de Javier Milei los consolida como los aliados estratégicos de la gobernabilidad del ajuste. Bajo el pretexto de atraer capitales, han rifado la soberanía jurídica y laboral de sus provincias a cambio de una paz fiscal precaria y la promesa de megaproyectos que solo dejan pasivos ambientales.
El RIGI: Blindaje para el saqueo
El eje central del remate fue el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Este esquema es un blindaje legal de 30 años que otorga beneficios extraordinarios a corporaciones que poco aportarán al desarrollo local. Mientras Neuquén y Río Negro se ofrecen como canteras de energía barata para el mercado global, Santa Cruz y Chubut profundizan un extractivismo que ignora sistemáticamente las licencias sociales mientras que la modificación de la ley de glaciares en caso resulte aprobada a fines de marzo, solo agravará la crisis ambiental.
Opulencia en Manhattan, ajuste y saqueo en la Patagonia
El contraste es obsceno. Mientras los gobernadores buscan el aplauso de Wall Street, en sus provincias la realidad es otra: Ajuste salarial, con salarios de pobreza para estatales, de salud y docentes y falta equipamientos en los hospitales y escuelas cada vez más deteriorados, mientras se anuncias rentabilidades e ingresos por regalías récord para las empresas extractivistas que poco o nada aportan. Precarización. Con un modelo laboral que aumenta el riesgo en los yacimientos en pos de la “productividad”; pero también con resistencias, con asambleas socioambientales que denuncian que este “remate” se hace a costa del agua y el futuro de las comunidades y que se oponen a los megaproyectos como las represas o la apertura de nuevas minas y yacimientos.
La gira por Nueva York funciona como el complemento diplomático de un esquema de dependencia. Al actuar como lobbistas de las mineras y petroleras, estos gobernadores refuerzan una estructura donde los beneficios se fugan, mientras las provincias cargan con la pobreza, sus deudas, el deterioro de los bienes comunes y lo público.
Alejandro Schweitzer
Doctor en geografía e investigador del CONICET
Referente de la Red Ecosocialista De Santa Cruz
