El jueves 4 de febrero el pueblo de Chubut marcó un nuevo hito en el enfrentamiento al proyecto megaminero de Arcioni, Fernández y compañía. Miles inundamos las calles y tiramos abajo la sesión convocada para el viernes 5. Fruto de este proceso de movilización incluso el gobierno sufrió un nuevo revés, en este caso judicial, ya que la Justicia desarchivó una causa por falsedad ideológica del gobierno. Pero la lucha continúa, preparemos con fuerza desde cada asamblea nuevas acciones y vayamos por una huelga general socioambiental para tirar abajo el proyecto de zonificación minera y derrotar el plan de Arcioni y sus socios.
A fines de 2020 el pueblo de Chubut obtuvo un importante triunfo con su movilización, logrando durante semanas paralizar a la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Económico y Medio Ambiente, que debía elaborar el dictamen para el tratamiento del proyecto 128/20 de zonificación minera. Esta victoria significó un duro golpe al gobierno de Arcioni y al conjunto del régimen. En un vano intento de revertir la situación, Arcioni convocó sobre diciembre a una movilización pro-minera encabezada por las burocracias de Camioneros, UOCRA y Petroleros, pero finalmente se trató de una acción totalmente reducida, desdibujada y sin capacidad de incidir. El año pasado cerró así con una batalla ganada por el pueblo.
Pero rápidamente, promediando enero, el presidente Alberto Fernández convocó a Arcioni y su vice Sastre a reunirse en Buenos Aires para darle un nuevo impulso a la ofensiva extractiva y se desarrollaron las llamadas mesas de debate, en las que el gobernador y su gabinete se reunieron con la Federación Empresaria del Chubut (FECh), la Cámara de Proveedores Mineros, las Cámaras de Comercio de la región y la Unión Industrial de Chubut, entre otros. Una tertulia de amigos para avalar el proyecto.
Luego Alberto dijo estar “sorprendido” de que aún no se haya aprobado la zonificación minera y llegó el tirón de orejas al presidente del PJ chubutense Carlos Linares y al Intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, para que habiliten los votos necesarios en la Legislatura. Así llegamos al enfrentamiento de la última semana, en la que el gobierno provincial y sus legisladores, en acuerdo con Juntos por el Cambio y el PJ se disponían a dar el zarpazo. Sin embargo, los miles en las calles de Chubut y el país, con acciones destacadas en el valle y la costa de la provincia, significaron un nuevo parate al proyecto.
Nacionalizar la lucha
El jueves 4 además de movilizarnos en toda la provincia tuvo lugar una jornada plurinacional impulsada por la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) y por la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones (BFS). Con movilizaciones, cortes y asambleas en más de 20 distritos de distintas provincias y una gran acción en CABA, la balanza se torció (al menos por ahora) a favor del pueblo chubutense.
Es el momento de profundizar la coordinación nacional para rodear de solidaridad a nuestra provincia, es una pelea que de ganarse, fortalecerá todas las luchas socioambientales en curso, impactando sobre el plan extractivo de Fernández y los capitalistas.
Por una marea verde socioambiental
La presión del pueblo movilizado condiciona a todos los actores de la política tradicional. Así fue que para la última marcha provincial la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) y las CTA convocaron a parar por 48 hs los días 4 y 5. Pero para derrotar este plan de entrega hace falta profundizar ese camino de unidad de las asambleas y la clase trabajadora. Las centrales y sindicatos deben convocar a asambleas para organizar la participación de sus miles de afiliados en este proceso de lucha decisivo; poner todos los recursos de sus organizaciones para garantizar la más amplia convocatoria para parar y movilizarse de punta a punta de la provincia. El ingreso a esta pelea de manera organizada de les trabajadores de los gremios privados es fundamental. En todas las asambleas y movilizaciones de la provincia participan molecularmente trabajadores del petróleo, el aluminio y la pesca, entre otros. Quebrar el pacto pro-minero de las burocracias de sus gremios, así como de Camioneros y la CGT de conjunto es muy necesario. A la vez, en la medida que aquellas castas enfeudadas no dan el brazo a torcer, hay que impulsar autoconvocatorias para viabilizar la bronca de las bases contra la megaminería y frente al ajuste en curso, que durante 2020 contó con severas reducciones salariales y suspensiones en la mayoría de los sectores antes mencionados.
Las primeras coordenadas para empezar a transformar nuestra provincia implican tirar abajo el proyecto 128/20 y conquistar la ley de Iniciativa Popular, proyecto presentado en tiempo récord por las asambleas y que contó con el aval de más de 30 mil chubutenses para prohibir la megaminería en todas sus fases. El camino para lograrlo es la unidad de todos los sectores de la clase obrera ocupada y desocupada, las asambleas ambientales, organizaciones de mujeres y disidencias, en una gran huelga general socioambiental, en defensa del agua, el territorio y la vida. A ello apostamos desde la Red Ecosocialista y el MST en el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad para derrotar el proyecto de Arcioni y Fernández e ir por todos los cambios que hacen falta.
Juan Aquino
Megaminería y el proyecto de Alberto. La punta del iceberg.
Ya no es novedad que Alberto Fernández junto a Arcioni y el Frente de Todos tienen como uno de los objetivos prioritarios de su gobierno intentar por todas las vías avanzar con la zonificación minera en la meseta de Chubut. Explícitamente se encargan de dejar en claro que la expansión de la megaminería en el país es uno de sus primeros planes en pos de generar los dólares necesarios para pagar la fraudulenta deuda externa nacional con el FMI y demás acreedores, así como también las deudas provinciales. En su intento de ganar esa estratégica batalla podemos decir que hacen las mil y unas. Una de las últimas fue la de la visita del ministro de Desarrollo Productivo Kulfas, el secretario de Minería y ex gerente de la Barrick Gold, Hensel a la mina Veladero, en San Juan. Hablaron de “minería con un modelo inclusivo y sustentable”, de los “elementos de tecnología avanzada” y una montaña más de eufemismos y doble discurso para embellecer la nefasta actividad extractivista de esa provincia.
La sed de beneficiar a las empresas imperialistas lleva a precarizar más la vida, las fuentes laborales y hasta la naturaleza. Ese es su plan estratégico.
Nuestros bienes comunes, la gallina de huevos de dólares
El avance megaminero no es el único camino que AF quiere tomar. Tal como lo son los proyectos extractivistas, están en momento de “exploración” y descubrimiento de mayores emprendimientos que les permitan a los capitalistas seguir en su mar de privilegios y viviendo a costa nuestro.
En Argentina y en América Latina son varios los frentes de depredación que hay en funcionamiento y tienen en mente avanzar a más. Las técnicas de expansión del agronegocio, la instalación de mega granjas, el fracking y el desarrollismo inmobiliario son la hoja de ruta a seguir y que encubren bajo los términos de nuevas tecnologías. Incluso la “actualización” de las condiciones laborales entran en el mismo paquete ecocida que no son más que mayor precarización.
Para enfrentar a los gigantes, unidad
Sin dudas, el pueblo de Chubut es ejemplo de que luchando se puede ganar.
Con la Red Ecosocialista y el MST queremos plantear la necesidad de impulsar esta batalla en todos los terrenos. La lógica para los distintos territorios es la misma: si genera ganancia, se avanza sin importar nada. Por eso, estamos en un momento decisivo para defender todos nuestros recursos naturales. La coordinación y unidad de las distintas luchas socioambientales nos va a dar más fuerza para ganar más peleas. En el último período, el amplio movimiento en defensa de los bienes comunes logró ganar batallas importantes, marcando el camino de una creciente marea verde socioambiental que tiene todo el potencial para seguir desarrollándose y consolidarse. Por otro lado, la unidad no sólo tiene que ser de los sectores que componemos el heterogéneo colectivo socioambiental, sino también integrar todas las luchas de les trabajadores y sectores populares. Además, creemos que la pelea debe implicar de fondo pelear por reorganizar las reglas de producción y consumo en base a las necesidades sociales, sanitarias y alimentarias de las mayorías y en una relación amigable con la naturaleza. Ellos vienen por los bienes comunes y nuestra calidad de vida, la batalla es dura, pero no imposible de ganar, por eso la unidad para pelear por un sistema mejor es más indispensable que nunca. Vayamos por todo.
Leiza Benitez
Dos proyectos para Chubut: el de Arcioni y Fernández o el de la Izquierda
La dilatada crisis de Chubut pone una y otra vez de manifiesto la irracionalidad desde el punto de vista social, de la acumulación parasitaria capitalista y lo agotado de un régimen ajeno a las necesidades mayoritarias.
Los endeudamientos por más de USD 650 millones contraídos por los gobiernos de Das Neves, Martín Buzzi y nuevamente Das Neves en su último mandato, significaron una sentencia de muerte para la economía provincial. Máxime cuando no hubo ningún control de a dónde fueron a parar dichos préstamos; y hoy aun habiendo pagado religiosamente durante varios años con las regalías petroleras supera los USD 1.000 millones. Hoy, con una crisis económica que arroja a miles a la pobreza, con les trabajadores estatales recién cobrando el salario de diciembre y sin haber percibido la mayor parte del aguinaldo 2020, y una crisis sanitaria que puede llevar al colapso al sistema de salud en los próximos meses durante una segunda ola de COVID, Arcioni y Alberto Fernández plantean que para salir de la crisis debemos profundizar el mismo camino que nos trajo hasta acá: ajustar, no solo en base al pago diferido de los salarios, sino con techo paritario y desguace de las conquistas de les trabajadores; dar un salto en el extractivismo, imponiendo (a punta de garrote si hace falta) la megaminería; y esto con el objetivo de capturar los dólares necesarios para el pago de la fraudulenta deuda con los buitres extranjeros y seguir beneficiando a las corporaciones. Está claro que el gobierno y sus socios no tienen un plan B, por eso hace décadas insisten en una misma orientación aún a pesar de que carecen de licencia social para llevarla adelante.
Lo que hace falta es exactamente lo opuesto, poner en el centro las necesidades obreras y populares en una relación sustentable con el medioambiente. Partir de la suspensión e investigación de la deuda externa, para avanzar en un default soberano; aplicar impuestos progresivos las grandes fortunas, para que la crisis la paguen PanAmerican Energy, Aluar, Benetton, las pesqueras, grandes cadenas de Supermercados y Casinos y no el pueblo trabajador. Para redireccionar todos esos recursos a hacer frente a las dos crisis, la sanitaria, garantizando personal y presupuesto suficiente para enfrentarla, a la vez unificando el sistema de salud con centralidad estatal; y la crisis económica, garantizando el pago en tiempo y forma del salario estatal y la infraestructura necesaria, con protocolos de verdad (discutidos por les trabajadores de la educación y la comunidad educativa) para garantizar una vuelta a la presencialidad segura para todes.
La megaminería no es la salida a la crisis, por eso hay que derrotar el proyecto de zonificación e imponer con la movilización sostenida la aprobación de la Iniciativa Popular. La estatización de los recursos estratégicos como el petróleo, la producción de aluminio, la pesca y el territorio en manos hoy de las corporaciones es fundamental para elaborar una transición hacia una nueva matriz energética y productiva en clave eco-socialista. Que garantice trabajo para todes, menos horas, pero con un salario igual a la canasta familiar, y produciendo lo socialmente necesario en armonía con el medio ambiente.
Ninguna de estas medidas vendrá de la mano de Arcioni, Fernández ni la derecha. Más allá de algún matiz discursivo, todos ellos garantizan la perpetuidad de este modelo anti popular y de saqueo. Por eso, al igual que la mayoría de les compañeres que se movilizan en toda la provincia, sostenemos que Arcioni y todo su modelo se tienen que ir. Pero para esto no alcanza con un cambio de figuritas. Sastre, su gabinete y todas las variantes del peronismo legislativo o al frente de las conducciones gremiales, así como Juntos por el Cambio, son cómplices. Ellos y el gobierno nacional son quienes garantizan la gobernabilidad. Para llevar adelante las transformaciones urgentes que demanda Chubut hace falta impulsar un proceso Constituyente libre y soberano, en el que sean las mayorías obreras y populares movilizadas las que deliberen y decidan, para refundar Chubut sobre nuevas bases, sin ajuste, extractivismo ni represión, en el camino de preparar un gobierno de les que nunca gobernamos, les trabajadores y el pueblo.
Solo la izquierda levanta las propuestas que hacen falta para emprender ese camino. Por eso, fortalecer el MST y el FIT Unidad de cara a los desafíos que se vienen es una tarea de primer orden. Sumate.
J. A.
La movilización condiciona a la Justicia y pone nervioso a más de uno
A fines del 2020, en el marco de las enormes movilizaciones y acciones que se dieron a lo largo de la provincia para frenar la embestida de Arcioni y Fernández, tuvieron lugar presentaciones judiciales contra el gobernador, por un lado, por “falsedad ideológica” al haber fundado el proyecto 128/20 de zonificación minera en informes falsificados al CONICET. Por otro lado, tuvo lugar en Esquel una presentación en el Juzgado Civil, Comercial y Laboral consistente en solicitar que se dicte una “medida autosatisfactiva”, por considerar que el proyecto de zonificación minera 128/20, presentado por el ejecutivo provincial es inconstitucional. Días más tarde, para sacarse el peso de encima, la Jueza Arbilla de Esquel se declaró incompetente y envió la presentación al Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Pero éste también resolvió declararse incompetente y devolver la presentación al juzgado de origen.
El 4 de febrero, en el marco de las multitudinarias protestas en toda la provincia y varias ciudades del país, al triunfo de tirar abajo una vez más la sesión legislativa, se sumó horas más tarde la resolución de la jueza, que decreta de oficio, como medida cautelar la suspensión del tratamiento del Proyecto de Ley 128/20 hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”.
Este nuevo escollo para los planes extractivistas de Fernández y Arcioni, un logro de la movilización socioambiental, produjo la reacción en caliente del gobierno provincial, que ya apeló la medida, pero también la embestida de personajes como Aníbal Fernández. En un extenso hilo de twitter, el ex jefe de gabinete kirchnerista y hoy interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, calificó de “burrada inigualable” la decisión de la jueza alegando que es de “una gravedad institucional inusitada” y pidió para ella el juicio político, por impedir que se reúna la Legislatura para “cumplir con el mandato del pueblo” (sic). Lo que olvida misteriosamente este otro Fernandez, es que justamente la Legislatura con su variopinta aunque patronal composición, impulsada por Arcioni y Alberto, se propone a avanzar en contra del mandato popular mayoritario que ya ha manifestado su negativa a los emprendimientos megamineros. Nada ha mencionado Aníbal sobre los derechos vulnerados sistemáticamente en la provincia los últimos tres años, ni el fraude electoral de Arcioni, ni el fraude legislativo de la primera Iniciativa Popular en 2014. En definitiva, la institucionalidad que defiende Aníbal, como el PJ local con sus mediaciones, es la de las corporaciones.
Hernan Mondino