La empresa avícola Granja Tres Arroyos despidió a 70 trabajadores de la planta de la localidad de Concepción del Uruguay y quiere ensanchar la lista a 400. Hay protestas frente a la fábrica y la justicia dictó la conciliación obligatoria por 15 días.
Granja Tres Arroyos es la principal empresa avícola en el país, un sector que tuvo exorbitantes ganancias el año pasado, equivalentes a 185.000 millones de dólares, producto de un aumento de las exportaciones del sector avícola que, según la Secretaría de Agricultura, entre enero y octubre de 2024 pasaron de 129.000 a 154.000 toneladas.
Pese a esto, en diciembre pasado, la firma obtuvo la autorización del gobierno e inició un Procedimiento Preventivo de Crisis, buscando la desvinculación de 700 empleados o la reducción salarial, eliminando adicionales equivalentes al 21% de los sueldos. El procedimiento necesita el aval del sindicato de alimentos, el cual, gracias a la presión de las bases, que votaron en asamblea el rechazo, no firmó el preventivo y frenó inicialmente los despidos, que un mes y medio después comienzan a ejecutarse.
La bronca no se hizo esperar. El día de hoy, operarios realizaron retención de tareas y decenas de trabajadores, junto a sus familiares, se agruparon frente a la planta exigiendo la reincorporación y denunciando que el preventivo de crisis no es más que una excusa de la patronal para despedir y reducir costos a base de precarización laboral.
Frente a las cámaras de C5N, uno de los trabajadores expresó: “Es todo incertidumbre, esta ciudad es chica y no hay trabajo”. Además, advirtieron que, pese a la alta rentabilidad de la empresa, las condiciones de trabajo son insalubres y los salarios muy bajos ($600.000 en promedio). Otro de los despedidos advirtió que se trata de “un apriete para que el sindicato firme el preventivo de crisis y, de esa manera, rompan las leyes laborales”, en consonancia con lo expresado por el titular del Sindicato de la Alimentación de Concepción del Uruguay, y recordó que esto ya ha pasado en otras plantas ubicadas en la provincia de Buenos Aires, donde el único objetivo de la empresa es bajar costos vía la precarización laboral. Por último, otro joven denunció: “Ellos no están en crisis. Los empresarios se llenan los bolsillos porque nosotros les hacemos el trabajo y ahora nos echan como perros”.
Ante esto, la Secretaría de Trabajo de la Nación dispuso la conciliación obligatoria durante 15 días, desde el lunes 27 de enero, y una audiencia prevista para el 3 de febrero. Durante el proceso, la empresa deberá reincorporar a los obreros y garantizar el funcionamiento normal de la planta. Un gran paso.
Mientras tanto, las centrales sindicales, fiel a su estilo pro patronal, no han hecho más que dar algunas declaraciones. Es urgente un plan de lucha que ponga un freno a los despidos y a este proyecto de ultraderecha que, lejos de ser “un milagro económico” como lo pinta Javier Milei, es una condena para el conjunto de la clase trabajadora.
Giuliana Ragone