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El viaje del ministro de Economía a Washington DC realizado a fines de octubre, en el que Caputo se reunió con el FMI y otros organismos internacionales de crédito, no fue en vano para el proyecto del gobierno. Los decretos 1001/2024 y 1002/2024 publicados en el Boletín Oficial oficializaron el acuerdo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le otorgará al gobierno en el marco de dos programas de préstamos.
El órgano presidido por el brasileño Ilan Goldfajn aseguró un préstamo por U$S 1.950 millones divididos en dos programas. Uno dirigido para el fortalecimiento de la política fiscal, el cual contará con un crédito de hasta U$S 650 millones; y por otro lado, un desembolso de U$S 1.300 millones, destinados en un programa para mejorar la alfabetización inicial del país. Este último, un objetivo difícil de creer en su concreción si se lo contrasta con la política educativa actual que viene desarrollando el gobierno. Sobre todo cuando el presidente promete profundizar el ajuste en este sector y habla de prorrogar por segundo año consecutivo el presupuesto 2023.
El contenido de estos acuerdos
El desembolso de U$S 1.950 millones acordado con el BID se encuentra dividido en dos programas. U$S1.300 millones están destinados para el Programa de Apoyo a la Mejora de Alfabetización Integral. Mientras que los U$S 650 millones restantes se encuentran enmarcados en el Programa de Fortalecimiento de la Política Fiscal.
En lo relacionado al programa orientado al área educativa, se encuentra estructurado en dos partes. Una está ordenada en una línea de crédito de hasta U$S 1.000 millones, la cual tiene un plazo de utilización de 12 años. Y los U$S 300 millones sobrantes se enmarcan en un contrato de préstamo para financiar el Programa de Apoyo a la Política de Mejora de la Alfabetización Inicial.
Con la lógica de todos los programas ofrecidos por estas instituciones internacionales de crédito, las particularidades contractuales en la letra chica no faltan. El contenido de este acuerdo que será ejecutado por el ministerio de Capital Humano, acompañado por la Secretaría de Educación y sus subsecretarías, estará atado a los modelos educativos que promociona el BID. Según lo indicado por el programa, la estructura de este busca aumentar el tiempo escolar, estandarizar sistemas de evaluación y entrometerse en la asignación de los recursos educativos.
El decreto que oficializa este préstamo, además de aclarar su contenido, también habilita la posibilidad de que el Ministerio de Economía tenga la capacidad para realizar las modificaciones, no solo en su duración, sino también en la administración de su monto.
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En cuanto al programa orientado a la política fiscal, este fue firmado en forma de contrato de préstamo del BID por hasta U$S 650 millones. Este acuerdo directamente queda bajo la órbita del ministerio a cargo de Caputo y cuenta con dos objetivos: la eficiencia del sistema tributario y la eficiencia asignativa del gasto público, una promesa directa al recorte presupuestario de todo lo público.
En un contexto donde las reservas del BCRA necesitan fortalecerse para demostrarle a los mercados que se está transitando el camino para levantar el cepo cambiario, Luis Caputo se hace con este acuerdo del BID. El viaje realizado a la capital estadounidense a fines del pasado mes, a pesar de no haber conseguido ningún tipo de resolución en relación al actual programa del FMI, pudo hacerse a base de préstamos de otros organismos de crédito (BID y BM), una especie de colchón de divisas norteamericanas para mantener encendido este veranito financiero. Claro está que estos resultados positivos para la gestión del Messi de las finanzas son a costa de trasladar el pago de estas deudas a un posterior ajuste que tiene como destino la espalda de los trabajadores.
Además de estos casi U$S 2.000 millones otorgados por el BID, el ministro de Economía, en su anterior viaje, había logrado cerrar otros acuerdos con el Banco Mundial, acumulando entre todos los préstamos la suma de U$S 8.800 millones, todo en función de sostener su actual estructura económica y financiera, siendo esto el único objetivo a cumplir por parte de este gobierno: endeudar al país para pagar los acuerdos usureros de estos organismos internacionales y de los fondos buitres. Un comportamiento que solo propicia la perpetuación de este mecanismo de dominación en países como el nuestro y donde los sectores sensibles de la sociedad se vuelven las variables de ajuste.
Para terminar con esta lógica hay que romper todo tipo de acuerdo con el FMI y cualquier otro fondo extranjero de usura. Todos los recursos que se fugan en función de pagar estas obligaciones podrían redireccionarse y ponerse en función a las necesidades de los trabajadores y los sectores populares. Lo que daría un cambio radical en las condiciones materiales de estos sectores.