Causas judiciales contra les protagonistas del Misionerazo
Luego de las jornadas de protesta que fueron conocidas como “el Misionerazo”, la gestión provincial encabezada por Hugo Passalaqua impulsa varias causas judiciales contra diferentes actores del conflicto social. Las acusaciones públicas de intentos de desestabilización fueron seguidas de denuncias penales contra las y los actores de los reclamos salariales de los distintos sectores que ganaron la calle entre abril y junio de 2024.
Durante septiembre y en un hecho sin precedentes en Misiones, una docena de trabajadores de sanitarixs fueron citados a prestar declaración indagatoria ante el Juez Balor, en el marco de una denuncia penal realizada por el Ministerio de Salud vinculada a los reclamos salariales. Además, ha ordenado a las autoridades policiales recabar información para otra causa penal contra 9 trabajadores de salud en El Dorado.
Esto ocurre mientras continúan activas las causas judiciales iniciadas en mayo contra referentes docentes, y el gobierno provincial avanzó en la imputación, detención y exoneración de los referentes del reclamo de las fuerzas de seguridad.
El origen del reclamo salarial
El desfasaje salarial provocado por los altos índices de inflación desatados a partir de diciembre de 2023 y el no otorgamiento de recomposición por parte del gobierno provincial desde noviembre a febrero fueron la causa de los reclamos de diversos sectores: lxs docentes empezaron a reclamar en febrero, seguidos inmediatamente por lxs trabajadores de salud pública.
La firma por parte de las autoridades provinciales de acuerdos salariales claramente desventajosos con varios sindicatos oficialistas en febrero profundizó la pérdida del poder adquisitivo del salario de lxs trabajadores del Estado provincial.
El cuestionamiento a la falta de representatividad de esas estructuras sindicales y la falta de respuestas satisfactorias a las demandas por parte del gobierno provincial llevaron a miles de trabajadores a la protesta a través de múltiples expresiones que se intensificaron a partir del mes de abril.
El reclamo salarial de policías y agentes penitenciarios se planteó ya en momentos en que la demanda de recomposición de otros sectores ganaba las calles en toda la provincia. La irrupción de las fuerzas de seguridad con sus propios reclamos y acciones llamó la atención de los medios nacionales y le dio al conflicto su proyección nacional.
La tensión social alcanzó su pico durante el mes de mayo, con la instalación el día 16 del acampe policial en la Av. Uruguay de Posadas y la posterior instalación del Acampe docente sobre la misma arteria, mientras lxs docentes también realizaban medidas en diversas localidades.
A la par, el conflicto de salud alcanzaba a los centros asistenciales de toda la provincia y luego tuvo su expresión más visible en el Acampe iniciado el 21 de mayo frente al Ministerio de Salud Pública.
La conformación del Comité de Crisis por parte del gobierno provincial junto al Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich y el arribo a la provincia de las fuerzas federales a su mando, fueron la muestra más clara de la apuesta de las autoridades locales a dar salida a los reclamos por la vía represiva. Sin embargo, esta fracasó rotundamente ante el consenso que las protestas habían logrado entre la población local.
Esto forzó a las autoridades a abrir instancias de diálogo a las que acudieron en principio sin realizar propuestas superadoras. En vez de ello, el gobierno provincial optó por victimizarse y atribuir a los reclamos aspiraciones destituyentes y desestabilizadoras. Recurrió a maniobras extorsivas, a amenazas de iniciar procesos penales y a intentos de deslegitimar y declarar ilegales las huelgas de docentes y trabajadores de salud.
La judicialización de la protesta no tardó en llegar: en distintas fechas de mayo, el juez de Instrucción en lo Penal Ricardo Balor ordenó el desalojo de los tres acampes. En el caso del acampe policial, no efectivizó el procedimiento. En el caso del acampe de Salud, la orden llegó el 31 de mayo. Sus participantes se negaron a levantar la medida y las autoridades policiales constataron la inexistencia de delitos en el desarrollo de esta.
En cambio, los docentes levantaron el acampe en la Av. Uruguay en la madrugada del 1 de junio para volver a la avenida en horas de la mañana. Esto le valió a la referente docente y secretaria general de la CTA A Misiones Mónica Gurina y su Secretario Adjunto Leandro Sánchez una imputación por “desobediencia judicial”.
Además, el gobierno impulsó otra causa por “daños” a 12 activistas que participaron de la marcha del 23 de mayo a la Legislatura provincial.
El ciclo de protestas se cerró a través de distintos acuerdos con cada uno de los sectores entre fines de mayo y principios de junio. Sin embargo, el gobierno provincial no ha desistido en su afán de criminalizar la protesta.
En el caso de lxs trabajadores de salud, las citaciones comenzaron a llegar en momentos en que resurgen los reclamos salariales que siguen teniendo vigencia en tanto no se ha logrado una recomposición salarial acorde a la inflación.
A partir de este lunes 30 de septiembre y en seis jornadas hasta el 8 de octubre, lxs 12 trabajadores de la sanidad deberán declarar en una causa de la cual desconocen su contenido.
Mientras tanto, siguen abiertas las causas por “daño” y por “desobediencia judicial” a los referentes docentes.
Además, el gobierno ha avanzado no solo en la imputación, sino en la detención y exoneración de los referentes y voceros del acampe policial atribuyéndoles graves delitos de orden público.
Si bien el marco de las protestas salariales de cada uno de los sectores es diferente -sobre todo en el caso de las fuerzas de seguridad que tienen prohibida la sindicalización y la protesta pública – el gobierno provincial demuestra una preocupante inclinación a englobar toda la protesta salarial en formas de sedición, conspiración y desestabilización política, a la par de que ejecuta los planes de ajuste en línea con la administración nacional.
Alicia Zelaya Rivas