La administración de Javier Milei presentó como un avance histórico la reprivatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay, pero el proceso quedó atravesado por cuestionamientos sobre el pliego, posibles beneficios para empresas determinadas y falta de transparencia. Un negocio estratégico para el comercio exterior vuelve a quedar en manos privadas mientras el Estado resigna control sobre una vía clave de la economía nacional.
Una reprivatización millonaria bajo la lupa
El Gobierno de Javier Milei volvió a presentar una privatización como si fuera una conquista nacional. Esta vez fue el turno de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las principales rutas de salida de las exportaciones argentinas. Desde la Casa Rosada anunciaron el proceso como un “éxito” y destacaron supuestas mejoras en los costos logísticos, pero detrás del festejo oficial aparecen denuncias por irregularidades y sospechas sobre un negocio millonario entregado al sector privado.
La llamada Vía Navegable Troncal es un corredor estratégico: por allí circula una parte central del comercio exterior argentino, especialmente vinculado al complejo agroexportador. El control sobre su dragado, mantenimiento y cobro de peajes implica administrar una infraestructura clave para definir costos, condiciones de circulación y una porción significativa de la logística nacional.
Sin embargo, lejos de la transparencia prometida por el Gobierno, el proceso quedó envuelto en cuestionamientos. Un documento reservado elaborado por especialistas internacionales señaló presuntas irregularidades en el pliego licitatorio, posibles direccionamientos, conflictos de interés y costos cuestionados en la concesión.
La receta de siempre: entregar un negocio estratégico
La privatización de la Hidrovía forma parte de una política más amplia del Gobierno libertario: reducir la presencia estatal y transferir áreas estratégicas a empresas privadas. Bajo el argumento de la “eficiencia” y la “competencia”, el Ejecutivo avanza sobre sectores donde se discute ni más ni menos que quién controla recursos fundamentales para la economía del país.
En este caso, el negocio no es menor. La concesión tendrá un impacto directo sobre los costos del transporte de mercancías y sobre los grandes grupos exportadores que utilizan esta vía para sacar producción al exterior. El discurso oficial habla de beneficios generales, pero los principales beneficiarios vuelven a aparecer entre los grandes actores económicos vinculados al comercio internacional.
Mientras tanto, para trabajadores, productores pequeños y consumidores, la discusión es otra: quién termina pagando esos costos logísticos y quién se queda con las ganancias. Porque una cosa es mejorar una vía navegable y otra muy distinta es regalar la administración de una arteria económica del país a grandes empresas privadas.
Transparencia selectiva
El Gobierno intentó cerrar las críticas presentando auditorías y controles como garantía de legalidad. Pero los cuestionamientos no surgieron solamente desde sectores opositores: distintos informes pusieron la lupa sobre el armado del proceso licitatorio y las condiciones establecidas para las empresas participantes.
La polémica también se centra en la propia estructura del llamado a licitación. Especialistas denunciaron que algunas condiciones podían favorecer a determinados oferentes y limitar la competencia real. La paradoja es evidente: un gobierno que llegó prometiendo terminar con privilegios y negocios opacos termina impulsando una concesión sobre un recurso estratégico bajo fuertes sospechas.
Una hidrovía para pocos
La experiencia argentina con privatizaciones ya dejó antecedentes conocidos: en los años noventa, empresas estratégicas quedaron en manos privadas bajo promesas de inversión y eficiencia que muchas veces terminaron acompañadas de pérdida de soberanía, concentración económica y menor capacidad estatal de planificación.
La Hidrovía vuelve a abrir ese debate. ¿Debe una ruta clave para el comercio exterior quedar sometida a la lógica de ganancia privada o ser gestionada como una herramienta de desarrollo nacional?
La respuesta del Gobierno parece clara: priorizar la participación empresaria y reducir el rol estatal. Pero el problema es que una infraestructura de semejante importancia no es simplemente un negocio más.
Mientras Milei festeja la privatización como una victoria, crecen las preguntas sobre quién gana y quién pierde. Porque cuando los bienes estratégicos quedan en manos privadas, la factura rara vez la pagan los grandes grupos económicos: suele caer sobre las mayorías trabajadoras.
