El plan motosierra/licuadora de Milei, que en Córdoba tiene su perfecto correlato de la mano del gobernador Martín Llaryora, ha demostrado en los últimos meses que no estaba diseñado para enfrentar a la casta, o bien, la casta al final era la comunidad educativa. No se explican si no los resultados de los relevamientos realizados por el sindicato docente, UEPC, sobre 356 escuelas que reflejan un deplorable estado de infraestructura. Esto se profundiza ahora que llegaron las olas de frío que dificultan el proceso de enseñanza/aprendizaje y ponen en riesgo la salud tanto de docentes, estudiantes y el resto de la comunidad educativa.
Un invierno frío y un presupuesto de miseria
Recién estamos en mitad del otoño y las temperaturas en Córdoba ya marcan por debajo de los 0 grados. Sin embargo, el gobierno provincial no parece haberse enterado, puesto que, según los resultados del relevamiento de UEPC, el 85% de las escuelas no tienen habilitada la red de gas y el 80% tiene un sistema eléctrico deficiente, lo que implica no soportar la conexión de artefactos de calefacción. A esto se le suma que más del 50% de los establecimientos educativos tienen ventanas rotas lo que favorece las corrientes de frío dentro de las aulas.
Esta situación ya ha superado lo crítico en ciertas instituciones como la Escuela Especial Beatriz Angelica Allio Martinez, que tuvo que cerrar sus puertas por la falta de gas y otros servicios como teléfono, internet, luz exterior o insumos de enfermería (elementos indispensables para cualquier escuela y más para una escuela especial). Algo similar sucede en el IPEM N° 5, escuela que está sin clases, con los vidrios rotos, sin calefacción y con riesgo eléctrico, o la escuela Dr. Agustín Garzón Agulla, que estuvo sin clases casi dos semanas por la falta de gas.
La lista podría ocupar páginas y páginas, y es entendible teniendo en cuenta que el gobierno provincial este año solo destina el 23% del presupuesto total a educación, 12 puntos porcentuales menos de lo que obliga la propia Ley de Educación N°9.870 que establece que la provincia debe destinar -como mínimo- un 35%, siendo hoy la cifra más baja en los últimos 10 años.
Defender la educación como bandera
A este plan de desfinanciamiento de la educación se lo viene enfrentando desde distintos sectores, comenzando por la comunidad educativa que frente a la inacción del Estado ha realizado acciones como ruidazos, sentadas y carteleada afuera de cada escuela para visibilizar la situación que se está viviendo, acompañadas de los gremios como UEPC Capital y referentes de izquierda como la legisladora Luciana Echevarría. Hay que redoblar la apuesta para que seamos cada vez más quienes defendamos la educación pública, gratuita, laica y de calidad.