Tras haber conseguido destrabar el desembolso de U$S 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional y luego de recibir un aval de U$S 2.000 millones del Banco Mundial, el equipo económico de Luis Caputo anunció un nuevo acuerdo.
En esta oportunidad el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se comprometió a entregar una garantía por U$S 550 millones para que el gobierno pueda salir a buscar nuevas inversiones privadas. La intención del Palacio de Hacienda es utilizar estos respaldos financieros para captar fondos que le permitan hacer frente a los vencimientos de deuda previstos para el próximo mes de julio que ascienden a más de U$S 4.000 millones.
El ministro intentó presentar este anuncio como una victoria al asegurar que esto permitirá reducir el costo financiero del país. Sin embargo, las declaraciones oficiales y los documentos del propio BID revelan una realidad diametralmente opuesta. No hay ningún beneficio estructural para las mayorías trabajadoras en estos arreglos porque la contrapartida exigida es la profundización del ajuste.
El titular del organismo Ilan Goldfajn celebró abiertamente “el gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar reformas” que viene realizando la administración libertaria. Estos elogios se traducen en un aval a los recortes en áreas sensibles del Estado y a la precarización laboral impulsada por la Casa Rosada. La supuesta ayuda internacional funciona como un mecanismo de chantaje donde cada dólar garantizado viene atado a nuevas exigencias fiscales y tributarias.
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Garantías para la fuga y deudas para el futuro
Para comprender de forma sencilla la gravedad de esta situación es necesario explicar cómo funcionan estas garantías que ofrecen tanto el BID como el Banco Mundial.
A diferencia de un préstamo tradicional, estos organismos no entregan divisas frescas que ingresen de forma directa a las reservas del Banco Central. Lo que hacen es otorgar un respaldo o una garantía para que el gobierno de Javier Milei pueda volcarse al mercado de capitales y emitir nuevos bonos.
Gracias a este aval internacional los inversores privados sienten “mayor seguridad” y acceden a comprar esos títulos a tasas de interés más bajas de las que exigiría normalmente el riesgo país argentino. En este caso el gobierno espera conseguir fondos con tasas que rondarían entre el 5,5% y el 6,5%.
El dinero que ingresa por la venta de esos nuevos bonos se utilizará exclusivamente para cancelar los U$S4.000 millones que vencen este próximo 9 de julio entre capital e intereses de Bonares y Globales.
El discurso oficial afirma que esto es positivo porque permite financiar deuda cara con deuda más barata, pero esta lógica esconde una trampa enorme. Lo único que se está haciendo es patear el problema para mucho más adelante porque el gobierno igual deberá afrontar en el futuro el pago del capital y los intereses de estos nuevos bonos emitidos. La reducción temporal de la tasa de interés no resuelve la incapacidad estructural del modelo económico, el cual sigue sin poder generar los dólares necesarios para repagar estos compromisos financieros sin someter a la población a una miseria extrema.
El mecanismo de financiamiento garantizado tiene una segunda trampa todavía más profunda. Al aceptar el respaldo del BID y del Banco Mundial el gobierno libertario les abre la puerta de par en par para imponer su propia agenda política y económica.
Estos organismos multilaterales operan de la misma manera que el Fondo Monetario Internacional y exigen reformas previsionales, tributarias y laborales como condición para mantener su apoyo financiero. De esta forma, el destino de la economía nacional queda atado a las decisiones que se toman en los despachos de Washington.
De esta manera, las políticas sociales, los salarios, los derechos de los trabajadores, y nuestros bienes comunes, pasan a depender del visto bueno de burócratas extranjeros que solo defienden los intereses del gran capital internacional.
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Ruptura con la usura y desconocimiento soberano
El programa económico de Milei y de Caputo demuestra que su única prioridad es garantizar la estructura financiera de la deuda a costa de destruir el país. Festejan la acumulación de reservas y los avales externos mientras ocultan que el Banco Central solo compra dólares para vendérselos al Tesoro y pagar vencimientos externos en un circuito cerrado que desangra las arcas nacionales.
Toda esta ingeniería financiera de deuda por más deuda, solo sirve para asegurar la supervivencia de un modelo que garantiza las ganancias de los sectores más concentrados y de los bancos extranjeros. En definitiva, el apoyo del BID y del Banco Mundial sirve como un certificado de buena conducta, un aval otorgado a un gobierno dispuesto a rematar hasta las joyas de la abuela.
La única salida posible frente a este escenario de saqueo organizado exige romper de raíz con el modelo de endeudamiento perpetuo. No se puede seguir atando el destino del país a los designios de organismos multilaterales que exigen recortes en áreas sensibles y celebran la destrucción de nuestros derechos. Resulta fundamental desconocer estos acuerdos fraudulentos y declarar un cese soberano del pago de la deuda externa que el pueblo no contrajo y de la cual no vio ningún beneficio.
Todos los recursos que hoy se destinan a la usura de los créditos internacionales y a los fondos buitres deben ser reorientados de forma inmediata. Ese capital debe movilizarse para satisfacer las necesidades urgentes por las que atraviesan los trabajadores y para reactivar una economía que el propio gobierno ha empujado a una recesión histórica. El destino de la clase trabajadora no puede negociarse con garantías del BID, ni se puede vender al mejor postor en Washington.
