El martes 28 de febrero se aprobó por ley una nueva moratoria previsional. Una medida que, más allá del alcance a casi un millón de personas, obliga a pensar el sistema previsional, sobre todo por las jubilaciones de miseria que mantiene el gobierno del Frente de Todos. Otra vez, las patronales festejan, como hacen desde los 90. La derecha de Juntos por el Cambio y los liberfachos trinan nuevamente contra los derechos de los y las trabajadoras. El planteo que hacemos desde el MST en el FIT-Unidad:
En la única sesión extraordinaria que se dio en la Cámara de Diputados, tras los diferentes cruces entre el bloque oficialista y Juntos por el Cambio que impidieron que se sesione con anterioridad, se trató y aprobó la nueva moratoria previsional. Desde el 31 de diciembre de 2022 había dejado de estar vigente la última moratoria, hecho que impedía jubilarse a más de 800.000 personas en edad de hacerlo, pero sin los 30 años de aportes.
Con un resultado ajustado, la nueva moratoria, sin embargo, vale decir que no deja de ser más que un parche. Es obvio que se va a garantizar un derecho para un contingente que, de no haber sido aprobada la ley, hubiese afectado con mayor consideración a las mujeres. Pero, lo que se garantiza es que los adultos mayores apenas puedan vivir con una jubilación mínima que, hoy, es de $58.664. Un monto de indigencia que ni siquiera llega a ser la mitad de la última canasta básica de jubilados de $151.000, calculada en octubre (2022) por la Defensoría de la Tercera Edad.
A la vez, la aprobación de la nueva moratoria echó luz sobre un fenómeno que ningún gobierno quiere modificar. Desde los 90 a esta parte, con la sanción de los decretos de Menem, que redujeron los aportes patronales (del 33% al 17%), todos los gobiernos han mantenido este andamiaje neoliberal del sistema previsional. Un elemento que es el principal responsable del famoso desfinanciamiento de las cajas, nada tiene que ver con “regalar jubilaciones” como algunos quieren hacer creer. Los nulos aportes de las patronales, que se dan el lujo de emplear en la mera informalidad a los trabajadores, es lo que impide que miles se puedan jubilar con su trabajo y tengan que recurrir a una moratoria.
Pero la perversidad no termina acá. Con la nueva ley aprobada, los años que falten para cumplir los 30 de aporte tendrán que ser abonados por los mismos jubilados con sus magros ingresos. En suma, tendrán que pagar la estafa de sus patrones.
En el recinto, mientras se discutía la nueva moratoria, resonaron discursos de la derecha que valdría la pena revisar para terminar con la farsa de las jubilaciones como déficits. También es necesario, como lo venimos haciendo, revisar los argumentos del gobierno que, por otro lado, en cumplimiento con el FMI, ha sido el responsable de mantener a las jubilaciones por el suelo.
Juntos por el Cambio y los liberfachos contra la moratoria
Casi como era de esperar Milei, Espert y María Eugenia Vidal fueron de las principales figuras que manifestaron el rechazo contra la nueva moratoria. Los argumentos esgrimidos, en su gran mayoría, buscaban apuntar a la misma como una estafa. Para ser más precisos vamos a repasar sus palabras textuales:
Javier Milei: “(…) este tipo de cosas (la moratoria) constituyen un verdadero desastre. No sólo porque es una estafa a los jubilados presentes, a los jubilados de hoy, sino que es una estafa sobre las generaciones futuras”.
José Luis Espert: “Las jubilaciones son un gasto público, porque tenemos un sistema de reparto. En ese sistema de reparto, los activos hoy le pagan a los que fueron activos antes, o sea los jubilados de hoy(…) mientras el Estado se haga cargo de un gasto público como la jubilación, es un gasto. No es ninguna inversión”.
María Eugenia Vidal: “Regalar jubilaciones no es gratis, pagan los laburantes con más impuestos y menos trabajo. No cuenten con mi voto para seguir hundiendo un Estado quebrado”.
Está demás decir que la estafa para estos personajes no es para nada el incumplimiento de las patronales en no hacer los aportes que les corresponden. Como voceros de los planes de austeridad empalman con los pedidos de reformas regresivas del sistema jubilatorio.
En el caso del bloque de Juntos por el Cambio hay que sumar que, además de los dichos de la exgobernadora, responsable de vaciar el IPS, la caja de jubilaciones bonaerenses, se sumaron las expresiones de Alejandro Cacace (diputado por Evolución Radical JxC) y López Murphy. Ambos, en diferentes espacios, el primero en el recinto, el segundo en diferentes entrevistas radiales, salieron a repudiar la moratoria y exigir se aplique la PUAM (pensión del adulto mayor).
Sí, que se aplique el modelo de esa pensión votada durante el gobierno de Macri, con anuencia del peronismo, que consta del 80% de una jubilación mínima para quienes no tienen aportes. Falta agregar que, además, se empezaría a percibir a los 65, 5 años después de la edad jubilatoria que hoy está en los 60 para las mujeres.
Resumiendo, estos sectores se oponen a la moratoria no por su carácter de parche en función de buscar una salida superadora para los trabajadores, sino insistiendo en implementar un modelo en el cual se trabaje prácticamente hasta la muerte. Y ni hablar de su negacionismo al trabajo de los empleados informales, algo que también festejan, debido a que promulgan una reforma laboral donde se acaben todos los derechos de los trabajos formales. Buscan, en última instancia, reducir aún más las partidas de las jubilaciones, apuntalando la propuesta de elevar la edad jubilatoria y privatizar nuevamente el sistema jubilatorio.
El Frente de Todos y el doble discurso permanente
Las intervenciones del oficialismo en el Congreso, como es costumbre, buscan relatar una realidad que no tiene parangón alguno en la cotidianeidad de ningún trabajador y jubilado. Siendo además el responsable de dos cuestiones, la nulidad de los aportes patronales, manteniendo la informalidad laboral, y, también, las jubilaciones de miseria producto de la reforma previsional que aplicó el presidente ni bien asumió.
Vayamos por partes. Máximo Kirchner el pasado 28 de febrero dijo que la moratoria es: “inversión que hace el Estado en sus habitantes”. Y sumó que: “la mayoría del mundo, de los Estados, se encuentran en déficit fiscal, así que no creo que sea ese hoy el problema en la Argentina”. Lo dicho por el exjefe del bloque oficial cae por su propio peso. En 2022 el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa funcionó como alumno perfecto del FMI. No sólo que sobre cumplió la meta de déficit fiscal, sino que para alcanzar la misma recortó las partidas en jubilaciones y pensiones de un 8% a un 7,7% del PBI. No hay inversión, hay desinversión y todo para cumplir con los burócratas de Washington.
Por otro lado, mientras se ufana este gobierno de mantener casi un pleno empleo, nada dice de las cifras reales, donde el universo de los trabajadores informales, según la última medición del INDEC en 2022, supera las cifras del último año del gobierno de Macri alcanzando el 37,4% de la masa empleada.
A esta situación, de forma paralela, se llegó podando los ingresos de los jubilados durante largos años. Mostraremos, con un recorte histórico, cómo desde el macrismo a esta parte ha empeorado la situación. Demostrando que, lejos del discurso de Alberto Fernández, los jubilados no han sido una prioridad durante sus tres años de gobierno.
De reforma en reforma
El 14 y 18 de diciembre de 2017, con salvajes represiones, el Congreso, donde parte del peronismo acompañó a diputados y senadores macristas, aprobó una reforma previsional.
Por aquel entonces la modificación en el sistema buscaba cambiar el cálculo para los haberes a una fórmula compuesta por el índice de variación de los salarios en un 30% y la inflación en un 70%. Especulando con una inflación baja (elemento que no sucedió en 2018 y 2019), además de robar un trimestre en el empalme de fórmulas con el aumento de marzo de 2018, Macri buscó dejar las jubilaciones por el suelo. Algo que le salió, pero a medias.
Como dijimos, mediante palos por parte de las fuerzas represivas, el gobierno de aquel entonces hizo pasar esta medida con el único fin de ahorrarse $100.000 millones en gastos de jubilaciones y pensiones, y teniendo en cuenta los 4,3 millones de Asignaciones Familiares y las 3,8 millones de AUH.
Tras la llegada del Frente de Todos, con denuncias a estas políticas neoliberales, la situación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) siguió empeorando. Más allá de la recordada frase de Alberto: “Entre los bancos y los jubilados, yo me quedo con los jubilados”, estos últimos siguieron perdiendo.
A sólo 7 días de asumir, el 19 de diciembre de 2019, el presidente envió al Congreso el proyecto de Ley de “Solidaridad y Reactivación Productiva”. Esta ley tenía como objetivo, en su momento, renegociar la deuda pública. Para eso se ofrecía tanto al FMI como a los bonistas privados la posibilidad de suspender la movilidad previsional por 180 días y en su lugar otorgar aumentos discrecionales por decreto. O sea, buscaba suspender la movilidad jubilatoria justo en un momento donde, por primera vez, le iba a tocar a los jubilados recomponer parte de los 20 puntos reales que habían perdido con el gobierno de Cambiemos. Al fin y al cabo, la medida del Frente de Todos significó un “ahorro” fiscal del orden de $98.700 millones en 2020 para las jubilaciones y pensiones. Cifra casi idéntica a la del macrismo.
Esto efectivamente no pasó, la reforma de Alberto se hizo y hasta el día de hoy las jubilaciones adoptaron un sistema de cálculo de las mismas que ya ni siquiera contempla la inflación. Ahora los aumentos, en el caso de la mínima, se dan por decreto. Así el ingreso de los jubilados siguió en caída libre.
Eugenio Semino, defensor de la tercera edad por la Ciudad de Buenos Aires, tras el nuevo debate que se abrió en medio la moratoria que se sancionó actualmente, dijo que durante el período de enero de 2022 a febrero de 2023: “el reajuste total da un acumulado del 72,5%, cuando estamos hablando de una inflación del 100%, ahí tenemos una diferencia objetiva de alrededor de 27 puntos”.
La salida que planteamos desde el MST en el FIT-Unidad para recuperar el 82% móvil
El capitalismo a nivel mundial tiene en mente seguir descargando una contrarrevolución económica en cualquier parte del globo. Francia, por estos días, es un ejemplo. Más de 3 millones de trabajadores se han movilizado para repudiar la reforma previsional que, como en todos lados, apunta a reducir los montos de las jubilaciones y elevar la edad de retiro.
Argentina, como hemos visto, no es la excepción de estos planes. Durante el gobierno de Macri, fue derrotado en las calles un intento de reforma reaccionaria. Y ahora, las coaliciones que integran la falsa grieta han funcionado como personeros del FMI, en distintos momentos, para cumplir con esta tarea y ajustar a los jubilados.
Haciendo que en nuestro país las novedades no sean nada nuevo. El caso de la moratoria es un ejemplo, lo que apareció en 2005 como una excepción, por la crisis del 2001, se perpetuó en el tiempo. Volviendo a lo dicho por Semino con respecto a la nueva moratoria, se puede afirmar que: “es cierto que hay entre 700.000 y 800.000 trabajadores con la imposibilidad de cubrir los 30 años de aportes y no pueden ingresar al sistema”. Pero agrega que esto sucede porque: “el sistema político argentino nunca discutió o no se planteó qué hacer con el problema estructural del sistema, que es el financiamiento”.
Desde el MST en el FIT-Unidad, rechazamos todo intento de reforma previsional que apunte a liquidar el sistema solidario, avanzando hacia uno mixto o privado, como postulan de manera más directa o indirecta desde ambas coaliciones patronales y el sector de Milei. Proponemos políticas de fondo que pueden resolver esta cuestión a favor de quienes trabajaron durante toda su vida. Estamos convencidos que se pueden terminar las jubilaciones de miseria y restablecer el 82% móvil. Sólo que, como siempre remarcamos, depende de la voluntad política de afectar a los grandes capitalistas.
De esta forma, podríamos aplicar un aumento general de las jubilaciones al 82% con movilidad automática según el costo de vida real. Para avanzar hacia esa orientación hay que reestablecer y aumentar las contribuciones patronales que el menemismo dio de baja en los 90. Además, terminar con cualquier forma de precarización laboral, sancionando a toda patronal que contrate bajo la informalidad. A esto hay que sumarle el control de la ANSES por parte de sus trabajadores y jubilados, al igual que reestablecer todo lo que ha sido sustraído del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso, en conjunción con la suspensión y rechazo de la deuda externa, sumado a una reforma tributaria progresiva donde se grave más a quien más tiene, garantizaría todos los recursos necesarios para establecer la medida indicada.
Si hay una deuda, es con los jubilados. Y desde la izquierda, lejos de la hipocresía de Alberto Fernández y Mauricio Macri, sí los consideramos prioridad antes que los bancos y especuladores.
- Los decretos de Menem que redujeron las contribuciones patronales fueron los: Decreto N° 385/1994; Decreto N° 306/1995 y el Decreto N° 1520/98.
- Eugenio Semino: “El ajuste de haberes jubilatorios fue sólo del 72,5% en 2022”.MDZ (05/03/2023)
- Ídem.