El reciente caso del Colegio Modelo de Lomas de Zamora visibiliza la configuración de una nueva modalidad de violencia que se sirve de nuevas herramientas en el entorno digital, donde decenas de alumnas sufrieron la alteración de sus fotografías mediante Inteligencia Artificial para ser insertadas en imágenes pornográficas falsas.
Una escena que viene retirándose en diversas escuelas, y cuya repetición pareciera operar como una suerte de “contagio” entre varones jóvenes, quienes emulan códigos y modelos de masculinidad como verdaderos ensayos para “hacerse un lugar” en la jungla patriarcal
Si bien la modalidad es nueva, el problema se apoya en viejas estructuras: este hecho expone la violencia machista operando como una maquinaria de humillación y disciplinamiento sobre los cuerpos de las mujeres, aún cuando estás sean sus pares, sus compañeras de aula, también sujetos en desarrollo. Pero, sin lugar a dudas, se abren debates sobre cómo afrontar y qué hacer ante situaciones que constituyen violencia machista y deben prohibirse y el formato sancionatorio como única opción.
Desregulado y siniestro
Resulta insoslayable inscribir esta violencia digital en la infraestructura material y económica que la sostiene. Asistimos a un uso no soberano de la Inteligencia Artificial en nuestro territorio, donde herramientas desarrolladas bajo las lógicas de acumulación del Norte Global operan sin ninguna barrera ética. En el actual esquema del capitalismo de plataformas, el cuerpo de las mujeres constituye un territorio de extracción y mercantilización. Las corporaciones tecnológicas transnacionales engrosan sus ganancias mediante algoritmos que fomentan la vitalización de la humillación y la cosificación. La ausencia de regulación de estas plataformas deja a las poblaciones a merced de diseños corporativos que perpetúan la desigualdad y la dominación masculina. Exigir la regulación de las plataformas y debatir la soberanía tecnológica constituye una urgencia ineludible para frenar esta nueva fase de explotación sobre los cuerpos y las subjetividades.
Frente a este escenario, la denuncia es una herramienta fundamental para visibilizar la violencia que se ejerce sobre nuestros cuerpos, pero no puede quedar reducida a una respuesta individual ni a la confianza ciega en un sistema judicial que muchas veces revictimiza y llega tarde. Frente a la circulación de deepfakes sexuales, necesitamos denunciar a quienes producen y difunden estas imágenes sin consentimiento, exigir responsabilidades a las plataformas y corporaciones que lucran con nuestros cuerpos y reclamar protocolos efectivos en las escuelas que protejan a las víctimas sin estigmatizarlas. Desde una perspectiva feminista, la salida no puede ser el punitivismo ni la ampliación indiscriminada del control y el castigo: necesitamos prevención, educación sexual integral, acompañamiento colectivo y políticas públicas que pongan en el centro a quienes sufren estas violencias. Denunciar, organizarnos y exigir respuestas es parte de una lucha colectiva contra la mercantilización de los cuerpos y por una vida libre de violencias.
La penalización de adolescentes, como política de deresponsabilización de los adultos y el estado
Ante la irrupción de estos conflictos, el Estado y los discursos hegemónicos ensayan salidas de corte estrictamente punitivista que terminan agravando la herida social, y corriendo el rol y responsabilidad de las personas adultas. Por otro lado en el marco de la nueva legislación la pretensión de resolver la violencia machista por parte de adolescentes, mediante la imposición de un nuevo régimen penal juvenil, el cual resulta abiertamente anticonvencional y anticonstitucional, configura una peligrosa trampa: Judicializar a sujetos en pleno desarrollo mediante un aparato penal castigador reproduce la violencia institucional, expande la lógica carcelaria y fracasa rotundamente en la reparación del daño. El abordaje punitivo elude la pregunta por la responsabilidad ética y abandona la necesaria deconstrucción de los vínculos sociales.
Frente a esta vulneración sistemática, la institución educativa ofreció un procedimiento deficiente, caracterizado por el letargo y la inacción, donde el resguardo del prestigio escolar primó sobre el daño subjetivo de las adolescentes. Las críticas de las estudiantes y sus familias evidenciaron la inacción estatal frente a la violencia machista y la falta de protocolos con verdadera perspectiva de género.
La escuela como terreno de experiencia
En este escenario, la escuela debe asumir una obligación pedagógica indelegable que trasciende la formalidad de la denuncia. La intervención institucional debe anclarse en las conquistas históricas de nuestro marco normativo: la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley Nacional de Convivencia Escolar y las Jornadas Educar en Igualdad. El desmantelamiento sistemático y el vaciamiento presupuestario de estas políticas públicas guardan una relación directamente proporcional con la proliferación de las violencias machistas en las aulas. Recomponer el tejido escolar y erradicar estas lógicas asimétricas exige sostener y profundizar la intervención educativa, asumiendo que la única vía efectiva para transformar la cultura escolar y desarmar la matriz patriarcal de raíz radica en la pedagogía y la garantía plena de derechos.
Estas responsabilidades, suelen ser mucho más eludidas en las escuelas privadas, dónde las normativas de aplican en función “del ideario institucional”.
Y aún allí, nuevamente, fue la organización de las pibas en defensa de sus derechos la que marcó la cancha, demostrando que la respuesta ante la crueldad requiere organización y movilización colectiva.
