Entrevistamos a Sandra Gobbo y Óscar Marinucci, una familia que produce agroecológicamente al sur de Santa Fe, en la localidad de Bigand. Hoy están enfrentando a la Fundación Honorio Bigand que, en alianza con los poderes del Estado, buscan desalojarlos de las tierras que trabajan desde hace 102 años y dejarlos en la calle. Todo para el negocio del monocultivo de soja y los agrotóxicos que, lejos de alimentar, envenenan, destruyen nuestro ambiente y llenan solo sus bolsillos.
¿Cuéntenos como y porqué inicia el conflicto?
Nosotros estamos en Bigand, en el sur de Santa Fe, a unos 70 km de Rosario, y tenemos la particularidad de que el fundador de nuestro pueblo, Víctor Bigand, haya tenido tres hijos que no dejaron descendencia y con la muerte de la última heredera (Mercedes Bigand, que falleció en el año 2004 con 95 años de edad). En su testamento, ella dice que las 3500 hectáreas que le pertenecen van a ser administradas por una fundación que llevará el nombre de su abuelo, Honorio, por eso es la Fundación Honorio Bigand de Asistencia y Desarrollo Solidario. Los integrantes de la fundación son toda gente de Buenos Aires. No hay nadie de Bigand, no hay nadie de Santa Fe. Podemos nombrar a José Nicolás Alaimo, que es el abogado que se quedó con 810 hectáreas de las mejores que tenía Bigand. Y a la apoderada legal, Valeria Montaldo Mariocci, quien ejecutó los desalojos de todas las familias, que en un momento éramos 28 las que ocupábamos y desarrollábamos nuestras vidas en esas 3500 hectáreas.
El testamento ordena a estos integrantes que, como administradores, deben mantener y desarrollar, instituciones para el pueblo, que son el hogar de ancianos, el hospital, la escuela primaria, la Iglesia católica y una pequeña capillita que se llama Capillita de San Antonio. En ese mismo testamento, en la cláusula 10, ordena no vender los campos, (cosa que ya sucedió). También dice que, en caso de enajenarse, tienen prioridad de compra las familias que cuidaron de esas tierras durante tantos años, cosa que tampoco respetaron los administradores de la fundación.
En este caso, ustedes serían una de las familias que han cuidado de los campos durante décadas y que han trabajado en ellos. ¿Podrías contarme sobre su trabajo y el de su familia con anterioridad en estas tierras de Bigand?
Sí, nuestra historia de vida comienza en el año 1920, son 102 años que generación tras generación, recibimos el legado de nuestros antepasados que trabajaban la tierra a caballo. Fuimos amando y arraigando nuestra vida a estas tierras, que nos convirtió para formar nuestra familia. En nuestro caso, tuvimos tres hijos que se quedaron y se arraigaron a esta tierra. Mi casa, que tiene 100 años, que está sentada sobre barro y mucho trabajo, más nadie puso las manos en la tierra que no sea la familia Marinucci. Hasta que llega esta fundación y comienza a desalojar a todas las familias, y a nosotros nos saca de 50 hectáreas donde estábamos teniendo el orgullo de dar el puntapié inicial en Bigand de agroecología, teníamos un maíz enorme, vigoroso, que era la admiración de los que pasaban porque no podían entender que semejante planta no tuviese ningún tipo de químico.
Sin embargo, el 16 de diciembre del 2021, con un tractor y dos manos de disco, destruyeron todos nuestros cultivos. En 20 días, con los frutos de esas plantas, se podía abastecer al comedor comunal y aportar a alguna institución, como por ejemplo el hospital, que tanto lo necesita.
Esa es la forma de actuar, demostraron frente a nuestra casa y a nuestros ojos lo que ellos podían hacer, destruir vida.
El 99% de maíz se cultiva con agrotóxicos y transgénicos, ¿la fundación fue actuando de esta manera agresiva y patoteril, intentando echarlos no solo para acaparar tierra sino para terminar con todo germen de agroecología?
Sí, sí, por supuesto. Porque no se produce agroecología en ninguna de las tierras que administra la fundación. Al contrario, nosotros hemos tenido que pedir ayuda a la Guardia Urbana, al presidente Comunal, porque nos vienen a fumigar de noche. Y a ellos no se les puede prohibir fumigar, pero sí tienen prohibido hacerlo con viento Este, que es el que trae todo el líquido hacia nuestra casa y nuestros animales. Y puedo dar fe sobre la desesperación que tienen los corderitos que se estrellan contra los alambrados al escuchar el ruido del fumigador. Nos fumigan directamente arriba de los animales y arriba nuestro. Por eso tuvimos que pedir ayuda, porque realmente nos están matando en vida poco a poco. Esa es la forma con la que avasalla e intimida la fundación. Por eso también muchas familias no pudieron resistir el ahogo económico que ellos nos provocan. Algunos vecinos sufrieron ACV, otros fallecieron y a otros les amenazan las casas que tienen en el pueblo o las máquinas que tienen para trabajar, que son máquinas muy grandes e importantes. Muchos dieron un paso atrás para no poner en riesgo el capital que tienen y se encontraron con nosotros que no tenemos nada más que esta vivienda y este pedazo de tierra donde criamos chivos, corderos, gallinas y abastecemos al pueblo con lo que se llama huevos de gallinas felices a 300 pesos la docena, para que no solo sean alimentos sanos y orgánicos sino también accesibles, esta es la forma en la que trabajamos los agricultores familiares.
¿Son la única familia que quedó resistiendo en Bigand?
Sí, somos los únicos que quedamos resistiendo. Esta gente hace lo que hace porque está apoyada por el poder judicial, que siempre inclina la balanza hacia el más poderoso, y nos hacen dudar de que pasan gruesos sobres debajo de la puerta. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe es contundente, dictó el desalojo. Pasando por encima el hecho de que nuestra familia está inscripta en el Registro Nacional de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Si nos sacan, no vamos a encontrar más nada porque ellos, la fundación, tienen preparadas las topadoras para convertir en ladrillos nuestro hogar y talar los árboles que son añosos y que hoy son un pulmón de oxígeno y convertirían esto en lo único que pueden hacer, porque acá no se puede hacer un shopping, ni edificios, solamente se puede poner soja de la manera que lo hacen ellos, con el agronegocio, sacando cuentas nada más de los rindes y precios de pizarra.
Es decir que la responsable del desalojo es la fundación que se rige por sus intereses monetarios para conseguir ganancias. ¿Y crees que se ve esto a nivel nacional, en el sentido de que avanza la frontera sojera, no sale una ley de humedales y de que hace una semana Aracre, el ex CEO de Syngenta, es asesor presidencial?
Eso es gravísimo. ¿Qué están haciendo con las generaciones futuras? Después se quejan del calor, las inundaciones, y eso es consecuencia de que la Pachamama está hablando y está diciendo basta de lastimarme, sin embargo no estamos escuchando. Creo que a la gente que tiene dinero la enceguece el poder y no se conforma. Hay muchos culpables, uno es el poder judicial, pero también nuestro presidente, porque AF prometió por televisión la reglamentación de la ley 27.118, que es la ley de reparación histórica de agricultura familiar, la que prohíbe los desalojos de pequeños productores familiares. Sin embargo esa ley desde el 2014 está cajoneada, y el prometió reglamentar, lo vi por televisión nadie me lo contó, aún no lo hizo y esa sería un arma para que los pequeños agricultores familiares podamos defendernos de los desalojos. En el norte de santa fe, pasa a diario y ellos no llegan a los medios de comunicación, terminan con los ranchos quemados, los animales muertos y ellos muriendo en sus propias tierras. ¿Por qué? porque deja rédito. Los pequeños agricultores familiares, somos los que abastecemos las mesas de todas las familias para que coman alimentos sanos y a precios accesibles.
La Ley de Acceso a la Tierra sería un alivio también para ustedes, para no tener que depender del arrendamiento de las tierras. Sería un recaudo más para llevar adelante la producción y tener una vida de mejor calidad.
Sí, imagínate, estas 3500ha las puede manejar una sola persona y exportar directamente a puerto lo cosechado, quiere decir que en los pueblos del interior no queda nada porque las familias utilizamos el trabajo del gomero, del electricista, vamos a la panadería, a la verdulería. En cambio, esta gente viene con inmensos equipos, trabaja, llevan a puerto y no dejan nada en los pueblos del interior, entonces también van desapareciendo los pueblos, por eso lo que se plantea es qué tipo de agricultura queremos. A estas 3500ha pueden venir familias, que cada una tenga su parcela, que pueda vivir dignamente de su trabajo y a la vez dar trabajo con huerta, con cría de animales como pollos, gallinas ponedoras, y a la vez que no falte alimento, sano y accesible. No como los que tenemos que pagar ahora, y que va a ser un año muy duro para conseguir alimentos accesibles para las familias que estamos a lo último de la fila. Eso es lo que hay que replantearse. ¿Cuántas familias podrían vivir en 3500ha? Los administradores no cumplen la voluntad de Mercedes Bigand y hasta el mismo poder judicial te dice, como nos ha dicho el juez de Buenos Aires “córranse porque esta gente es muy pesada” ¿Entonces qué justicia tenemos? ¿Qué poder ejecutivo tenemos que está permitiendo que ocurra a lo largo y a lo ancho de nuestro país? Nuestra lucha es por todas las familias que están sufriendo el avasallamiento de distintos poderes económicos. Y también levanto muy alto la bandera de la mujer y la ruralidad, porque yo pongo las manos en la tierra, subo a un tractor, cuido animales, sin embargo este sistema no tiene en cuenta mi trabajo porque solamente lo toma como la colaboración a la labor del hombre. Por esas cosas lucho, para visibilizar y conquistar una solución para la familia Marinucci y todas las familias.
Sandra, vos nombras la lucha por la soberanía alimentaria, que se pone en juego con los intereses de los empresarios que están buscando siempre ganar más, pero también de un gobierno que profundiza el extractivismo avanzando con el agronegocio.
El testimonio de Sandra y Óscar confirma lo innegable. Al Estado, los grandes terratenientes y empresarios no les importa dejar familias en la calle, llenar de agrotóxicos sus vidas y nuestros alimentos, como hace pocos días nos enteramos que hace ya dos años que en la mesa de todos los argentinos llega el trigo transgénico con glufosinato de amonio. Este modelo perjudica nuestra salud, vida, nuestras tierras y además avanzan con violencia, despojo y corrupción. Solo les importa hacer negocios que en nada nos benefician. Sandra y su familia son un ejemplo de resistencia, de que hay que pararle la mano a los sojeros que buscan maximizar sus ganancias a costa nuestra. No sirven medidas tibias, leyes cajoneadas, o dólares especiales para los que ya tienen todo. Quienes vemos en la tierra bienes comunes y no recursos monetarios, tenemos que acompañarnos y luchar, como los Gobbo-Marinucci, por cada hectárea de nuestro suelo donde quieran avanzar, por una reforma agraria integral que ponga fin al monopolio de la tierra, con agroecología para potenciar el cuidado de nuestro ambiente, donde se ponga el acento en la comida para alimentar y no para negociar.
Entrevistó: Lucas Pérez, Red Ecosocialista