Terminó la segunda semana del nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez. La incansable lucha de su familia y la movilización feminista lograron que la Sala IV del Tribunal de Casación anule en 2020 un primer juicio misógino que condenaba a los acusados Matías Farías (29 años) y Juan Pablo Offidani (47 años) por la venta de estupefacientes, pero los absolvía por la violación y femicidio de la adolescente de 16 años.
La jornada comenzó muy temprano este jueves, cuando centenares de personas nos reunimos para seguir atentamente los alegatos acusatorios a través de una pantalla gigante instalada en las inmediaciones de los Tribunales marplatenses, que se gestionó por medio de una colecta autogestiva. Familiares de víctimas de femicidio que viajaron desde distintas localidades, organismos de derechos humanos, agrupaciones feministas y políticas nos encontramos para exigir justicia por Lucía. Antes de entrar, Marta Montero y Guillermo Pérez -sus padres- expresaron unas breves palabras valorando el acompañamiento y resaltaron el esfuerzo colectivo para que el juicio pueda ser realmente público, a pesar de la diminuta sala que el Poder Judicial destinó en un claro intento de restringir el ingreso de familiares, activistas o periodistas. Con la calidez de siempre, se dieron el tiempo necesario para intercambiar saludos y afectuosos abrazos.
Los alegatos acusatorios
El fiscal Leandro Arévalo solicitó prisión perpetua para Matías Farías por considerarlo “autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar en la muerte, y agravado por suministrar estupefacientes, en marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con la figura de femicidio”; y 20 años de reclusión para Juan Pablo Offidani, por considerarlo colaborador secundario, figura agravada por la vulnerabilidad de la víctima.
Las abogadas Florencia Piermarini y Verónica Heredia, que representan a la familia Pérez Montero, pidieron la misma pena para ambos imputados: perpetua. A diferencia del fiscal Arévalo, las abogadas consideraron que Offidani fue partícipe primario de la violación seguida de muerte de Lucía.
¿Negligencia, impericia o alevoso encubrimiento?
Generó gran impacto escuchar al fiscal Arévalo pedir disculpas asegurando que “el Ministerio Público Fiscal tuvo falencias que derivaron en un perjuicio para el conocimiento del hecho“. En su alegato, expresó que “se concurrió con el imputado hacia su domicilio sin labrarse actas y se obtuvieron las pertenencias de Lucía Pérez Montero sin dejarse constancia, hay una referencia mínima y se le permitió al imputado (Farías) regresar a su casa a dormir con la advertencia de que no toque nada”. Afirmó que ni la fiscal Sánchez ni nadie de su equipo fue al lugar de los hechos en los primeros momentos, que se perdieron elementos de prueba que podrían haber sido de relevancia y que la médica de Policía tampoco se hizo presente aquel sábado 8 de octubre de 2016 en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Playa Serena, donde se constató la muerte de Lucia tras haber sido trasladada por los acusados Matías Farías y Juan Pablo Offidani (además de Alejandro Maciel, fallecido en 2020).
El fiscal resaltó que Farías fue acusado formalmente y detenido al día siguiente mientras andaba en la camioneta de Offidani en inmediaciones de su casa, y que su domicilio fue allanado recién en ese momento. Los dos acusados teníansus celulares al dejar a Lucía en el CAPS y no se les secuestraron, tampoco se les realizaron análisis para detectar presencia de tóxicos.
Las abogadas de la familia de Lucía, solicitaron que se ordene el inicio de una causa por posible “falso testimonio”y “falsificación de documento público” contra el ex subsecretario de Salud municipal Pablo De la Colina, que estaba cubriendo la guardia del centro de salud de Playa Serena cuando fue llevado el cuerpo de Lucia y firmó un certificado de defunción en blanco, un procedimiento totalmente irregular. También solicitaron investigar un ADN encontrado en una colilla de cigarrillo secuestrada en la casa de Farías, que podría revelar la presencia de otra persona aún desconocida en la escena del crimen.
Interpelando la cultura de la violación
Las abogadas Florencia Piermarini y Verónica Heredia fueron contundentes al remarcar que Lucía era triplemente vulnerable: por su edad, por ser mujer y por estar con un varón que se dedicaba a la venta de droga.
De manera frontal preguntaron a los jueces: “¿Qué estamos discutiendo acá? Acá estamos discutiendo si Lucía se lo merecía” en un claro cuestionamiento a la cultura de la violación, que en sociedades patriarcales como la nuestra normalizan, minimizan, fomentan e incluso avalan la violencia sexual con actitudes misóginas y que se reproducen a través de comentarios, chistes, canciones, novelas, publicidades, en los medios de comunicación y en tantos fallos patriarcales. Una mirada retrógrada omnipresente, que responsabiliza a la propia víctima “por no cuidarse”, “por asumir conductas de riesgo”, “por provocar con su ropa o actitud” en lugar de poner el foco en femicidas y violadores.
Desde Juntas y a la Izquierda sostenemos la importancia de seguir acompañando a la familia en esta enorme pelea que están dando contra la impunidad y por encontrar la verdad para hacer justicia por Lucía. Porque es en estos procesos de lucha que comprendemos que Lucía somos todas, y que lo personal es político.
¡Nunca más fallos con fundamentos misóginos y revictimizantes!
¡Nunca más impunidad para femicidas y violadores!
¡El Estado es responsable!
¡Lucia Pérez, presente!
Sonia Magasinik. Trabajadora Social
Dirigente de Juntas y a la Izquierda – MST FIT-U Mar del Plata