Este miércoles 4 de enero se realizó vía internet una Audiencia Pública en la que participaron las empresas distribuidoras y transportistas de gas. Argumentando “pérdidas millonarias” y tarifas retrasadas, los empresarios le reclamaron al gobierno aumentos siderales. Si bien el gobierno no fijó aún cuanto será el porcentaje de aumento, que se sumará a la quita de subsidios ya realizada, se evalúa entre el 40% y hasta el 70% el impacto en la boleta del aumento exigido por las distribuidoras. Estas, en sus reclamos empresarios, no incluyen los subsidios con que los apoya el gobierno. Basta de aumentos tarifarios para los alicaídos bolsillos de los trabajadores. Es necesario abrir los libros de las empresas para controlar sus ganancias y diseñar un nuevo modelo que nacionalice las empresas y las ponga a trabajar con control de sus trabajadores y usuarios.
Los pedidos de las compañías distribuidoras y transportistas de gas representan números muy superiores a cualquier aumento de sueldo o jubilaciones de estos tiempos. En sus reclamos para compensar supuestos quebrantos económicos, la mayor distribuidora Metrogas –cuyo paquete accionario más importante lo controla YPF- solicitó 190% de aumento, una cifra que al ser trasladada a la tarifa final representaría un 49% de aumento. Naturgy Ban reclamó 189% de aumento desde febrero. Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur, pidieron 196% y 283% de incremento, registrando esta última el récord entre los pedidos. Ecogas –distribuidora de Gas Cuyana y de Gas del Centro- reclamó 200%. Gasnea pidió 163%. Entre las transportistas los reclamos fueron de 148% de incremento de Trasportadora Gas del Norte y de 135% en el caso de Transportadora Gas del Sur, a partir de febrero.
Según Martin Bidegay1 el impacto final en las boletas, será de entre el 21% y el 54%. En el caso de los usuarios de mayores ingresos (un 30% incluyendo los comercios) el aumento será de $ 1.500 por mes, con lo que sus boletas en invierno pasarán de los $ 1,600 que pagaban en promedio, a $ 4.000 en promedio si se toman todos los aumentos. Según el editorialista de Clarín también están barajando un fuerte incremento en la tarifa para los sectores de ingresos medios: “la secretaría de Energía baraja distintos escenarios”, entre los que los que se encuentra que los usuarios de “ingresos medios (N3) paguen un incremento de entre el 48% y 54% en 2023”. Otras versiones indican que luego de un fuerte incremento se podría determinar una actualización mensual de acuerdo al índice inflacionario. El precio que figura en la boleta de gas está compuesto por el valor de su extracción, transporte, distribución domiciliaria e impuestos. En los últimos años el porcentaje de ganancias de las empresas productoras de este combustible habría subido en detrimento de las transportistas y distribuidoras, que igualmente a los incrementos obtenidos, deben sumarles los subsidios con que las compensa el Estado. Sus llantos de cocodrilo por la falta de actualización de tarifas con respecto a la inflación no tienen en cuenta los generosos subsidios estatales que han obtenido.
Ahora la política de reducción de subsidios para cumplir con las pautas de déficit fiscal que plantea el FMI, y que haya más plata para pagarles la fraudulenta deuda externa, lleva a autorizar incrementos tarifarios cada vez más fuertes. Así lo explica La Nacion de este 5 de enero2: “después de autorizar incrementos tarifarios muy por debajo de la inflación en los últimos tres años, ahora el Gobierno enfrenta la necesidad de reducir los subsidios energéticos para contener el gasto. Al mismo tiempo, debe subir los ingresos de las empresas para que estas no se financien con el Estado”.
El gobierno para cumplir las metas con el Fondo está pisando el acelerador en reducir al máximo los subsidios a las energéticas y para mantener sus ya grandes márgenes de ganancia, está recomponiendo en este enero la parte de la tarifa que cobran las distribuidoras de gas, como ya lo está haciendo con las distribuidoras y transportistas de energía eléctrica.
Te puede interesar: https://periodismodeizquierda.com/negocios-con-las-privatizadas-el-gobierno-le-perdona-a-edenor-y-edesur-deudas-por-140000-millones/
No podemos permitir otra mochila más sobre los ingresos de los trabajadores y sectores populares, que corren cada vez más por detrás de una inflación desbocada. No les creemos a los empresarios que acusan “pérdidas millonarias” para, en complicidad con el gobierno, justificar durísimos aumentos.
La verdad es que el gobierno necesita más ajuste para pagarle al Fondo y mantener las ganancias empresarias. Exigimos que no haya un aumento más, se abran los libros de contabilidad de las empresas y se diseñe otro modelo energético que aproveche nuestros enormes recursos para que haya una energía barata y abundante para todos. Para ello hay que nacionalizar y poner bajo control de sus trabajadores y usuarios todas las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras de gas, como parte de una solución similar para todas las empresas del área energética. Lo que sin dudas facilitará el camino de una transición hacia las energías limpias que nuestro medio ambiente y planeta contaminado exige sin demoras.
- Art. “Las distribuidoras de gas piden un aumento de $ 1.500 desde febrero”, publicado en la Ed. Impresa del 05/01/2023.
- Art. “Por el retraso tarifario, las empresas de gas piden aumentos de hasta el 283%”, publicado en la Ed. Impresa del 05/01/2023