La privatización de AySA quedó envuelta en nuevas sospechas por la participación de PHX, un fondo de inversión cuya estructura societaria se extiende por Londres, Países Bajos y Curazao, pero que no permite identificar públicamente a sus beneficiarios finales. El vinculo fue constituido apenas semanas antes de la licitación y terminó controlando el 55% del paquete accionario del consorcio ganador. Mientras el Gobierno avanza con la entrega de un servicio esencial, crecen los interrogantes sobre quiénes se quedan con el negocio y qué controles existen sobre sus verdaderos propietarios.
Una estructura offshore creada para no mostrar a sus dueños
El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), impulsado por el gobierno de Javier Milei, suma un nuevo capítulo de opacidad. El consorcio que ganó la licitación para quedarse con el 90% de la empresa tiene entre sus integrantes a PHX, un fondo de inversión internacional cuya composición accionaria y beneficiarios finales no pueden identificarse a través de los registros públicos consultados.
PHX controla el 55% de las acciones del consorcio adjudicatario. Su estructura societaria fue creada apenas un mes antes de participar en la licitación y se apoya en sociedades radicadas en Reino Unido, Países Bajos y Curazao. Una arquitectura financiera que permite mantener bajo reserva la identidad de quienes están detrás del capital.
El consorcio ganador está integrado también por Rowing S.A., vinculada al Grupo Román; la brasileña Arcos Saneamento e Participações y Transclor, empresa de Mauricio Filiberti, conocido como el “rey del cloro” por su actividad como proveedor de AySA. Pero mientras estos nombres tienen una trayectoria empresarial identificable, el principal componente accionario del grupo permanece envuelto en el anonimato.
La situación genera una pregunta elemental: ¿quiénes serán los verdaderos dueños de la empresa que presta el servicio de agua potable y saneamiento a millones de personas del Área Metropolitana de Buenos Aires?
La investigación periodística reconstruyó parte del recorrido societario de PHX. PHX Acqua Limited fue constituida en Londres el 18 de agosto, apenas unas semanas antes de participar en la licitación. La firma forma parte de Phoenix Global Investment Fund B.V., con residencia en Curazao.
En los registros británicos, la sociedad aparece con domicilio en 5 Lloyds Avenue, Londres, una dirección que también figura asociada a estructuras fiduciarias conocidas como STAK. Se trata de instrumentos legales utilizados en Países Bajos que permiten separar la titularidad formal de los activos de sus beneficiarios económicos y mantener reservada la identidad de los verdaderos propietarios.
El director registrado de PHX Acqua Limited es Willem Anton Smit, consultor financiero que aparece vinculado a otras 27 sociedades. También se identificó la intervención de Amicorp, una firma especializada en servicios corporativos y estructuras fiduciarias internacionales.
Cuando se trata de la adjudicación de una empresa pública que administra un servicio esencial, la falta de información sobre los beneficiarios finales representa un problema de transparencia y control democrático.
Las firmas vinculadas a PHX fueron creadas pocos días antes de la subasta, con capitales mínimos y sin empleados. Existen indicios que apuntan al empresario José Luis Manzano como posible beneficiario detrás de la estructura, aunque esa vinculación no aparece acreditada en los registros societarios públicos.
Los empresarios visibles y los nombres que aparecen detrás
La composición del consorcio también merece atención por los intereses empresarios que reúne. Rowing S.A. pertenece al entorno del Grupo Román, mientras que Transclor es propiedad de Mauricio Filiberti, un empresario que lleva años como proveedor de cloro de AySA.
La participación de Filiberti resulta particularmente relevante: la empresa que ahora integrará el grupo privado que controlará AySA ya tiene una relación comercial histórica con la compañía estatal. Es decir, un proveedor del servicio pasa a formar parte del consorcio que se quedará con el control de la empresa.
A su vez, existen posibles vínculos entre PHX y José Luis Manzano, empresario con intereses en energía, medios de comunicación y otros sectores estratégicos. Se pueden señalar coincidencias entre las estructuras societarias y la intervención de un mismo agente corporativo. Son elementos que justifican preguntas y una investigación más profunda, pero no permiten presentar como probado quién es el dueño final del fondo.
La privatización, así, no solo implica el traspaso de una empresa estatal a manos privadas: también abre interrogantes sobre la concentración económica, los vínculos entre proveedores y operadores, y la posibilidad de que capitales cuya identidad no se conoce terminen controlando un servicio indispensable.
Una empresa pública entregada sin información suficiente
El Gobierno pretende presentar la operación como una forma de atraer inversiones y mejorar la prestación del servicio. El consorcio ganador deberá garantizar inversiones por unos 2.000 millones de dólares durante los próximos cinco años, según las condiciones difundidas para la adjudicación.
Pero el problema es que la promesa de inversión no reemplaza la necesidad de conocer quiénes controlarán la empresa, cuáles son sus antecedentes, de dónde provienen los fondos y qué mecanismos de fiscalización existirán una vez concretada la transferencia.
Los cuestionamientos no se limitan a la composición del consorcio. La información pública disponible no permite conocer con claridad cuánto vale realmente AySA, cuáles son sus pasivos ambientales y qué compromisos de inversión deberán cumplir los nuevos operadores. También se reclamó una auditoría integral del proceso de privatización.
A esto se suma una observación de la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros de un programa financiado con un préstamo del Banco Mundial. El organismo detectó inversiones no registradas por más de $42.935 millones durante 2025, lo que habría provocado una subvaluación del 66,57% en ese rubro. El informe también señaló que existían fondos anticipados por la Tesorería General de la Nación cuyo reintegro seguía pendiente. Son irregularidades contables que deben investigarse, pero que no justifican entregar la empresa sin una evaluación pública y transparente de su situación patrimonial.
El agua no puede quedar subordinada al negocio privado
La privatización de AySA forma parte de la política de desguace del Estado que impulsa Milei. Bajo el argumento de la eficiencia y la necesidad de reducir el gasto público, el Gobierno avanza sobre empresas estratégicas y servicios que afectan directamente la vida cotidiana de millones de personas.
El agua potable y el saneamiento no son una mercancía más. Son derechos básicos y condiciones indispensables para la salud pública. La lógica de una empresa privada, orientada a garantizar rentabilidad, no necesariamente coincide con las necesidades de los barrios populares, las zonas con infraestructura deficiente o las familias que no pueden afrontar nuevos aumentos tarifarios.
La experiencia de las privatizaciones de servicios públicos en Argentina obliga a mirar con especial atención las promesas de inversión y eficiencia. Sin controles públicos, participación de los usuarios y garantías de acceso universal, el riesgo es que las prioridades empresariales terminen imponiéndose sobre las necesidades sociales.
El Gobierno debe informar quiénes son los beneficiarios finales de PHX, qué capitales están detrás del fondo, cuáles son sus antecedente s y qué compromisos concretos asumirá el consorcio. También debe garantizar que la operación pueda ser auditada y discutida públicamente.
No alcanza con cambiar el nombre del dueño de AySA ni con anunciar inversiones millonarias. Si el agua de millones de personas queda en manos de un entramado societario que no permite conocer quién lo controla, la transparencia y el interés público quedan relegados frente al negocio privado.
