El juez comercial que tramita el concurso de acreedores de Vicentin S.A.I.C., Fabián Lorenzini, recibió un extenso informe de maniobras de vaciamiento, fuga de divisas y operaciones bancarias que fueron ocultadas. Para los peritos el default se venía gestando desde el 2018.
Luego de ocho meses de investigación minuciosa, los peritos forenses hicieron entrega de un informe de 256 páginas en donde dejan constancia de los manejos fraudulentos por parte de los directivos de Vicentin S.A.I.C. con anterioridad a la cesación de pagos que anuncio en el año 2019. El trabajo de investigación estuvo a cargo los estudios de auditoría Arnaud Iribarne y Asociados, Abelovich, Polano y Asociados S.R.L., y Deloitte & Co. S.A. y se realizó a pedido del propio juez Lorenzini.
El informe advierte que entre noviembre de 2016 y diciembre de 2019 se emitieron órdenes de pago a empresas relacionadas por 1.169 millones de dólares. Dichas operaciones se realizaban a través de un complejo armazón societario en donde se repiten los mismos de Vicentin S.A.I.C. en el holding (sociedad gestora), Vicentin Family Group, VFG Inversiones y Actividades Especiales S.A., e Industria Agroalimentaria Latam S.A.; los tres con domicilio en Uruguay. A dicha trama de sociedades se le deben agregar otras con las cuales el directorio de Vicentin y sus dueños tenía relación directa y tienen domicilio en el país mientras que otros figuran en Paraguay, Brasil, Europa.
Los numerosos detalles dejan en evidencia que Vicentin «tercerizó» en el año 2013 la propiedad de sus principales empresas con un único fin: que ningún acreedor tenga acceso a ellas y de ese modo realizar numerosas maniobras de fraude. Al respecto el informe dice: “Se advierte un manejo centralizado de los fondos de todo el ecosistema desde la tesorería de la concursada” (Vicentin).
Y además agrega una cuestión clave: “La revisión de la evidencia electrónica muestra la preocupación, al más alto nivel de la concursada e incluso desde tiempos muy anteriores al período bajo análisis, por disimular la situación de iliquidez, lo que hubiera significado un incumplimiento de los ratios financieros con el consecuente evento de default de acuerdo a los contratos de financiamiento”. De esta forma, se evidencia que el default financiero de Vicentin S.A.I.C. declarado a finales del 2019 no se debía a cuestiones relacionadas a la sequía, la devolución o el cambio de gobierno. Por contrario, fue una acción conscientemente planificada por los dueños y el grupo directivo para obtener los mayores beneficios de los préstamos bancarios que venían realizando, entre ellas de los 800 millones de dólares y 2 millones de pesos que el Banco Nación, bajo la conducción Javier González Fraga, le otorgó entre agosto y diciembre del 2019.
Nacionalizar es hacer justicia
Ahora resta saber: ¿qué podrá llegar a definir el juez Lorenzini?¿Qué acciones piensa tomar el gobierno nacional ahora que la estafa al Banco Nación queda al descubierto? Y además se abre otro enigma que amerita una respuesta, ¿algún magistrado le pedirá explicaciones al juez Lorenzini por permitir la venta del frigorífico Friar realizada a través de Vicentin Family Group y de Nacadie S.A., dos sociedades conformadas en Uruguay por los mismos accionistas de Vicentin S.A.I.C. al grupo financiero BAF Capital en septiembre del 2020?
Además se pone en cuestión una situación que amerita que el Estado argentino intervenga de manera urgente en pos de evitar el papelón internacional: ya no caben dudas que la venta de las acciones de control de Renova S.A., que el grupo Vicentin tenía en su poder y vendió de manera irregular a una firma vinculada a la multinacional Glencore, han perjudicado a miles de argentinos.
Desde que la familia Vicentin y grupo directivo de Vicentin S.A se declararon en default nuestra propuesta ha sido clara: nacionalizar todo el grupo sin pago para preservar cada puesto de trabajo, investigar las responsabilidades de cada uno de los involucrados en las maniobras de estafa y, en caso de comprobarse, que paguen con sus bienes personales. El control estatal de todo el grupo bajo gestión de sus trabajadores y con asesoramiento técnico específico sería clave para contrarrestar los altos índices de pobreza que atraviesa el país e incluso para iniciar la transición a la soberanía alimentaria con agroecología y pleno empleo.
Hoy no hay dudas de que esa es la única salida para hacer justicia a favor de los intereses nacionales. Los Vicentin estafaron al pueblo argentino y dicho informe es lo suficientemente sólido para realizar la expropiación y nacionalización de manera inmediata.