El agente del MOSSAD implicado en la fuga de Bolsonaro

Por: Ramiro Giganti, miembro de la delegación argentina de la Flotilla Global Summud

La fuga de Flavio Bolsonaro a Estados Unidos vía Argentina contó con la participación de funcionarios argentinos, estadounidenses e israelíes. Entre ellos, Menachem Booky Halevy, un agente —o presunto exagente— del MOSSAD. Así lo señala un informe publicado por el programa dominical Fantástico, de la cadena brasileña Globo.

Pero no es la primera vez que un agente israelí aparece vinculado a una operación de fuga entre Brasil y Argentina. 

“Dime con quién andas…”  

Menachem «Booky» Halevy es un presunto exagente del Mossad, la agencia de inteligencia exterior del Estado de Israel. La condición de «exagente» resulta cuestionable: podría utilizarse para deslindar responsabilidades, dado que toda la información sobre su actividad anterior permanece clasificada.

De su vida privada se sabe poco. Tiene doble ciudadanía israelí y estadounidense, y habría utilizado su pasaporte estadounidense para facilitar sus desplazamientos internacionales. Su vida doméstica permanece igualmente reservada, aunque existen registros de su presencia en eventos públicos que lo vinculan con la élite de los contratistas de defensa y los altos estamentos políticos de Israel; como el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Captura de pantalla del programa brasileño Fantástico

De acuerdo con la investigación de Fantástico, Halevy ingresó a Brasil el 19 de octubre de 2026 a través del Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en Sao Paulo, pocos días antes de la segunda vuelta electoral. Se trataba de su cuarto viaje a territorio sudamericano en lo que iba del año. Sus desplazamientos anteriores habían sido registrados el 16 de febrero, en el vuelo AZO674, procedente de Roma; el 23 de febrero, cuando llegó en el vuelo TPO057, de Lisboa; y el 16 de abril, en el vuelo AAO995 desde Miami.

El chofer, Neri Luiz Dala Corte, declaró haber sido contratado para trasladar a dos hombres hasta el aeropuerto de Puerto Iguazú el martes 27 de octubre. Se presume que los pasajeros eran Halevy y del abogado Roberto Jorge Alexandre, quien formó parte de la defensa del expresidente Jair Bolsonaro. Según la reconstrucción del operativo, la camioneta habría cruzado la frontera entre Brasil y Argentina minutos antes que el senador Flavio Bolsonaro y su familia. Los dos vehículos, movilizados en formato de convoy, pertenecían a la misma empresa de transporte

El escape por vía terrestre no se produjo a través de un paso clandestino, sino por el Centro de Frontera que conecta Foz do Iguaçu (Brasil) con Puerto Iguazú (Argentina). Una elección presuntamente basada en el intenso flujo diario de personas, que facilitaba el modo incógnito durante los controles de rutina.

En el Aeropuerto de Puerto Iguazú, la familia Bolsonaro abordó un vuelo privado de la firma Baires Fly, cuyo costo habría rondado los 150.000 dólares. Santiago Caputo también fue visto en el lugar.

La operación de desinformación y las conexiones en Yacyretá

Las acciones que garantizaron la fuga de Bolsonaro tienen precedentes en  prácticas del sionismo. 

Una de las estrategias utilizadas habría sido la difusión de «pistas falsas». El equipo de inteligencia montó una operación de desinformación a escala internacional para «comprar tiempo». Mientras el senador cruzaba hacia Argentina, se filtraron a medios internacionales, incluido The New York Times, informaciones falsas que situaban a Flavio Bolsonaro en un vuelo directo desde Brasil hacia Estados Unidos. Incluso, algunos canales de noticias llegaron a mostrar una fotografía de Bolsonaro sentado como pasajero en un avión.

Por otra parte, se estima que el operativo terrestre contó con la colaboración de agentes locales y custodios vinculados a la represa binacional de Yacyretá, quienes habrían facilitado el cruce fronterizo para evitar la activación de alertas.

Entre los nombres vinculados al ente figuran Jorge Omar Waisman y Orlando Ignacio Palacio, empleados de Yacyretá que dependen de Diego Adúriz, director ejecutivo del organismo y primo de Luis «Toto» Caputo. Waisman, específicamente, fue policía  y guardacostas en Miami, estado de Florida.

Los elementos apuntan a una posible articulación entre actores vinculados a Argentina, Estados Unidos e Israel, en un contexto de afinidad política entre los gobiernos de los tres países.

El criminal de guerra Yuval Vagdani

Entre diciembre de 2024 y enero de 2025, Yuval Vagdani se encontraba de vacaciones en Morro de São Paulo, en el estado de Bahía, al nordeste de Brasil.

Vagdani forma parte de los cientos de soldados israelíes que se jactaban de sus actividades criminales en Gaza a través de las redes sociales. Las fotografías y los videos publicados serían utilizados por la Fundación Hind Rajab (HRF) como material probatorio para sus denuncias.

Yuval Vagdani

A Vagdani se lo acusaba de participar en la demolición de viviendas civiles en Gaza. Su caso se inscribía en un contexto de creciente presión internacional por los crímenes cometidos en el territorio palestino. En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. A esto se sumaban las conclusiones de organismos internacionales que calificaron como genocidio las acciones de Israel en Gaza.

El 28 de diciembre, el abogado Rodolfo Yanzón, consultor en Argentina de la Fundación Hind Rajab, presentó la primera denuncia en territorio argentino contra un soldado israelí: Saar Hirshoren, un militar que había pasado por la Patagonia argentina.

Mientras tanto, en Brasil, la jueza federal Raquel Soares Chiarelli abría una investigación sobre el caso de Vagdani en aplicación del principio de jurisdicción universal, que faculta a los Estados a investigar y juzgar crímenes internacionales graves, independientemente de la nacionalidad de los implicados o del lugar donde se hayan cometido.

Tras ser alertado sobre las actuaciones judiciales y la posibilidad de que se emitiera una orden de detención, Vagdani huyó de Brasil a principios de enero de 2025. Con asistencia diplomática de la embajada israelí, tomó un vuelo desde Salvador de Bahía hacia Buenos Aires y, desde allí, regresó a Tel Aviv.

Tras conocerse el ingreso de Vagdani a Argentina, Yanzón amplió la denuncia. La presentación recayó inicialmente en el Juzgado N.º 3, a cargo del juez Rafecas, quien no la tomó por encontrarse el tribunal «en feria». Posteriormente, pasó al Juzgado N.º 4, a cargo de Lijo, quien en ese entonces aspiraba a convertirse en ministro de la Corte Suprema.

El asesinato de Hind Rajab y los vínculos con Argentina

A raíz de las denuncias, el Ejército israelí prohibió expresamente a los soldados de determinados rangos mostrar sus rostros o ser identificados en artículos periodísticos. Asimismo, emitió advertencias restrictivas sobre el tipo de contenido y material audiovisual que sus tropas podían publicar en redes sociales, con el objetivo de evitar que ese material fuera utilizado como evidencia en procedimientos judiciales.

Meses después, se conoció la participación de un soldado israelí con ciudadanía argentina en el asesinato de Hind Rajab, una niña palestina de cinco años. Itaí Cukierkopf, de doble ciudadanía israelí-argentina, habría formado parte del batallón 52 de la brigada 401, cuyos integrantes dispararon más de 300 veces contra el automóvil en el que se encontraban Hind y parte de su familia. Mientras esto sucedía, Maia Cukierkopf, su hermana, se encontraba en Argentina.

Itaí Cukierkopf

En una entrevista con el portal Vis á Vis, dirigido por Guillermo Yanco —pareja de Patricia Bullrich— y Claudio Avruj —actual presidente del INAI y ex secretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Mauricio Macri—, Maia declara: «Mi hermano está en las FDI, en el escuadrón de tanques. No hablé con él, está luchando».

La nota, que buscaba humanizar al ejército de ocupación y presentar al sionismo como víctima del 7 de octubre, fue eliminada por Vis á Vis apenas se conoció la presunta vinculación de Itaí con el asesinato de la menor. Ningún fiscal actuó de oficio para pedir explicaciones sobre el posible encubrimiento de un crimen.

Por todo esto, resultará muy difícil obtener precisiones sobre quién es Menachem Booky Halevy. Poco puede esperarse del actual gobierno argentino, del Poder Judicial ni de los medios hegemónicos, que nada han hecho frente al secuestro y la tortura de ciudadanos argentinos en aguas internacionales por parte del ente sionista.

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