El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto 759/2025, con el que Javier Milei había suspendido en los hechos la Ley de Financiamiento Universitario, y ordenó al Gobierno cumplirla de inmediato. El fallo sostiene que el Ejecutivo utilizó un mecanismo que funcionó como un “veto” no previsto por la Constitución. Mientras la Casa Rosada prepara una apelación, las universidades continúan reclamando por salarios, becas y presupuesto.
La Justicia Federal volvió a cruzarse con el Gobierno de Javier Milei por el financiamiento de las universidades públicas. El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, declaró inconstitucional el decreto 759/2025 y ordenó al Poder Ejecutivo implementar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario 27.795.
El fallo llega después de meses de reclamos, paros y movilizaciones de la comunidad universitaria. La disputa comenzó cuando el Congreso aprobó la ley en agosto de 2025 y Milei decidió vetarla. Sin embargo, tanto Diputados como el Senado insistieron con la sanción y reunieron los dos tercios de los votos exigidos por la Constitución para dejar sin efecto el veto presidencial.
Pero el Gobierno encontró otra vía para evitar su aplicación: el 20 de octubre de 2025 promulgó la norma mediante el decreto 759, pero al mismo tiempo suspendió su ejecución argumentando que no estaban especificadas las partidas presupuestarias necesarias. Para las universidades, se trató de una forma de desconocer la decisión del Congreso.
Un veto por otra vía
Este es uno de los puntos centrales del fallo. Para Cormick, el decreto presidencial terminó funcionando como una suerte de “instancia de veto no prevista en la Constitución”: después de que el Congreso había insistido con la ley por una mayoría de dos tercios, el Ejecutivo no podía volver a suspenderla mediante un decreto.
El magistrado también rechazó el argumento oficial de que la ley carecía de mecanismos de financiamiento. Según explicó, la propia Ley 27.795 contiene pautas para determinar cómo afrontar los gastos y contempla la posibilidad de reasignar partidas. Por eso consideró que utilizar una legislación anterior para suspender la aplicación de una norma posterior aprobada por el Congreso no superaba un estándar mínimo de razonabilidad.
El fallo tiene además un antecedente importante: en diciembre de 2025, el mismo juez ya había dictado una medida cautelar para que el Gobierno cumpliera con los artículos de la ley referidos a la actualización salarial de docentes y no docentes y al financiamiento de las becas. Esa decisión fue confirmada por la Cámara y posteriormente por la Corte Suprema.
Salarios por el piso y universidades en crisis
La disputa judicial tiene una dimensión concreta para quienes sostienen todos los días la universidad pública: trabajadores y estudiantes. La ley establece mecanismos para actualizar los salarios docentes y no docentes y recuperar programas de becas. Sin embargo, el conflicto se mantiene porque el Gobierno no ha aplicado integralmente las disposiciones. Las organizaciones universitarias vienen denunciando una fuerte pérdida del poder adquisitivo y reclamando la recomposición salarial pendiente.
El Gobierno, por su parte, sostiene que realizó actualizaciones salariales y transferencias a las universidades. Pero las autoridades universitarias y los gremios cuestionan que esos incrementos resultan insuficientes frente al deterioro acumulado y que las transferencias parciales no implican el cumplimiento de la ley.
Por eso, el problema excede la discusión técnica sobre partidas presupuestarias. Cuando los salarios pierden poder adquisitivo y las becas y recursos de funcionamiento no alcanzan, también se deterioran las condiciones concretas para enseñar, investigar y estudiar.
El Gobierno vuelve a apostar a la demora
Lejos de aceptar el fallo, la Casa Rosada ya dejó trascender que apelará la decisión. La estrategia oficial vuelve a apoyarse en la vía judicial para intentar postergar la ejecución de las obligaciones establecidas por la ley.
Mientras tanto, la Justicia ya había intimado al Gobierno en distintas oportunidades para que cumpliera con las medidas cautelares. Incluso advirtió que podría imponer sanciones económicas a los funcionarios responsables por cada día de incumplimiento. El 8 de octubre vence el plazo dictado por Cormick para que el gobierno pague.
La situación vuelve a colocar a las universidades en el centro de la agenda política. La comunidad universitaria prepara una nueva jornada de movilización para el 15 de octubre, mientras continúan los reclamos gremiales por salarios y presupuesto. Además, esta jornada coincide tambien en el reclamo contra el DNU 70/23, por lo cual es necesario llenar las calles por la universidad y la caída del DNU.
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La defensa de la universidad también está en las calles
El fallo representa una victoria judicial para las universidades, pero no resuelve por sí solo la crisis de financiamiento. La experiencia de estos casi tres años muestra que cada avance obtenido en los tribunales fue acompañado por la presión de docentes, no docentes, estudiantes y sectores de la sociedad que salieron a defender la educación pública.
El Gobierno puede apelar una sentencia, pero difícilmente pueda desconocer indefinidamente una demanda que ya se expresó en paros y movilizaciones masivas.
La pelea por la universidad pública continúa. Ahora, además de la calle, el Gobierno tiene una obligación establecida por la Justicia: cumplir una ley que el Congreso aprobó y que el Ejecutivo intentó dejar en suspenso.
